Tributario, Aduanero y Financiero.

El autor comenta el caso “Chevron” fallado por la CSJN, dónde se discutió el plazo de prescripción aplicable a un pedido de devolución de saldo a favor en el IVA, cuya exigibilidad era previa a la entrada en vigencia de la Ley 25.795, que estableció un plazo de 5 años a tal fin, reduciendo así a la mitad el plazo que alcanzaba los 10 años según la jurisprudencia mayoritaria.

El autor comenta el reciente dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa “Bayer S.A. c. Provincia de Santa Fe”, en el marco del cual considera que debe reputarse que la legislación local es violatoria de la cláusula comercial en cuanto exime del impuesto sobre los ingresos brutos a quienes realizan actividad industrial, pero sólo en la medida en que la ejecuten dentro del territorio local.

El autor comenta el reciente precedente cautelar de la CSJN en el caso Minera Tritrón, el cual implica plantea importantes y novedosos interrogantes en cuanto a la doctrina del Máximo Tribunal en lo que respecta a la Ley de Inversiones mineras, y al concepto de caso o causa, en el que la CSJN sigue innovando.

El autor comenta el reciente dictamen de la Procuración General de la Nación en el marco de la causa “Grupo Posadas” en donde considera que la AFIP-DGI carece de competencia para emitir un acto denegando un pedido de reorganización realizado en los términos del artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

El autor se refiere a la sentencia del caso “Sniafa”(CNACF, 24-4-2015), en la cual se consideró que la renta proveniente de la importación de un producto ubicado en zona franca debía reputarse de fuente argentina a los efectos del impuesto a las ganancias.

El autor comenta la reciente sentencia de la cual puede extraerse, en lo procesal, un nuevo elemento en el sentido de que la CSJN considera que la Ley de Coparticipación no es una norma federal tampoco a los efectos del recurso extraordinario federal

El autor comenta lo recientemente resuelto por la CSJN en el precedente “Empresa Pesquera de la Patagonia” en cuanto ha reafirmado la necesidad de que la base imponible de las tasas retributivas de servicios esté relacionada y limitada por el costo del mismo a cuyo financiamiento tiende el tributo.

El autor comenta lo resuelto por la CSJN en el precedente “Empresa Pesquera”, dónde se resolvió “declarar la invalidez constitucional” de una determinada norma fiscal local que consistió, lisa y llanamente, en dicha declaración en abstracto.

El autor compara lo resuelto por la CSJN en el caso Prosper S.A. en el mismo acuerdo en el que sentó una nueva línea de jurisprudencia aplicable a los casos de facturas apócrifas, en los precedentes “Ferreti” y “ADM”, para ensayar una crítica respecto del estándar probatorio que la CSJN está exigiendo a los contribuyentes para que puedan repeler el ajuste fiscal.

El autor comenta críticamente la Resolución Normativa 16/2015 de ARBA, por la cual se designa a diversos sujetos (por ejemplo, bancos) como agentes de cobro, obligados a detraer de los bienes de los contribuyentes las sumas que ARBA le comunique unilateralmente que adeudan a su favor.