Tributario, Aduanero y Financiero.

La autora sostiene que la Aduana mediante el dictado de diferentes instrucciones, viene avanzando y atribuyéndose facultades con relación al control cambiario. Sobre todo, en cuanto a las conductas vinculadas con el ingreso y la liquidación de divisas.

El autor analiza como se pone de relieve el componente territorial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y su ineficacia para imponerse sobre servicios que ocurren bajo el espacio de internet, caracterizadas justamente por su falta de ubicación geográfica determinada.

El autor sostiene que analizar este modelo de negocio a la luz del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que perciben las provincias de nuestra país,  convoca a reflexionar sobre el componente espacial de este gravamen que, en su expresión más específica se denomina sustento territorial, y cuya observancia es presupuesto necesario de imposición.

El autor concluye que si el procedimiento para las infracciones es un procedimiento que se acerca al penal (con sus “bemoles”: ausencia de querella o fiscal, por citar los ejemplos más evidentes) se debe ser celoso en extremo con los principios de preclusión y progresividad.

El autor indaga en torno a que el procedimiento reglado en el Código Aduanero para la tramitación de causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación no contiene profundas presiones en materia probatoria dado que particularmente, nada dice sobre la necesidad u obligatoriedad de notificar a las partes el resultado de las medidas ofrecidas y consumadas.

La autora concluye analiza el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral y concluye que sorprende que la finalidad de su creación haya sido proteger al “contribuyente cumplidor”, toda vez que su arbitraria inaplicabilidad junto con un marco regulatorio de difícil cumplimiento, generan el efecto contrario: dan lugar a procedimientos determinativos en los que se desatienden garantías de forzosa existencia como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

La autora concluye que no caben dudas que, en lo atinente a la disuasión de conductas, el derecho tributario ejerce un rol preponderante y en este orden, la incipiente crisis ecológica justifica su intervención -siempre en un marco de razonabilidad- en materia ambiental, mereciendo la atención de la totalidad de la población así como de los poderes del Estado.

La autora sostiene que la cuestión ambiental empezó a tomar relevancia en el ámbito fiscal, siendo cada vez más común encontrarnos con tributos que consideran el deterioro ambiental como causa de la ulterior imposición.

El autor concluye en la necesidad deuna propuesta de codificación tributaria como elemento de uniformidad y armonización de los distintos planos de gobierno, siempre en el marco de nuestro Sistema Federal, y respetando obviamente las disposiciones contenidas en la Carta Magna

El autor hace un análisis de la presión tributaria en los últimos años, y concluye que, si bien no aumentó, la abrumadora cantidad de normas tributarias genera falta de certeza y seguridad en los contribuyentes. Para dar solución, su propuesta es un código municipal armonizado.