En la segunda parte de su artículo, el autor propone analizar el desarrollo jurisprudencial en torno a la gran diferencia existente entre los intereses del que el Estado es acreedor ante un incumplimiento de una obligación tributaria, y en contraposición, la tasa de interés aplicable en su rol de sujeto deudor de una obligación generada por un pago sin causa.

El autor desarrolla el instituto de la extinción de la acción penal por cancelación de las obligaciones tributarias adeudadas en el nuevo régimen penal tributario. Al respecto, analiza pormenorizadamente los requisitos para su procedencia y el procedimiento interno aplicable.

El autor analiza lo dispuesto por la normativa vigente con respecto a los porcentajes que corresponde abonar en concepto de intereses en la repetición de los tributos. En este sentido, compara el sistema impositivo con el aduanero, y observa las diferencias en las tasas para el estado acreedor y deudor, finalizando con una interesante reflexión al respecto.

El autor analiza un reciente dictamen de la Procuración General de la Nación en una causa en la cual se entrelazan cuestiones relativas a la facultad de las provincias para gravar ingresos provenientes de operaciones de exportación y la prohibición que la cláusula del comercio implica respecto de la posibilidad de discriminar actividades comerciales por su origen o destino, en un resultado que luce  consistente con la jurisprudencia del Máximo Tribunal.

Tras la sanción de la Ley N° 27.430 que introduce modificaciones en la Ley de Procedimiento Fiscal, el autor realiza un análisis crítico de la permanencia del carácter limitado del recurso de revisión y apelación contra las sentencias definitivas que condenen al pago de tributos e intereses. Al respecto, sostiene que esto último se encuentra en pugna con la garantía de doble instancia consagrada por nuestro bloque constitucional.

En la segunda parte de su análisis, el autor se centra en las diferencias existentes entre los distintos tipos de tributos. De la misma manera, observa los distintos principios constitucionales que establecen límites al sistema tributario municipal y finaliza con un estudio pormenorizado del régimen de coparticipación de recursos fiscales entre provincias y municipios.

El autor analiza la diferencia existente entre la situación salarial de los trabajadores del Tribunal Fiscal de la Nación, y la de aquellos que prestan similares servicios en el Poder Judicial. En este sentido, sostiene que la normativa salarial aplicable al Tribunal Fiscal encubre un tratamiento diferencial para con sus empleados, que carece de apoyo constitucional y debe remediarse en la faz legislativa de modo urgente.

El autor analiza, por un lado, el origen terminológico de la autonomía durante el Imperio Romano y particularmente con la “Lex Julia Municipalis”. Por el otro, desarrolla un análisis de la autonomía en nuestra república antes de la reforma constitucional de 1994 junto con el fallo de la Corte “Rivademar, Ángela Martínez Galván de v. Municipalidad de Rosario” y posterior a la reforma, donde la Constitución Argentina establece el principio de la autonomía municipal en los arts. 123 y 129. Para cerrar esa primera parte, explica los recursos económicos de la autonomía con una clasificación general y práctica vislumbrada por el Doctor Génova Galván, que divide los mismos en razón del origen privado o público.

El autor realiza un pormenorizado análisis de un reciente caso abordado por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo y Federal, donde el Tribunal en cuestión revocó lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas.

El autor analiza si resulta aplicable para el Tribunal Fiscal de la Nación lo normado por la Ley N° 27.439, que instaura un nuevo Régimen de Subrogancias para la integración transitoria de los “tribunales inferiores de la Nación”. Al respecto, sostiene que si bien no hay duda que en sus orígenes este Tribunal fue concebido como un tribunal administrativo, en la actualidad es un verdadero Tribunal de Justicia Nacional.