A la luz del hecho de público conocimiento ocurrido recientemente que introdujo en la opinión pública el debate sobre la legítima defensa, el autor analiza las principales características de esta eximente y destaca las opiniones de algunos doctrinarios sobre el tema.

A propósito del revuelo mediático generado por el episodio de robo sufrido por un médico días atrás, el autor analiza la situación desde la perspectiva de las personas afectadas. Concluye que el aplicar la teoría sin tener en cuenta lo que le está sucediendo a la persona que actúa en legítima defensa puede arribar a una solución injusta del caso.

El autor introduce la relación de las neurociencias y el derecho, a partir de demostrar la retroalimentación que puede darse entre ambas ciencias. Concluye que el avance neurocientífico ofrece herramientas para ver quiénes y cómo somos en realidad, contraponiéndose ello a la impronta netamente cultural que el derecho ostenta, obligándonos al replanteo de los conceptos jurídicos.

El autor introduce la relación de las neurociencias y el derecho, a partir de demostrar la retroalimentación que puede darse entre ambas ciencias. Concluye que el avance neurocientífico ofrece herramientas para ver quiénes y cómo somos en realidad, contraponiéndose ello a la impronta netamente cultural que el derecho ostenta, obligándonos al replanteo de los conceptos jurídicos.

A la luz de los principios constitucionales de acto y de lesividad, el autor toma como ejemplo el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización para explicar que la ultrafinalidad no se deduce de actos preparatorios sino de un comienzo de ejecución que dé cuenta de la finalidad de venta prevista en la norma.

El autor sostiene que la dificultad probatoria propia de los delitos de género no puede justificar el menoscabo de las garantías penales del imputado.

El autor sostiene que la dificultad probatoria propia de los delitos de género no puede justificar el menoscabo de las garantías penales del imputado.

En respuesta al gran incremento de leyes penales, los autores destacan la importancia del activismo judicial mediante el control de constitucionalidad de oficio.

En respuesta a la réplica de Pablo Larsen, el autor cita ejemplos que apoyan su postura sobre que la facultad policial de solicitar identificación a quien no es sospechoso de nada es válida si es realizada con fines de prevención y no de manera arbitraria.

El autor sostiene que la actual redacción del art. 128 del Código Penal – por la que se reprime la producción, el financiamiento, el ofrecimiento, la comercialización, la publicación, la facilitación, la divulgación o la distribución, por cualquier medio, de material pornográfico infantil – no es suficiente para satisfacer los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino con relación a la tutela de los niños, niñas y adolescentes. Y, por ello, propone una serie de modificaciones al tipo penal en pos de optimizar la protección de los menores de edad.