La autora realiza una crítica respecto a la retractación de la instancia en los delitos dependientes de instancia privada. Para ello, desarrolla dos cuestiones: el alcance de los derechos de las víctimas y la regulación legal de la querella; y el ejercicio de la acción penal –explicando los diferentes problemas que implican los regímenes de acción pública, dispositivo y semipúblico–. A partir de esto, concluye que no es conveniente adoptar fórmulas rígidas,  dado que se ve involucrado el derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta y el acceso a la justicia.

El autor analiza la interpretación del principio de la ley penal más benigna en el fallo “Muiña”, planteándose dos interrogantes: si la misma es una interpretación sensata y, en caso afirmativo, si hay que mantener la fidelidad al derecho en este punto en concreto. Concluye que la interpretación realizada es sensata, pero que no genera un deber de fidelidad, ya que las sentencias deben ver y analizar –utilitariamente– las consecuencias de sí mismas y los hechos para ser óptimas.

En esta segunda parte, los autores explican cómo la diferencia en la maduración entre los distintos sistemas del cerebro afectan la toma decisiones de los jóvenes y cómo esto se relaciona con la ley. Concluyen que reducir la edad mínima de responsabilidad penal va en contra de los argumentos jurídicos más notables y los resultados del estudio científico del cerebro.

En esta primera parte, los autores analizan la responsabilidad penal de los adolescentes desde una perspectiva neurocientífica. Luego de explicar que la adolescencia es una etapa evolutiva compleja e influida por múltiples factores, analizan cómo las personas en este periodo se podrían encontrar en vulnerabilidad y plantean que deberían analizarse las causas y no criminalizar los efectos en el ámbito penal.

El autor se interroga acerca de cuál debe ser el valor de la revocación posterior del consentimiento del presunto ofendido en la persecución penal de los delitos de acción pública dependientes de instancia privada y cómo esa pregunta debe interpelar a los defensores de discursos de tipo “victimocrático”.

En esta segunda parte, el autor analiza aspectos penales y procesales respecto de las garantías  y técnicas en la obtención de evidencia digital. Concluye que, en el caso hipotético planteado, no es posible ordenar el registro y secuestro de los datos relevantes contenidos en las computadoras, y es inadmisible utilizar herramientas tecnológicas para determinar en cuál de las mismas se encuentra la información relevante para la investigación.

En esta primera parte, el autor describe una situación hipotética en la que podría existir una prueba relevante para la investigación en los archivos informáticos de una institución bancaria, presentando diferentes interrogantes respecto del ámbito procesal penal. A partir de esto, explica la garantía según la cual el Estado, durante sus averiguaciones, no debe avasallar irrazonable o arbitrariamente la esfera de intimidad personal del imputado, que contiene a los nuevos ámbitos producidos por el progreso de la ciencia y la tecnología.

El autor analiza cómo la valoración de una prueba en la instancia judicial presenta una gran arbitrariedad y considera sus posibles causas. Concluye planteando hasta qué punto podríamos, a partir de esto, estar condenando a inocentes por error.

En esta segunda parte, el autor explica cómo ha quedado conformada la organización y gestión judicial de Santa Fe a partir de la reforma. Luego de una presentación de resultados, el autor concluye que se trata de uno de los hitos más importantes en su vida institucional y, también, plantea los desafíos pendientes.

Desde la entrada en vigencia de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe, en febrero del 2014, han aparecido numerosas modificaciones. En esta primera parte, el autor explica los distintos aspectos del nuevo régimen y realiza comparaciones con el sistema previo.