Derecho Público

La autora analiza las distintas clases de impacto ambiental que debe soportar el suelo, en sus distintas facetas, resaltando que se ha privilegiado un análisis que perciba los perjuicios meramente económicos. Concluye evidenciando la jurisprudencia de la CSJN sobre impacto acumulativo como buena pauta de interpretación para una protección integral del suelo.

El autor plantea una serie de cambios en materia de prescripción que más allá de su estricta interpretación, tienden a  evitar la irrazonable prolongación de los plazos, siendo que ello puede traducirse en la inaccesibilidad de los fines previstos por el régimen, centralmente el de “prevención”.

A raíz de diversas disposiciones normativas emanadas tanto del ámbito nacional como de la Ciudad Autónoma, el autor advierte cierta tendencia a la prevención y reducción del litigio en el ámbito administrativo. Concluye que dicha tesitura difiere de la presentada por el derecho administrativo clásico, procurando la efectivización de los derechos fundamentales de las personas.

El autor analiza la legitimación otorgada en “CEPIS”, a la luz de las legitimaciones de otros casos colectivos. Concluye que, sin la urgencia del caso, podría haberse apartado a CEPIS de la causa, puesto que el objeto de la asociación no está lo suficientemente definido para otorgarle legitimación activa en ese supuesto fáctico.

Los autores analizan el tipo penal que reprime el incumplimiento de los deberes de asistencia prevista en la Ley n° 13.944 utilizando una perspectiva de género.

La autora observa la relación entre la producción del mercado y la degradación del suelo, desde la perspectiva del consumo sustentable. Concluye esta primera parte referenciando el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Recuperación de la capacidad productiva de los suelos, del cual destaca el enfoque sistémico del suelo.

El autor efectúa un análisis acerca de la razonabilidad de régimen disciplinario en nuestro derecho aduanero, particularmente en torno al tiempo que transcurre desde la comisión de la falta y la apertura del sumario, por un lado, y al de duración del sumario, por el otro.

La autora analiza la proyección del denominado “estado de cosas inconstitucional”, mecanismo jurisprudencial introducido por el Tribunal Constitucional de Colombia a partir de la sentencia de unificación (SU) 559 de 1997.

El autor analiza el esquema federal resultante de la última reforma constitucional y lo contrasta con el funcionamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense. Concluye que dicha figura es la máxima expresión del federalismo débil de nuestro país, cuyo intento de fortalecimiento con la reforma constitucional fue infructuoso.

A la luz del fallo de la CSJN que permitió que la Procuración Penitenciaria de la Nación realizara inspecciones en los establecimientos a cargo de la SENNAF, los autores destacan el principio de especialidad que ampara a los niños, niñas y adolescentes que los reconoce como sujetos de derecho y, además, les ofrece mayores derechos y garantías en atención a su situación de vulnerabilidad.