Constitucional

El autor concluye que la ley 26.854, que regula las medidas cautelares dictadas en contra el Estado Nacional, ha revitalizado la figura del amparo en el ámbito del derecho público, como medio para lograr el restablecimiento del bloque de derechos constitucionales.

El autor concluye que la interposición del remedio federal tiene efecto suspensivo lo que impide que la sentencia pueda ser ejecutada hasta tanto el máximo tribunal de la causa no se pronuncie sobre su  concesión o rechazo.

El autor sostiene que entre las ventajas de la planificación económica, pueden mencionarse la racionalización del intervencionismo de los poderes públicos; desde la visión del sector privado  el plan otorga orientación y coordinación, aumenta la certidumbre y previsibilidad; la coordinación de las fuerzas dispersas y la función de control.

El autor sostiene que el contexto actual configura una excusa propicia para pensar sobre cómo deberíamos llevar adelante el proceso de selección de un ministro de la Corte Suprema en el interés genuino en construir y afianzar la institucionalidad en nuestro país y analiza particularmente la cuestión de qué lugar debe jugar la ideología de un juez en ese proceso de selección.

El autor se pregunta cuál es la diferencia entre los reglamentos autónomos y los decretos ejecutivos y concluye que los primeros deben utilizarse para la regulación de aquellas materias propias del ejercicio de función administrativa mientras que los decretos ejecutivos traducen el ejercicio de una atribución legislativa que el texto constitucional le atribuye al Poder Ejecutivo y que consiste en reglar los pormenores de la ley.

El autor concluye que la estrategia de atrincherar normas constitucionales parece ser un intento de plasmar en la práctica las críticas que el constitucionalismo político le formuló al procedimentalismo jurídico, ya que para evitar que se produzca el quiebre de un orden político y jurídico que se juzga  valioso, acaso porque expresa un compromiso con la democracia y los derechos humanos, se procura limitar los alcances de una posible reforma constitucional.

El autor concluye en que la democracia no debe agotarse en el ejercicio para definir una representación política imperfecta, sino que tiene que consistir en la presencia viva del pueblo y sus miembros, cuyo contenido, la mayor y más activa vigencia de los derechos fundamentales, se manifiesta así, sin intermediarios.

El autor sostiene que las “cuestiones políticas no justiciables” (es decir, asuntos que no deben ser invalidados por los jueces), ponen en juego la fibra moral de los magistrados, si aceptan la doctrina y se resuelven a aplicarla -o no- en un caso concreto, teniendo que enfrentarse a veces a la “opinión pública” y a los gobernantes políticos de turno, o a ambos a la vez.

La autora señala preguntas que hubieran sido oportunas en la audiencia pública en el Senado en la que los representantes de las provincias argentinas y de la CABA tuvieron la oportunidad de preguntarle al candidato a integrar la CSJN.

El autor sostiene que en el caso “Faifman” de la CSJN se confluye en un ámbito argumental común respecto de los efectos de las soluciones amistosas producidas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las cuales el Estado argentino reconoce su responsabilidad: dicho instrumento genera derechos para las víctimas y la  obligación de reparación integral por parte del Estado argentino en sede interna.