La autora, en el presente trabajo, tiene como objeto identificar los fundamentos de ética pública que sustentan la exigencia normativa establecida por el art. 4 de la Ley de “Ética en el ejercicio de la Función Pública” N° 25.188. La pretensión es la de explicar porque resulta un requerimiento ético para aquellas personas que revisten un mandato público la obligación de declarar su patrimonio, mientras dure su ejercicio en el cargo.

El autor analiza la discusión que está llevando adelante el Congreso de la Nación con respecto a una modificación a la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). El proyecto que se debate en la Cámara de Diputados y que ha obtenido aprobación en respectiva Comisión procura la modificación de la ESI, eliminado la posibilidad de los establecimientos educativos privados de alegar su ideario institucional.

El autor centra su análisis diversas concepciones que dominaron la práctica de las relaciones a lo largo de la historia a partir de la disociación Iglesia-Estado, a saber: la Iglesia subordinada al Estado, el Estado subordinado a la Iglesia y la separación entre Iglesia y Estado.

El autor centra su análisis en la sociedad política y, junto con ella, la ética en su doble dimensión: la teórica, o disciplina doctrinal, y la práctica, o gestión gubernativa. Explica que la ética política no se presenta como homogénea y rígida, sino como un arco iris de juicios prudenciales con matices diversos que tiene como fin único el bien común.

El autor analiza la pregunta del título centrándose en que, desde hace siglos, se acepta que la vida no es un hecho de la política sino de la naturaleza. Entiende que es necesario asentar el orden social en la libertad y no en el poder, en la vida y no en la muerte, y por lo tanto, comprender que la vida no es un hecho político sino un acontecimiento de la naturaleza que nos obliga a conservarla,  respetando no solo a los seres humanos, sino también a todo lo que nos rodea.

La autora realiza un análisis exhaustivo acerca del proceso de legalización del aborto y la manera en el debate revaloriza una política que trasciende a los partidos políticos. Relaciona el proyecto de ley y su repercusión en la sociedad con la representación de poderes, la representatividad, el sistema bicameral y el federalismo. Concluye que este proyecto de ley nos brinda la oportunidad de evaluar el funcionamiento republicano, tanto de los partidos políticos como del senado en nuestra democracia, y de repensar en las posibilidades de un modelo mejorado de representatividad, de institucionalización de la política, y de pesos y contrapesos, es decir en una nueva división de poderes.

El autor analiza la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema y entiende que en nuestro sistema constitucional nacional el juez, en principio, no está obligado a seguir las interpretaciones reiteradas y concordantes que él mismo u otros jueces superiores hayan dado a una norma. Añade que no rige en el ámbito judicial argentino el principio del derecho norteamericano conocido como “stare decisis”, en cuya virtud los pronunciamientos judiciales cuentan con carácter vinculante respecto de casos futuros. Concluye que disiente con la frecuente aseveración en el sentido que hay un deber de los jueces  de conformar las decisiones a los criterios de la Corte federal.

El autor analiza el aborto desde el punto de vista del relativismo, el utilitarismo y el consecuencialismo. Para ello, realiza una comparación del tema con la producción y lanzamiento de la bomba atómica por parte de Norteamérica a Japón en 1945 y con la condena del Tribunal Supremo alemán a dos médicos por cooperación al homicidio en el año 1952.

El autor analiza algunos desarrollos en torno de la cristiandad y el cristianismo, aclarando ante todo que en tanto el cristianismo se refiere especialmente a la relación de la vida personal del cristiano con la doctrina que éste profesa, cristiandad tiene una acepción más amplia, con explícita referencia al orden temporal, no siendo otra cosa que la impregnación social de los principios del Evangelio.

El autor analiza la Ley sancionada por el Senado el 6 de agosto de 2008, que derogó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la ley que derogó el código de justicia militar. A partir de entonces los efectivos de las Fuerzas Armadas son juzgados por la Justicia Federal sobre la base de los códigos Penal y Procesal Penal. Entiende que estos cambios han significado un error conceptual que perdura y que implica desconocer las formas y el fondo de las funciones y deberes de los hombres de armas.