La autora realiza una aguda crítica a la forma de interpretar la relación con el ambiente, concluyendo que resulta necesario darle participación política a los pueblos originarios para que, además de defenderse ellos, puedan, con su concepción menos antropocéntrica de la naturaleza, defendernos a todos.

La autora analiza el impacto que tiene la utilización de las fuentes renovables de energía, haciendo especial referencia al provecho que puede obtenerse de la energía solar. Concluye que se han estado tomando medidas para favorecer las fuentes renovables de energía, situación que permite acercarnos al principio de sustentabilidad contenido en la Constitución.

El autor propone una nueva mirada respecto de los pasivos ambientales, sosteniendo que éstos son al mismo tiempo causa y efecto. Concluye que, si se tomaran como un punto de partida en vez de como una meta final, las obligaciones de quien lo causó se profundizan, y ello es concordante con lo dispuesto en la CN y con la política ambiental nacional.

A partir de la Resolución del MPF de CABA que creó la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, apoyándose en experiencias del derecho comparado, el autor analiza la necesidad de la creación del fuero ambiental. Concluye que, teniendo en cuenta los principios particulares en la materia, la especialidad del fuero deviene absolutamente necesaria.

El autor analiza la función socioambiental de los derechos individuales en tanto actúa como una articulación entre derechos individuales y colectivos. Concluye que dicha función permitirá a las y los jueces revisar -entre otras- previsiones contractuales que afecten normas imperativas de carácter ambiental, y adecuarlas en pos de la protección de bienes colectivos.

La autora toma el principio de buena fe y analiza su impacto en sistema en general, para luego bajarlo al derecho ambiental. Concluye que resulta positivo para el derecho ambiental que éste haya sido con el principio mencionado, puesto que, además de ser un principio general, es un pilar fundante para la protección del ambiente.

A partir del paradigma constitucional costarricense, el autor analiza la pauta de “interés público ambiental” que debe atravesar todo el accionar del Estado. Concluye que dicha pauta es la herramienta clave para armonizar la protección ambiental y el desarrollo, y así llegar a un Estado socioambiental de derecho

La autora propone incorporar un sistema de gestión ambiental como estrategia de Responsabilidad social empresaria.

Las diferentes autoras analizan, como método alternativo resolutivo de un conflicto, a la mediación en el ámbito ambiental. Especifican el rol neutral que posee la mediación al momento de gestionar y resolver dicha disputa. Visualizan a la mediación como una opción para hacer frente a las diferencias en el medio ambiental.

La autora analiza el impacto que tiene la incorporación del paradigma ambiental en el ordenamiento civil, en la protección de los animales. Concluye que surgen nuevas herramientas de protección -civiles- más útiles y accesibles que las penales, favoreciendo una más eficiente y eficaz protección de los animales no humanos.