Ambiental

Para una mejor comprensión de la problemática planteada, la autora delinea el marco normativo de orden provincial y municipal que rodeaba esta cuestión, analizando la Ley 1875 dictada por la Provincia de Neuquén, que prevé los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial, la Disposición 218/06 de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, la cual establecía la obligación de utilizar mantas orgánicas oleofílicas u otro sistema superior en las operaciones hidrocarburíferas y la Ordenanza 1165/09 dictada por la Municipalidad de Rincón de los Sauces con la finalidad de preservar el medio ambiente frente a actividades hidrocarburíferas desarrolladas dentro de su ejido municipal.

La autora analiza una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén donde el mismo inaugura un camino que consolida la participación de las comunas en la gestión del ambiente en lo relativo a los recursos naturales hidrocarburíferos, señalando las bases constitucionales sobre las cuales deben desenvolverse estas competencias, privilegiando la adopción de políticas consensuadas, incentivando la gestión conjunta, la coordinación y la cooperación institucional con la Provincia, en el marco de un federalismo más participativo.

Los autores desarrollan un análisis sobre la nulidad absoluta de la sentencia como acto jurídico, su prescripción y la estafa procesal en los procesos por intereses individuales y de incidencia colectiva. Explican que la nulidad absoluta de un fallo con autoridad de cosa juzgada es viable mediante una acción imprescriptible en los casos de estafa procesal y que, en lo penal, se condena el delito, ordenando la cesación de sus efectos, la recomposición al estado anterior y declara nulo de pleno derecho el fallo civil, consecuencia del crimen.

En esta segunda parte, las autoras nos cuentan cuales son las empresas y marcas nacionales que ya pusieron en marcha la “economía circular” en sus procesos de fabricación y/o producción. En cuanto a la normativa, analizan la entrada en vigor de la ley N° 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios y la nueva ley sobre el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”.

Las autoras analizan los nuevos planeamientos existentes para afrontar el necesario cambio de paradigma de la economía convencional mediante un nuevo modelo de producción y consumo sostenible que desvincule los ingresos del consumo de materias primas y que sea capaz de ofrecer sistemas económicos resilientes: se lo conoce como “economía circular”.

Tras abordar un análisis pormenorizado de la normativa vigente en materia ambiental, el autor reflexiona acerca de la actividad jurisdiccional en la materia. De esta manera, advierte en la praxis cotidiana la ausencia de una actividad jurisdiccional proactiva y sostiene que es necesario contar con operadores jurídicos que analicen las cuestiones ambientales desde una óptica nueva.

La autora analiza el Convenio de Minamata sobre mercurio, suscripto en Kumamoto, Japón. Está receptado en nuestro ordenamiento bajo la Ley 27.356, entrando en vigencia el 16 de agosto de 2017. Concluye relevante resaltar la temática de la responsabilidad del Estado en materia ambiental, la novedad en la incursión de la prueba epidemiológica en el proceso probatorio y la función preventiva que rige y se impone en el derecho ambiental.

En esta segunda parte, la autora explica cómo el Estado de Derecho Ambiental reconoce el derecho al ambiente sano en el núcleo duro de derechos fundamentales, ampliando y completando los ya tutelados. Concluye que se debe configurar el mismo a través de un orden público ambiental, considerando el principio de realidad, siendo innegociable la necesidad de medio sano para el desarrollo de la humanidad.

El autor analiza la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y explica que, a pesar de ser la corte constitucional más progresista, en los últimos años empezó a distanciarse de la materia ambiental. Concluye que el recurso de amparo constitucional es la única vía procesal que logra cumplir la obligación de protección judicial de los derechos humanos ambientales, y que su limitación podría constituir una nueva regresión jurisprudencial.

El autor analiza el principio de no regresión o de prohibición de retroceso ambiental que dispone que ni la normativa ni la jurisprudencia deberían ser modificadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad. Concluye que, sin embargo, la prohibición de regresividad ambiental se encuentra condicionada de forma general por la totalidad del elenco de derechos fundamentales con los que el derecho a un ambiente sano y equilibrado debe coexistir.