El autor realiza una comparación entre el régimen de contrataciones del sector público nacional establecido en 2012 y las reformas incorporadas en 2016. Remarca los casos particulares, como la incorporación de las Universidades Nacionales, y concluye que las modificaciones apuntan a una mayor celeridad y eficiencia en las contrataciones, pilar fundamental para que la Administración pueda cumplir sus objetivos.

Utilizando como disparador un fallo de la Provincia de Río Negro, el autor analiza la problemática de los estudios jurídicos frente a las atribuciones propias de la administración local, específicamente repara sobre el pago de la tasa por servicios generales. Concluye que las atribuciones del Colegio Notarial no pueden soslayar las propias del poder de policía local.

El autor recoge la discusión sobre los plazos administrativos, ofreciendo las distintas posiciones doctrinarias sobre el significado de la “obligatoriedad” de éstos. Concluye que el vencimiento de los plazos no implica la exclusión de la competencia del órgano.

El autor repara sobre la importancia del ejercicio de vigilancia y control sobre las actividades de interés general que comprende a la Administración pública. Para concluir, repara sobre el caso de la venta del banco Santander que se vendió por cero euros, cuando días antes estaba tasado en millones, sin que exista presencia de la actividad de contralor.

En esta segunda parte, el autor plantea la necesidad de un cambio de paradigma sobre el enfoque dado a la reparación de los daños. Concluye que con las facilidades hoy existentes para tasar daños es conveniente darle al órgano administrador la posibilidad de reparar sin obligar a la persona a recurrir a sede judicial.

Contraponiendo principios jurídicos y las reglas existentes en materia de responsabilidad del Estado, el autor identifica una contradicción patente en tanto no se permite la reparación en sede administrativa. Concluye remarcando que, además del ritualismo inútil que implica obligar a la persona a reclamar los daños en sede judicial, las sentencias suelen ser poco efectivas para reparar el perjuicio ocasionado.

Siendo este año el vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de Friedrich A. Von Hayek, el autor retoma sus ideas respecto de la función reguladora del Estado. Luego de explicar la teoría de la economía social de mercado, concluye que Hayek era partidario de que el Estado vigilara que “se cumplan las reglas del juego” –y no de la autorregulación del mercado–, y, por otro lado, concluye que la regulación es necesaria siempre que se realice en un contexto de autonomía y garantías de independencia

En esta segunda parte, el autor analiza cómo la reforma constitucional de 1994, mediante los tratados internacionales, adopta un esquema de distribución de poderes que rivaliza con la esencia del federalismo. Concluye que, a raíz de lo expuesto respecto del medio ambiente y los tratados, el significado del federalismo ha cambiado, y es necesario repensar nuestras estructuras en el nuevo escenario de la “desterritorialización”.

El autor analiza cómo la modificación a la Constitución en el año 1994 compromete la supervivencia del federalismo. En esta primera parte, desarrolla cómo el cambio de paradigma respecto de qué se entiende por medio ambiente y cómo se regula genera una transferencia de potestades desde las provincias hacia la Nación.

El autor comenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual declaró que la causa entre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus empleados debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Concluye que la competencia corresponde al fuero mencionado por ser una causa materialmente administrativa –relación de empleo público– y de naturaleza federal –hay un ente público demandado–.