Administrativo

El autor plantea la relación entre el presupuesto del que disponen las Provincias y Municipios, y su deber de garantizar el goce de los Derechos Humanos. Al respecto, analiza los distintos tipos de relación entre estos dos supuestos, la importancia de la sanción de una Ley de Coparticipación Federal, las dificultades de las democracias modernas y, por último, elabora una serie de propuestas al respecto.

El autor analiza la relación instrumental que existe entre la determinación del presupuesto en las Provincias y Municipios de la Argentina y su deber de satisfacer los derechos sociales. A esos efectos, efectúa un breve recorrido histórico sobre la generación y distribución de los recursos públicos, finalizando con una reflexión acerca del deber de los Estados locales en el cumplimiento de los DESC.

El autor desarrolla la relevancia de los Entes Reguladores de servicios públicos en lo relativo a los derechos sociales y calidad institucional, analizando sus principales funciones y la relación que debiera tener con el Poder Ejecutivo a los fines de poder cumplir satisfactoriamente con las tareas que le son encomendadas.

El autor realiza un pormenorizado análisis de las características y límites de la potestad tributaria de los municipios. Al respecto, desarrolla brevemente los requisitos establecidos para la validez de las tasas.

El autor analiza un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se dirimió la competencia de las provincias para regular las profesiones liberales. Concluye afirmando que las provincias conservan la facultad de regular el ejercicio profesional, sin que por ello pueda desnaturalizar los títulos profesionales expedidos de acuerdo a la normativa nacional.

La autora realiza un interesante análisis jurisprudencial de la CSJN sobre el principio de máxima divulgación y acceso a la información del Estado. Concluye sosteniendo que muchas autoridades públicas deberían conocer estos fallos, que por su jerarquía no pueden ser esquivados, olvidados o evitados.

La autora realiza un análisis acerca de la jurisprudencia del tribunal interamericano en materia de acceso a la información pública y su vinculación con el principio de máxima divulgación. A los fines de efectuar su estudio, nos cuenta acerca del famoso fallo Claude Reyes y concluye contándonos acerca de cómo lo decidido en ese caso tuvo repercusión en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La autora analiza cuáles fueron los derechos y obligaciones que la reforma constitucional de 1994 consagró a través del nuevo Art. 42 de la Carta Magna. Asimismo, desarrolla las implicancias del fallo “Cepis” y concluye afirmando que resulta una norma de carácter humanitario, que consagra un modelo de Estado de Bienestar que tiene como objetivo fundamental tutelar el bienestar general de sus ciudadanos.

La autora analiza el cambio de paradigma operado en Argentina en relación al instituto del servicio público a partir de la constitucionalización de los derechos del usuario. En esta primera parte procura esclarecer el concepto de servicio público y el contexto en el que se dió la reforma constitucional en relación a esta temática.

El autor analiza los instrumentos que regulan la capacidad de la Administración para dejar sin efecto sus actos administrativos tanto en el Derecho argentino como español. Comparando ambos sistemas, arriva a la conclusión de que ambos restringen la capacidad anulatoria de la Administración en aras de salvaguardar la garantía de imparcialidad, cuando estamos frente a un acto administrativo del que hayan nacido derechos.