Derecho Privado

En esta segunda parte, la autora explica el mecanismo con que las minorías societarias pueden realizar un uso abusivo de sus derechos y fraude a la ley.  Concluye que el derecho del accionista minoritario no debería transgredir el de la sociedad y el de los terceros que contratan con ella, y que acoger irrestrictamente la pretensión del mismo es contrario a derecho pudiendo desembocar en la destrucción de la empresa.

La autora introduce la importancia del nuevo paradigma protectorio en el derecho civil, en el cual es mejor prevenir el daño que curarlo. En esta primera parte, comienza a explicar cómo se encuentra regulado el mismo en el nuevo Código Civil y Comercial.

La autora repasa todo el régimen normativo que debe ser aplicado por la judicatura para hacer efectivo el deber de protección de las personas vulnerables. Concluye que las medidas adoptadas deben serlo a la luz del plexo generado por las normas constitucionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los principios del derecho de la familia que surgen del CCyC (denominado “diálogo de fuentes”).

La autora analiza un reciente fallo en el cual la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo redujo el monto de reparación de daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, lo cual fue considerado sentencia arbitraria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluye que no es suficiente mencionar parámetros genéricos como fundamento en las sentencias, sino que deben tener en cuenta las circunstancias y hechos específicos del caso concreto.

En esta primera parte, la autora repara sobre los distintos derechos de los accionistas minoritarios en las sociedades anónimas cerradas. Observando la solución de conflictos con estas figuras, advierte un posible abuso de derecho o fraude a la ley al “transformar” las finalidades que la norma se propone en la consecución de la mera voluntad del accionista.

Luego de conceptualizar el fraude y el negocio indirecto, el autor los contrasta a la luz de varios ejemplos. Concluye que son dos figuras que no se asemejan entre sí, siendo además inoportuna la incorporación del fraude en el título preliminar.

La autora analiza la regulación de las obligaciones, las obligaciones naturales y los deberes morales en el nuevo Código Civil y Comercial y el código velezano. Concluye que los deberes morales en el nuevo código se corresponden con las obligaciones naturales del anterior, y que lo entregado en su cumplimiento es irrepetible.

El autor analiza cómo, en algunos casos de divorcio y separación de los progenitores, ocurre una grave afectación jurídica a los derechos del hijo, ya que el proceso de divorcio en el nuevo código finaliza sin que se hayan asegurado los mismos y sin su participación. Concluye que, como se privilegia el derecho de los progenitores a divorciarse por encima del derecho de los hijos a una parentalidad completa y responsable, se ha consagrado el “interés inferior del niño”.

El autor analiza la Ley 27.348 y explica cómo su adhesión implica delegar a la jurisdicción nacional ciertas competencias. Concluye que la delegación mencionada es inconstitucional a nivel nacional y provincial –y en el caso de la Provincia de Buenos Aires viola el principio de progresividad–.

El autor explica cómo, en las quiebras, los únicos fondos suelen provenir del embargo del sueldo del fallido –que suele ser insuficiente y genera un saldo insoluto– y que, si no ingresan nuevos bienes, se decreta la conclusión de la misma a los dos años. Concluye que el síndico se encuentra legitimado para solicitar el embargo sobre los bienes que el fallido adquiera posteriormente a su rehabilitación, hasta cubrir el saldo insoluto de sus honorarios.