Derecho Privado

En esta cuarta parte, los autores analizan la posibilidad de recusación de los miembros del Equipo Interdisciplinario, la forma de la citación a las partes, la facultad de repreguntar, la instrumentación del acto y el informe final. Concluyen que se debe contar con normas procesales que regulen la aplicación de la Cámara Gesell como un medio de prueba en los procesos de familia civiles, ya que ésta se adapta a las pautas establecidas por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las leyes nacionales que protegen a la infancia.

La autora nos acerca un análisis del primer borrador de la Reforma Laboral. Menciona los puntos más importantes que se introducirían con la nueva normativa, resaltando la idea de cambiar la lógica de ver a las partes de la relación laboral como contrapuestas y en conflicto permanente de intereses, mutando hacia un sistema donde prime la concordia y los acuerdos.

En esta segunda parte, el autor analiza el vacío normativo en el régimen legal para la salida del territorio argentino del concursado o quebrado, debido a que la Ley de Concursos y Quiebras regula cuándo finaliza la vigencia del régimen en el marco de una quiebra pero no en un concurso. Concluye que si la presencia del obligado es necesaria a los efectos del art. 102 LCQ pero, simultáneamente, el obligado tiene necesidad y urgencia evidente de salir del país, el juez debe autorizarlo.

El autor analiza el instituto de la multa civil en el daño punitivo, en relación con el precedente “Esteban” de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Comun de Tucumán. A partir de los argumentos del caso desarrollados, concluye con una opinión acerca de la existencia o no de un enriquecimiento sin causa de la víctima.

El autor realiza un análisis normativo y jurisprudencial de la Ley de Honorarios, tomando como punto de discusión la constitucionalidad de su Artículo N° 61. Concluye con una reflexión acerca de la importancia que revestiría la sanción de una nueva ley en la materia, para el reconocimiento de la labor profesional de los abogados.

En esta tercera parte, los autores analizan distintas consideraciones relacionadas con aspectos procesales a fin de la utilización de la Cámara Gesell, acudiendo a normas que resultan aplicables por vía analógica. Concluyen explicando que la naturaleza jurídica procesal de la misma es, en esencia, una prueba, pero que no encuadra en ninguno de los medios típicos regulados en las legislaciones procesales y por eso se puede calificar como una “prueba sui generis”.

La autora realiza un pormenorizado análisis de un fallo que declara la inconstitucionalidad de la instancia administrativa previa y obligatoria de la actuación de las comisiones médicas en los procesos laborales, con el argumento de resultar violatorio de la tutela judicial efectiva, el debido proceso legal y lesionar el acceso irrestricto a la justicia.

El autor analiza los art. 25 y 103 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establecen el régimen legal para la salida del territorio argentino del concursado o quebrado como una medida de seguridad de naturaleza procesal y no como una pena o prohibición. Concluye que el derecho constitucional de salir libremente del país no es absoluto y que dicha ley reglamenta dicho derecho de manera razonable y justificada.

El autor analiza la Ley 757 de Procedimiento Administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario, a fin de establecer el procedimiento administrativo para implementar en la Ciudad de Buenos Aires los derechos de los consumidores reconocidos en la Constitución Nacional. Concluye explicando la necesidad imperiosa de un sistema judicial propio para la materia usuarios y consumidores, ya que el derecho del consumidor requiere mecanismos y procedimientos adecuados que a veces no encuentran solución en los sistemas tradicionales.

El autor analiza algunas nociones en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o intelectual. Desarrolla el tratamiento que le da el Código Civil y Comercial a esta temática, y concluye destacando la necesidad de armonizar estas disposiciones con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.