Derecho Privado

El autor analiza el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que hace expresa alusión al principio de “participación”, por medio del cual se garantiza al niño, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten. Esto significa que el niño o niña, si es sujeto de derechos, debe tener la asistencia de un abogado que le permita asegurarse el disfrute de esos derechos y le posibilite reclamar cuando le son negados.

El autor analiza una de las modificaciones del anteproyecto de reformas laborales que presentó el Poder Ejecutivo, consistente en la implementación de mecanismos de capacitación laboral continua. Desarrolla por un lado sus propósitos fundamentales y, por el otro, la implementación del Sistema Nacional de Formación Laboral.

El autor analiza la conceptualización de los tipos de violencia a lo largo del tiempo partiendo de la base de los primeros que surgieron de las leyes de protección contra la violencia familiar. Explica que lo nuevo en la temática se presenta en incorporar y/o redefinir conceptos a los tipos de violencia y concluye que este análisis cambia el paradigma de todos los procesos en los que existen situaciones de violencia que tanto tiempo han sido invisibilizadas y naturalizadas o simplemente no ponderada ni en las peticiones ni en las resoluciones judiciales.

En relación con el proyecto de reforma previsional, el autor analiza ciertas disposiciones de distintos instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos que versan sobre la materia. Afirma la necesidad de que se libre un debate profundo en torno a la reforma, teniendo en cuenta no sólo las leyes vigentes, sino también lo dispuesto por los principios insoslayables de la Seguridad Social y de los Sistemas Previsionales, los Pactos Internacionales y la Constitución Nacional.

El autor analiza los cambios sustanciales que introdujo la Ley 26684, dentro de los cuales se encuentra el de otorgarle un rol protagónico a las cooperativas de trabajo. Concluye que  la cooperativa de trabajo puede adquirir los bienes de la fallida o la empresa en funcionamiento compensando los créditos laborales, pues el bien jurídico tutelado es la conservación de la fuente de trabajo mediante la continuación de la explotación pero en manos de la discutida cooperativa de trabajadores.

El autor analiza un pronunciamiento del máximo tribunal en donde una familia fue condenada en costas por un total de $300.000 contra una reconocida firma de empanadas la cual le había vendido ese producto en mal estado, produciendo en los actores un cuadro grave de intoxicación. Concluye que este caso debería haberse analizado bajo la luz de la Ley de Defensa del Consumidor, haciendo pensar que los consumidores no estarían tan protegidos si este criterio es ratificado por juzgados menores.

El autor analiza las modificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial al régimen de legitimación activa para el reclamo del resarcimiento de las consecuencias no patrimoniales. De esta manera, desarrolla la situación tanto de los damnificados directos como de los indirectos, y los distintos supuestos dentro de esta categoría. Concluye afirmando que si bien la nueva normativa trae considerables avances en la materia, siguen quedando fuera diferentes casos que serían dignos de consideración.

La autora analiza el CASO No. 012-17-SIN-CC, donde los Jueces Constitucionales de la Corte Constitucional del Ecuador declararon la inconstitucionalidad del Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, cambiándose el procedimiento para el otorgamiento de la medida cautelar de apremio personal. Concluye que, a partir de dicha sentencia, se fija una única forma de ordenarse las medidas cautelares de apremio personal total o parcial en Audiencia. Es decir, con la justificación del alimentante de su actual estado de salud o imposibilidad de obtener ingresos, se le garantiza su derecho de pertenecer al grupo de atención prioritaria o vulnerable que garantiza y protege la Constitución del Ecuador.

La autora, tomando como referencia un reciente caso de la Sala IV, analiza el concepto de acoso laboral y las formas de probarlo. Asimismo, desarrolla  la procedencia de una indemnización por daño moral, su justificación y forma de cuantificarla, resaltando que dependerá de las circunstancias del hecho y de la relación laboral que deberán ser evaluadas en el caso concreto.

El autor analiza el contrato de círculo de ahorro entendido como contrato de consumo y, por lo tanto, pasible de aplicarse la perspectiva tuitiva y pautas interpretativas en beneficio del consumidor. Concluye que todos los actores del negocio deben estar dispuestos a que se privilegie una adecuada información que refleje certeza y que no haga más que acentuar la preservación de un negocio transparente y confiable.