Laboral

La autora continúa analizando el fallo judicial respecto del derecho de sindicalización de la policía y, en esta segunda parte, señala la segunda contradicción en el mismo. Concluye que dicho grupo tiene derecho a asociarse a instituciones sindicales, pero que deberían restringirse las actividades gremiales que afecten al resto de la sociedad.

La autora repasa brevemente la historia del derecho a sindicalizarse, a la luz del desarrollo constitucional y jurisprudencial. Luego de marcar contradicciones dentro del fallo del máximo tribunal, concluye que el artículo 14 bis debe interpretarse como un derecho general a la sindicalización, que puede restringirse en algunos casos (y no que el personal policial queda directamente excluido de dicho derecho).

El autor toma el concepto de “mobbing”, lo contrasta con el régimen laboral y vuelca las distintas opiniones doctrinarias sobre su significado. Concluye que no se trata de una enfermedad laboral, por lo tanto, no corresponde a las ART su cobertura, sino que el resarcimiento debe regirse por la normativa del CCyC. Agrega que la mejor opción para erradicar las consecuencias dañosas sobre los trabajadores es prevenirlo.

La autora continúa su análisis a partir de los criterios jurisprudenciales, destacando las diferencias entre la CSJN y la segunda instancia. Concluye que un despido es discriminatorio cuando el trabajador acreditó indicios y el empleador no pudo probar una causa distinta para el despido.

La autora repasa los distintos motivos por los que un despido puede ser considerado discriminatorio, reparando en el despido por causa de enfermedad (física o psíquica). Concluye que no existe una enumeración taxativa de razones discriminatorias por lo que se da protección a las personas enfermas cuando la cuestión personal puede ser considerada potencialmente discriminatoria al momento de conseguir o mantener el empleo.

La autora analiza cómo se encuentra regulada la competencia territorial respecto de los accidentes de trabajo y qué ocurre en el caso de la Provincia de Buenos Aires. Concluye que la aplicación de la Ley 27.348 no es posible hasta su adhesión, y que ha habido un incremento en las causas por accidente de trabajo en dicha Provincia para evitar esta ley.

La autora analiza un fallo emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo respecto de la competencia en los accidentes laborales. Este tribunal revoca la decisión de primera instancia –que establecía la competencia comisión médica jurisdiccional–y declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, ya que la Provincia donde ocurrieron los hechos no adhirió a la normativa. Concluye que la ley vulnera el derecho a peticionar y que debería declararse la inconstitucionalidad de los primeros dos artículos de la norma mencionada.

La autora analiza un reciente fallo en el cual la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo redujo el monto de reparación de daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, lo cual fue considerado sentencia arbitraria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluye que no es suficiente mencionar parámetros genéricos como fundamento en las sentencias, sino que deben tener en cuenta las circunstancias y hechos específicos del caso concreto.

El autor analiza la Ley 27.348 y explica cómo su adhesión implica delegar a la jurisdicción nacional ciertas competencias. Concluye que la delegación mencionada es inconstitucional a nivel nacional y provincial –y en el caso de la Provincia de Buenos Aires viola el principio de progresividad–.

El autor analiza cómo el sistema laboral se encuentra desactualizado, debido a que sus principales pilares fueron creados hace aproximadamente 40 años. A partir de esto, desarrolla algunas cuestiones que aún no han sido tratadas en la Ley de Contrato de Trabajo y cómo en las negociaciones colectivas, prácticamente, sólo se trata el ajuste de remuneraciones.