Los autores explican cómo la existencia de gran cantidad de trabajadores no registrados perjudica no solo a los individuos en cuestión, sino también a la sociedad en su conjunto. Es por ello que, a través de un análisis pormenorizado de la normativa involucrada, concluyen afirmando que la sociedad comercial que consintió la ilegalidad en que se desarrolló la relación laboral es responsable y debe reparar el daño causado no solo al trabajador, sino también a los organismos de la seguridad social.

El autor analiza las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la responsabilidad por el pago de las costas procesales en los juicios laborales. Asimismo, menciona distintos cuestionamientos a la norma, finalizando con el comentario a un fallo reciente de la Corte Suprema en torno al tema.

El autor aborda la problemática que se suscita en torno a la carga probatoria en los casos de despido discriminatorio por motivos de actividad sindical. Tras realizar un pormenorizado análisis jurisprudencial, concluye sosteniendo que en estos casos, las declaraciones testimoniales precisas y contundentes con respecto a la concreta actividad sindical constituyen un medio de prueba relevante, acompañadas de la acreditación de que el empleador ha tenido conocimiento de dicha participación.

Los autores analizan la responsabilidad que atribuye el Código Civil y Comercial de la Nación a los administradores societarios que incurran en prácticas de contratación laboral clandestinas. Concluyen con una reflexión acerca de la importancia de la protección del salario y de la antijuridicidad como parámetro de asignación de responsabilidad.

Los autores analizan la aplicación de los sistemas de desestimación de la personalidad jurídica en materia laboral, destacando los principios que deben ser respetados a la hora de utilizar esta figura. Concluyen afirmando que esta doctrina puede aplicarse en el derecho del trabajo cuando detrás de la persona jurídica aparente de un empleador se trata de cubrir la responsabilidad patrimonial del verdadero responsable, a través de la insolvencia o infracapitalización de la sociedad interpuesta.

La autora analiza un reciente fallo de la CSJN, que revoca la decisión de la Sala VII, rechazando la arbitrariedad judicial al momento de fijar las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Asegura que si bien no ha sido muy acertada la redacción del fallo de la Sala VII, la utilización del recurso extraordinario en materias que le exceden, es quizá un pecado igual de castigable. Consecuentemente, concluye sosteniendo que a pesar de que una sentencia verdaderamente arbitraria es condenable, también lo es la incorrecta admisión del recurso extraordinario.

El artículo propone analizar el deber del empleador de asignar tareas a sus empleados. En este sentido, estudia un reciente caso iniciado por la demanda laboral de una trabajadora ante la negativa de su empleadora de darle trabajo. Concluye afirmando que esta obligación no consiste únicamente en lo ya descrito, sino que también implica el otorgamiento de herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

La autora analiza un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo, donde se entendió que existió discriminación hacia una trabajadora que fue despedida por motivos de enfermedad profesional con indicación de recalificación. Además, el tribunal entendió que en estos casos, no se solicita al empleador que pruebe la ausencia de intención discriminatoria sino que exponga razones objetivas por las que no contaría con puestos aptos para la nueva calificación laboral.

En esta oportunidad, el autor realiza un análisis crítico sobre un caso reciente de la Sala VI de la Cámara Única del Trabajo de la provincia de Córdoba, en el cual se discute la legitimación activa para reclamar por daño moral de los padres de un trabajador fallecido, casado y con descendientes. Concluye que dicha legitimidad no se encuentra regulada en la Ley de Riesgos del Trabajo, sino en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.

La autora analiza el fenómeno de las medidas cautelares autosatisfactivas en el marco del proceso laboral. Concluye que es necesario una regulación positiva inminente, dada la gran utilidad que estas herramientas procesales han demostrado y su implicancia en la afectación de premisas esenciales como el equilibrio entre las partes y el debido proceso.