La autora analiza la constitucionalidad de la Ley N° 14.997 sobre riesgos de trabajo, a la luz de recientes pronunciamientos de tribunales que pertenecen a distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires. Concluye sosteniendo que, a su entender, la misma resulta violatoria de diversas normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Constitución Nacional, las garantías del debido proceso y acceso irrestricto a la justicia y la garantía del Juez Natural.

El autor continúa analizando el rol del juez laboral, centrándose ahora en los aspectos influyentes en la materia a partir de la reforma constitucional de 1994 que otorgó jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales sobre Derechos Humanos.. En este sentido, destaca la importancia de que el magistrado laboral tenga una adecuada capacitación, formación y aprehensión de estas fuentes normativas supremas.

El autor indaga acerca del rol de los magistrados del trabajo en su ejercicio. A esos fines, analiza lo normado por nuestra Constitución Nacional, deteniéndose en aquellas disposiciones dedicadas a establecer derechos y garantías que, directa o indirectamente guardan relación con el Derecho del Trabajo, y que a su juicio deben ser tenidas presentes al momento de la resolución de casos concretos.

En el análisis de la constitucionalidad del depósito previo de monto de condena como requisito de admisibilidad formal poder recurrir extraordinariamente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el autor cuestiona la actual estructura del proceso laboral en la Provincia y menciona cuáles de sus características deberían ser modificadas a los fines de una mejor estructuración.

La autora analiza un caso donde la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo entendió que existió discriminación laboral por motivos de orientación sexual contra un trabajador que fue despedido sin causa luego de haber informado que contraería matrimonio con una persona de su mismo sexo. Al respecto, enuncia los indicios que fueron tenidos en cuenta por el Tribunal para arribar la causa, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema con respecto a las cargas probatorias de la discriminación laboral.

El autor analiza un caso donde se discutió sobre de la existencia de una relación laboral entre un deportista amateur y un Club. Al respecto, concluye sosteniendo que las pautas de los recientes fallos de la CSJN son aplicables al caso del deporte amateur, siendo posible que exista contrato de servicios entre los actores en cuestión, salvo que se prueben las notas de relación de dependencia.

El autor avanza sobre el análisis del Convenio Colectivo de Trabajo para trabajadores de servicios fúnebres y cementerios, deteniéndose especialmente en lo concerniente a vacaciones y licencias especiales, disposiciones dirigidas a las mujeres, prevención y siniestralidad laboral, beneficio por fallecimiento, entre otros.

El autor analiza los principales institutos del Convenio Colectivo de Trabajo N° 749/18, homologado en marzo del corriente en favor de los trabajadores de servicios funerarios y cementerios. Al respecto, investiga su ámbito de aplicación y las modificaciones introducidas en lo concerniente a categorías profesionales,  remuneración,  jornada laboral y facultad de variar.

La autora invita a reflexionar sobre la incidencia de las crisis económicas en el derecho del trabajo, poniendo el foco en la empresa Carrefour que recientemente inició un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Al respecto, propone analizar las estructuras legales que existen para paliar los efectos de dichas contingencias, proponiendo diversas alternativas y teniendo en cuenta los cambios introducidos por la revolución tecnológica.

La autora analiza la situación actual del contrato de servicios en la regulación del Código Civil y Comercial a la luz de la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concluye en que el valor del fallo bajo análisis reside en que la CSJN se avoca a reafirmar la vigencia del contrato de servicios, estableciendo determinados lineamientos. Agrega que, además, abre el debate de la aplicación de esta doctrina sobre otras actividades que se encuentran en zonas grises entre trabajo autónomo y subordinado.