Las autoras explican los supuestos legales que ponen fin al deber derecho alimentario en el Código Civil y Comercial de la Nación: si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad, por fallecimiento del alimentado o del alimentante y por la desaparición de los presupuestos que dieron origen a la obligación.

El autor analiza cómo el instituto de “Familias de Acogimiento”, debido a deficitarios seguimientos estatales, puede convertirse en una “guarda de hecho judicializada”, contrariando su finalidad y lesionando los derechos del niño y las distintas familias. Concluye que el instituto debería encontrarse bajo un estricto control de legalidad para lograr que las “familias acogedoras” sean un medio y no un fin en sí mismas.

La autora analiza la influencia de argumentos con base teológica en el desarrollo del ámbito jurídico, ejemplificando con casos de adopción y matrimonio con parejas del mismo sexo. Concluye que, aunque es alarmante esta fundamentación en recursos jurídicos para desconocer derechos humanos, brinda la oportunidad para reconocer las deudas pendientes y la importancia de la laicidad del Estado.

La autora continúa analizando la utilización de la psicoterapia en casos de violencia familiar y plantea por qué sería útil su obligatoriedad. Concluye que una vida libre de violencia es parte imprescindible de la posibilidad de una vida digna, por lo que sería necesario analizar sanciones -y su modo- al respecto.

En esta primera parte, la autora aborda la problemática de la violencia en las familias y plantea el interrogante de si la legislación vigente es adecuada para erradicarla, refiriéndose puntualmente a la derivación a psicoterapia. Concluye que el abordaje legislativo es adecuado, pero que dista mucho de ser eficaz.

El autor hace referencia a las diferentes medidas de protección excepcionales de los niños y su deficitaria aplicación y control de legalidad actuales, violando los principios de mantenimiento de centro de vida del niño y mantenimiento de lazos familiares. El autor concluye en cómo esto afecta a derechos esenciales de los niños y sus familias.

El autor repara sobre la situación de especial vulnerabilidad que viven los adultos mayores cuando se ven envueltos en casos de violencia familiar. Concluye que para poder ofrecer soluciones que requiere este grupo, es necesario un tratamiento específico de la temática.

El autor analiza la situación de las personas que padecen enfermedades mentales psicóticas graves y cómo protegerlos mediante el derecho de cuidado y el tratamiento ambulatorio involuntario.

La autora analiza las distintas posibilidades de familias que se abren por el CCyC, reparando en el caso de las uniones convivenciales. A partir de la experiencia chaqueña, señala la falta de información existente en relación a las nuevas posibilidades y derechos, y destaca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las familias que no surgen ni del matrimonio ni de la unión convivencial.

El autor desarrolla las diferentes formas que pueden tenerse en cuenta para garantizar la obligación de alimentos de los/as hijos/as, a partir de la flexibilidad que da el CCyC. Concluye que al respecto también es necesario tener en cuenta la participación de los/as niños/as en los convenios que regulen el ejercicio de la responsabilidad parental.