Familia y Sucesiones

En esta segunda parte, la autora analiza el empeoramiento de la situación del cónyuge que lo reclama y la causa adecuada en el matrimonio y el divorcio como los otros dos elementos esenciales de la compensación económica. Concluye que dicho instituto, que tiene un plazo de caducidad de 6 meses, repara el perjuicio sufrido como consecuencia del quiebre del matrimonio, que deberá fijarse de manera excepcional, exigiendo la existencia de un nexo de causalidad entre el quiebre matrimonial y el empeoramiento del cónyuge que lo reclama.

La autora analiza los art. 441, 442 y 445 del Código Civil y Comercial que receptan el instituto de la compensación económica, basado en el principio de solidaridad post conyugal que tiene por finalidad compensar ese desequilibrio económico que produjo como consecuencia del quiebre matrimonial. En esta primera parte, explica que una de las tres condiciones esenciales que se exigen para que sea procedente dicha compensación es que se produzca un desequilibrio manifiesto en un cónyuge respecto del otro.  Además, realiza un análisis comparativo con otras instituciones derecho civil como la de alimentos, la de indemnización por daños y perjuicios o el enriquecimiento sin causa.

El autor señala algunas consideraciones esenciales acerca de la regulación del régimen patrimonial del matrimonio, más específicamente, las recompensas. Para ello, desarrolla un análisis del “Régimen Patrimonial de la Comunidad” ubicado en el Código Civil y Comercial que regula la etapa de la liquidación de la comunidad.

El autor lleva a cabo un vasto análisis que aborda diferentes aristas. Por un lado, el derecho de un niño a una familia a la luz del artículo 641 del Código Civil y Comercial y un informe oficial de la CIDH del año 2013. Por otro lado, se manifiesta acerca del derecho del niño a una parentalidad completa y responsable. Concluye afirmando que el hijo tiene un derecho esencial a una familia y necesita una parentalidad completa y responsable en sus progenitores, para poder alcanzar su desarrollo integral y asegurar la concreción de sus otros derechos.

Las autoras analizan el art. 564 del CCCN que prevé el derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida respecto de los datos del donante de gametos, sea por razones de salud o cuando se pretenda el ejercicio de dicho derecho por cuestiones debidamente fundadas. Concluyen considerando sustancial la exigencia de requerir el compromiso de los progenitores en cuanto hacer conocer a su hijo/a las condiciones de su concepción, que resulta sustancial y constitutivo de su derecho a la identidad y dignidad como ser humano.

El autor presenta de manera didáctica la importancia de las medidas conminatorias en el procedimiento de violencia familiar, explicando que las mismas se adoptan cuando los frenos judiciales impuestos con medidas de protección, no logran cumplir con el cese de los actos perturbatorios. Concluye que dichas medidas en este procedimiento tienen como finalidad agudizar y efectivizar la protección de las personas en situación de violencia.

El autor analiza el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que hace expresa alusión al principio de “participación”, por medio del cual se garantiza al niño, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten. Esto significa que el niño o niña, si es sujeto de derechos, debe tener la asistencia de un abogado que le permita asegurarse el disfrute de esos derechos y le posibilite reclamar cuando le son negados.

El autor analiza la conceptualización de los tipos de violencia a lo largo del tiempo partiendo de la base de los primeros que surgieron de las leyes de protección contra la violencia familiar. Explica que lo nuevo en la temática se presenta en incorporar y/o redefinir conceptos a los tipos de violencia y concluye que este análisis cambia el paradigma de todos los procesos en los que existen situaciones de violencia que tanto tiempo han sido invisibilizadas y naturalizadas o simplemente no ponderada ni en las peticiones ni en las resoluciones judiciales.

La autora analiza el CASO No. 012-17-SIN-CC, donde los Jueces Constitucionales de la Corte Constitucional del Ecuador declararon la inconstitucionalidad del Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, cambiándose el procedimiento para el otorgamiento de la medida cautelar de apremio personal. Concluye que, a partir de dicha sentencia, se fija una única forma de ordenarse las medidas cautelares de apremio personal total o parcial en Audiencia. Es decir, con la justificación del alimentante de su actual estado de salud o imposibilidad de obtener ingresos, se le garantiza su derecho de pertenecer al grupo de atención prioritaria o vulnerable que garantiza y protege la Constitución del Ecuador.

En esta tercera parte, los autores analizan los principios rectores en la materia como son el interés superior del niño, la solidaridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Concluyen que, al existir una falta de flexibilidad del sistema de adopción, el juez tiene que elegir entre la mejor opción que esté dentro de su alcance para atender al interés superior del niño y que de ésto deriva la necesidad de que la estructura jurídica que rige la adopción en la Argentina sea modificada en todo aquello que restrinja una posibilidad mejoradora para la situación de cualquier NNA.