Consumidor

En esta segunda parte, los autores analizan la regulación específica existente sobre personas electrodependientes por cuestiones de salud en la actualidad, los cursos de acción que se proponen y las principales tutelas contenidas de la Ley 27.351. Concluyen que dicha ley satisface las urgentes necesidades de un colectivo social hipervulnerable, cuyas principales demandas podrán ser atendidas de mejor manera a través del esquema normativo nacional y la progresiva adecuación y adopción de regulaciones similares por parte del resto de las jurisdicciones, garantizando un avance en el reconocimiento y efectivo cumplimiento de los objetivos tendientes a lograr un mayor respeto por la Dignidad y por los Derechos Humanos, así como también la revalorización de la Igualdad como principio orientador de todo el entramado jurídico-social existente.

Los autores analizan, por un lado, la caracterización de los “electrodependientes por cuestiones de salud”, personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o salud. Por el otro, la “hipervulneravilidad” de los mismos, como una acumulación de niveles de vulnerabilidad ligada a una condición psicofísica, a su edad, su género o a una situación socioeconómica o sociocultural.

El autor analiza, por un lado, la incorporación del daño directo como art. 40 bis a la LDC por la Ley N° 26.361, con la finalidad que los consumidores tengan una reparación económica en sede administrativa, a fin de evitar la promoción de una demanda en sede judicial por casos de menor cuantía. Por otro, la modificación de dicho artículo por la Ley Nº 26.993 aprovechando los trabajos de la Comisión designada mediante Decreto PEN Nº 191/11, a fin de solucionar las críticas doctrinarias a su texto.

Las autoras hacen un breve análisis acerca de la historia de los Pueblos Indígenas y sus condiciones de vida en la actualidad. Explican que la reivindicación a los derechos de los Pueblos Indígenas actualmente tiene carácter constitucional por lo que no debe quedar relegada a los Derechos Humanos y el Derecho Penal, sino que desde todas las órbitas del derecho se deben efectivizar esos derechos reconocidos.

En esta tercera parte, la autora continúa el análisis del instituto “Solvet et Repet” desde lo establecido por la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy y la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, en las sentencias ¨Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.) vs. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)” de la CSJN, “Compañía Argentina de Marketing Directo S.A. c/ DNCI s/Defensa del Consumidor” de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, “Bernárdez Silvia c/ Ceferino S.A.” del Poder Judicial de Río Negro y en la doctrina de Carlos Alberto Liz en “La reforma constitucional de 1994 y la inconstitucionalidad del solve et repete”.

En esta segunda parte, la autora continúa explicando el pago previo en la Ley 24.240 desde un análisis realizado a partir del artículo “El debido proceso sustancial y las garantías constitucionales necesarias para la seguridad jurídica”, de Gozaini, del libro “Cuso de Finanzas y Derecho Financiero” de Villegas y, por último, de la sentencia “AMX Argentina S.A.”

La autora efectúa un análisis respecto de la constitucionalidad de la exigencia de pago previo de una multa para habilitar la instancia judicial (Art. 45 Ley 24.2140). El objetivo es tratar de considerar si corresponde o no la aplicación de una norma que establece esto y si se contrapone con los Tratados Internacionales incorporados en la reforma constitucional de 1994 y con nuestra Carta Magna. Además, analiza si dicho pago previo genera posiciones de desigualdad dependiendo de la capacidad económica que posea el recurrente para afrontar la pena sujeta a revisión. Por último, clarifica la diferencia de aplicar este instituto (conocido como “Solve et Repete”) en materia tributaria y en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor, específicamente respecto del sistema sancionatorio de las multas aplicadas por la misma.

El autor analiza el marco jurídico aplicable relativo a las obligaciones en cabeza de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y sus efectores (o prestadores), respecto de los trabajadores accidentados, poniendo énfasis en los preceptos establecidos en régimen tuitivo del consumidor. Concluye que una afectación en su integridad psicofísica derivada de un accidente o enfermedad profesional requiere que el dispositivo protectorio del Derecho se active a los efectos de proteger este bien jurídico de máxima jerarquía.

El autor analiza la disposición emitida desde la Dirección Nacional de Registros del Automotor y Créditos Prendarios que avanza en la modalidad y operatividad de la transferencia de dominio en materia del régimen jurídico del automotor y motovehículos. Concluye que un sistema registral constitutivo como el nuestro se encamina a profundizar la senda de la digitalización y seguridad jurídica mediante la operatividad y el control informático.

El autor analiza la normativa vigente en torno al deber de trato digno a los consumidores y usuarios, a raíz de las inspecciones realizadas por la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, con motivo de reiteradas denuncias de maltrato y falta de atención digna a los adultos mayores por parte de un Banco privado