El autor analiza la jurisdicción que corresponde a las materias que tengan que ver con el uso de Internet, a partir de un amparo reciente presentado en la CABA. Concluye que, no obstante todo indica que la competencia debe ser federal, debe aguardarse a que se expida del TSJ.

El autor analiza la Acordada 12/16 dictada por la Corte Suprema. Concluye que el legislador ha quedado en deuda desde 1994, al no regular los procesos colectivos, y que este acto muestra un positivo activismo judicial que promueve el acceso a la justicia.

La autora analiza la situación en que se encuentra un grupo de damnificados, por una causa fáctica común, que no se encuadra en los términos de “relación de consumo” de la Ley 24.240. Concluye que, para que los damnificados puedan ser representados en causa colectiva por asociaciones de defensa del consumidor, la demanda debe estar fundada en una relación de consumo estrictamente.

En este artículo, el autor analiza la situación de los profesionales liberales en sus distintas situaciones: los que tienen título habilitante, los que no, y los que tienen comité de ética y los que no. Concluye que en esos casos habrá que ver en cada situación si aplica la LDC; los únicos casos que no dan lugar a duda son los de los profesionales que prestan servicios que no hacen a su quehacer.

En esta segunda entrega, el autor analiza las consecuencias de la “intromisión” del derecho constitucional en el derecho privado en relación a la interpretación del principio “in dubio pro consumidor”.

El autor realiza un análisis del principio de la interpretación más favorable al consumidor y su recepción -y consecuencias- en el CCyC, ilustrándolo con una jurisprudencia que es incluso anterior a su entrada en vigencia.

En esta primera entrega, el autor analiza las posturas del beneficio de justicia gratuita de los consumidores, en comparación con el beneficio de litigar sin gastos, las posturas existentes y el tratamiento en la jurisprudencia actual.

En esta primera entrega, el autor analiza las posturas del beneficio de justicia gratuita de los consumidores, en comparación con el beneficio de litigar sin gastos, las posturas existentes y el tratamiento en la jurisprudencia actual.

El plazo de entrega de los bienes, al generar una expectativa legítima en el consumidor, tiene prevista sanción por su incumplimiento. El autor nos cuenta cuál es la problemática actual frente a dicha sanción, teniendo en cuenta su regulación actual, analizando cuáles son las objeciones constitucionales que podrían formulársele.

El autor, primer Defensor del Pueblo de la Nación, nos cuenta cuáles son los propósitos y fines de dicha institución constitucional, con un breve repaso de su historia. Asimismo, se interroga acerca de los efectos de la acefalía que presenta la institución desde el 2009.