La autora analiza la figura del contrato electrónico, según la evolución de su marco normativo en el ordenamiento jurídico nacional. Concluye que, no obstante sus particularidades, para la causa, objeto y efectos se aplican las reglas generales de los contratos.

El autor observa el régimen del derecho de consumo a lo largo de la historia jurídica argentina, observando el cambio de mirada hacia un sistema protectorio del consumidor como persona que se enfrenta a un proveedor. Concluye que la aplicación de dicho principio es una manda constitucional que queda en manos del poder judicial para hacerlo efectivo.

A raíz de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, respecto al acceso a la información, observa la posibilidad del retorno al soporte físico por sobre el soporte informático para garantizar el acceso. Concluye que la opción por el soporte físico o informático siempre está en cabeza del consumidor.

El autor toma los distintos modos de resolución de conflictos de consumo, y remarca la utilidad del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Concluye que, en las relaciones de consumo, el arbitraje es una herramienta útil que no tiene tanto uso como debería, tal como se ve en otros países.

El autor toma los distintos supuestos que pueden conllevar una erogación monetaria de los consumidores y usuarios en el marco de un proceso, y los analiza conforme el marco normativo vigente y la jurisprudencia de la CSJN. Concluye que el máximo tribunal se inclina por la “tesis amplia” donde la gratuidad alcanza a las eventuales costas.

El autor reflexiona acerca de la autonomía de la Ciudad y su impacto en el fuero de consumo. Concluye que en este marco resultaría oportuno que sea la propia CABA quien inste la legislación correspondiente para encauzar de manera efectiva los conflictos que se presenten en su jurisdicción.

El autor evidencia la colisión que podría surgir a partir del principio de irretroactividad de las leyes y de las facultades judiciales de modificar ciertos contratos en las relaciones de consumo. Concluye que, atento al carácter constitucional del principio protectorio del consumidor, es posible en supuestos extraordinario hacer lugar a la retroactividad en caso de perjuicio de los usuarios y consumidores.

Analiza el alcance de la autonomía de la voluntad en los contratos antes y después de la entrada en vigencia del CCyC. Concluye que este último ha recortado dicha autonomía, en pos de la protección de la parte más débil y dicha postura es condescendiente con la manda constitucional.

La autora analiza el fenómeno de comprar en la sociedad de la información, teniendo en cuenta la regulación que al respecto realiza el CCyC. Concluye que dicha incorporación es positiva, puesto que la forma de ser consumidor/a cambió, pero resta ver los efectos de ella operando.

El autor analiza los efectos concretos que tendrá la entrada en vigencia del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos. Concluye que para suplir los vacíos deberá recurrirse a otras normas, más allá del Código Procesal, agregando que la acción podría ser denegada una vez transcurrida la primer audiencia informativa.