Comercial, Económico y Empresarial

En esta segunda parte el autor analiza los casos particulares de acreedores que la doctrina considera excluidos o incluidos dentro de la imposibilidad de solicitar la quiebra, prevista en el artículo 81 de la L.C. Señala que las incompatibilidades se aplican a las quiebras indirectas o por exclusión. Aclara que, a pesar de que los acreedores incluidos en dicho artículo no pueden solicitar la quiebra, ello no empece a que verifiquen sus créditos y puedan cobrar su acreencia tanto en una quiebra posterior o en una individual.

El presente corresponde a la continuación del artículo publicado en el Diario Nº 226 (23.10.2019)

En esta primera parte el autor analiza los casos de acreedores excluidos de la posibilidad de solicitar la quiebra, previstos en el artículo 81 de la L.C. Sostiene que la razón de la exclusión es la protección de la familia. Revisa los antecedentes de dicha norma y se refiere a los casos contemplados en la misma.

El autor se refiere al funcionamiento de los pequeños concursos y quiebras. Analiza los criterios para caracterizar un pequeño concurso o quiebra y sostiene que los mismos deben presentarse de manera alternativa y no acumulativa. Señala que el artículo 289 LCQ dispone el régimen aplicable al pequeño concurso pudiendo entenderse como salvedades al régimen de grandes concursos y quiebras. Concluye que el régimen analizado coexiste con falencias y que existe la necesidad de regular pormenorizadamente diferentes procesos para distintos sujetos concursales.

En esta segunda parte el autor sostiene que la intervención concursal debe llegar oportunamente para llegar a la recuperación empresaria y evitar la propagación de la crisis. Analiza los efectos prácticos que tiene el concursamiento tardío y señala que genera responsabilidad de los administradores. Establece que es posible comprender como dolosas las conductas de los administradores que realizan actos que si bien no tienen como fin generar un daño, se representan la posibilidad de ocasionarlo y continúan con su accionar.>>

El presente corresponde a la continuación del artículo publicado en el Diario 222 – (25.09.2019).

En esta primera parte el autor se refiere al foro de necesidad en los contratos de consumo concluidos de manera electrónica. Establece que se encuentra regulado en el artículo 2602 del CCCN y que surge jurisprudencialmente de la causa Vlasov. Repasa los requisitos que el Código establece para que el juez pueda declararse competente y explica que sería difícil imaginar un caso en la práctica en que se den todos los requisitos conjuntamente. Sostiene que tiene carácter excepcional y que su fin es evitar la denegación de Justicia.

En esta primera parte, el autor reafirma la importancia de una presentación oportuna o tempestiva en concurso preventivo. Sostiene que existen vinculaciones entre el derecho societario y el derecho concursal y, por lo tanto, considera que existe un derecho societario de crisis. Explica que el capital social es un elemento esencial del contrato de sociedad y resalta su función de garantía. Afirma que su pérdida funciona como una alarma preconcursal y que, cuando existen disminuciones, los administradores deben convocar a asamblea de accionistas.

El autor se refiere al artículo 56, párrafo 7 de la L.C. Afirma que se dan importantes controversias en la doctrina y en la jurisprudencia en relación al plazo de seis meses que otorga para verificar una sentencia tramitada en un Tribunal diferente al del concurso, a pesar de que haya transcurrido el plazo de dos años, y analiza cada postura. Concluye que la presentación de la planilla debe considerarse interruptiva de la prescripción y que el plazo de seis meses no puede contarse desde que está firme la sentencia.

El autor se refiere a la autorización de pagos urgentes cuando el acreedor laboral requiere fondos para atender necesidades de salud, alimentarias y otras contingencias que no admitan demora. Considera que esta incorporación es resultado de la constitucionalización del derecho privado. Concluye que la incorporación comporta una nueva forma de pensar el principio de igualdad y constituye un avance a la hora de tutelar a los más débiles.

El autor analiza la importancia de los créditos con privilegios en las quiebras y recuerda las definiciones que se le han dado. Asimismo, sostiene que el sistema cerrado de privilegios concursales que surge de la L.C. se encuentra en crisis y menciona jurisprudencia en relación con ello. Concluye que es necesario repensar los privilegios y lograr un diálogo de fuentes entre el derecho concursal y el derecho constitucional de acuerdo a los fallos que apunta. Agrega que los decisorios a los que refiere, confirman la operatividad del Convenio OIT Nº 173.

La autora analiza el supuesto de quiebra por sobreendeudamiento de los consumidores. Explica que la jurisprudencia ha ido variando su postura en relación a este pedido. Relaciona las obligaciones que surgen del CCCN y de los Tratados de Derechos Humanos y expresa que vulnerabilidad es un cimiento para la apertura del proceso falencial. Se refiere a un curioso precedente que considera que el sobreendeudamiento involucra también al acreedor y analiza la Ley española de la Segunda Oportunidad.