Comercial, Económico y Empresarial

El autor analiza el efecto que produce la presentación de concurso o la declaración de quiebra del deudor principal sobre el contrato de fianza. Se refiere a los impactos que el Código Civil y Comercial de la Nación produjo en la ley concursal, al regular las excepciones al beneficio de excusión.

El autor se refiere a los efectos de la declaración de quiebra del deudor alimentario en relación al crédito alimentario. Señala que el acreedor alimentario solo puede verificar en la quiebra los importes que corresponden a períodos anteriores a la declaración y analiza las críticas de la doctrina a la norma bajo análisis. Se refiere asimismo al modo y a los fondos con los que el fallido podrá afrontar los pagos de los alimentos.

El autor analiza el rol activo del trabajador en el control del proceso concursal del empleador otorgado por la Ley 26648. Señala que la notificación de la audiencia informativa a los trabajadores  tiene relevancia a fin de que estos puedan pedir información a sus representantes del Comité de Control. Analiza la posibilidad que les otorga la norma de revisar legajos y ser informados de los créditos

El autor analiza la legislación francesa en materia de soluciones paliativas de sobreendeudamiento de los consumidores. Repasa los principales lineamientos, tales como los presupuestos subjetivo y objetivo y las etapas del procedimiento. En la conclusión señala que celebra soluciones como la otorgada por dicha regulación

El autor analiza la posibilidad de que una Sociedad de la Sección IV de la Ley General de Sociedades puede ser socia de una Sociedad por Acciones Simplificada. Señala que no existe obstáculo para asociarse. Concluye que no existe norma que prohíba la asociación bajo análisis y explica que el juego de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General de Sociedades y la Ley de SAS bajo su criterio, lo admite.

En esta segunda parte la autora continúa con el análisis jurisprudencial. Señala que existen algunos pronunciamientos que echan luz en relación a las pretensiones del consumidor sobreendeudado y describe las técnicas que han usado los jueces para sanear los estados de insolvencia. Concluye que la pretensión preventiva podría un contenido orientado a hacer cesar los descuentos y depósitos.

El presente corresponde a la continuación del artículo publicado en el Diario Nº 232 (27.11.2019)

En esta primera parte la autora sostiene que en casos de consumidores sobreendeudados, la acción preventiva se erige como una herramienta procesal idónea a fin de evitar el rechazo de un pedido de apertura concursal, o como alternativa una vez consumado aquel. Señala la necesidad de lograr la tutela judicial efectiva ya que el rechazo de los pedidos de quiebra del consumidor no pueden importar una condena a la indigencia.

El autor se refiere al artículo 150 de la L.C. que consagra una prohibición de concurrencia para los socios ilimitadamente responsables en la quiebra de la sociedad. Sostiene que la norma beneficia a los acreedores. Concluye que la solución adoptada no resulta razonable y que se discrimina a los créditos de los socios contra la sociedad, beneficiando sin razón a los demás acreedores

El autor analiza los sistemas procesales de los concursos existentes: Privatismo y Publicismo. Explica que la Ley 24522 ha exacerbado el privatismo y que la reforma de 2002 de la Ley 25589 ha equilibrado efectos. Sostiene que los efectos del privatismo pueden observarse en la incorporaci{on de acuerdos preconcursales y con la categorización de acreedores y el Comité de Acreedores. En relación al publicismo señala que su retorno se consolidó en 2011 para tutelar el empleo y a los trabajadores. Concluye que las leyes no deben exacerbar los sistemas sino que deben equilibrar ambos.

El autor analiza la Directiva 2019/1023 de la Unión Europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Señala que su objetivo es eliminar los obstáculos a la libre circulación de capitales y que se aplica sólo a los empresarios insolventes. Se refiere a los principales puntos de la Directiva.