Comercial, Económico y Empresarial

El autor analiza el art. 1656 del Código Civil y Comercial junto con las dos cuestiones que, a partir de su redacción, complican el panorama de los laudos arbitrales: la revisión judicial del laudo por causales de nulidad total o parcial en cuestiones de fondo y la imposibilidad de renunciar a la impugnación judicial del laudo contrario al ordenamiento jurídico. Concluye que se necesita urgente la reforma del mencionado artículo cuya confusa redacción ha desalentado la utilización del arbitraje en Argentina y la elección de nuestro país como sede arbitral.

El autor analiza una de las características centrales de la Sociedad por Acciones Simplificada regulada en el art. 36 de la Ley 27.349, que resalta la autonomía de la voluntad de los socios para pactar libremente las cláusulas del contrato constitutivo. Concluye que el instrumento de control para los socios de las SAS va a estar dado por los principios de buena fe y abuso del derecho que se encuentran en el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación.

La autora analiza la situación de cobro de quien no se presentó a insinuar su crédito ante el síndico ni ocurrió por la vía de verificación tardía, llamado “acreedor no concurrente”, según sea el modo de conclusión de la quiebra del fallido. Concluye que su inactividad no podrá derivar en ventajas sobre los acreedores concurrentes, quedando en la misma posición que los acreedores del concurso.

El autor analiza la situación del subadquirente luego de una declaración de ineficacia concursal en cuanto a la aplicación de la Ley de Concursos y Quiebras o determinada protección propia de la venta inmobiliaria, receptada en el Código Civil y Comercial. Concluye que el estudio de títulos es extremadamente relevante, pues dará noticia a los terceros de las transmisiones acerca de la existencia de ventas en período de sospecha y del estado falencial del primer vendedor.

El autor analiza los casos especiales de intervención judicial prevista en los arts. 113 y 117 de la Ley de Sociedades Comerciales con la finalidad de proteger a la persona societaria por la falta de “affectio societatis”. Concluye que la disolución de oficio por parte del juez es un medio jurídico permitido por la propia ley cuando la sociedad entra en un estado de gravedad insoluble.

El autor analiza las modificaciones de la Ley N°19550 luego de sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, en relación con la evolución de las sociedades por acciones simplificadas, las familiares y la creación de las unipersonales. Asimismo, sostiene que en el camino hacia una flexibilización societaria la legislación vigente contempla tanto aciertos como desprolijidades que se deberán subsanar en el futuro.

El autor desarrolla qué ocurre en aquellos casos en los cuales el ejecutante paraliza su accionar y, luego de muchos años, al querer liquidar, se encuentra con un monto exorbitante. Concluye que el juez comercial puede morigerar para evitar una desproporción, pero la misma debe ser demostrada.

El autor analiza la quiebra “refleja”, según la cual la falencia de la sociedad importa la de los socios implicando responsabilidad ilimitada, a la luz de las modificaciones originadas por la aparición de las nuevas sociedades simples, subsanables y residuales. Concluye que estamos frente a un cambio de paradigma, con un nuevo régimen de responsabilidad, y que la ilimitación de la responsabilidad es consecuencia del vínculo jurídico elegido.

El autor repara sobre la nueva regulación de la cesión de derechos (ex cesión de créditos) advirtiendo que la redacción terminó con la discusión doctrinaria sobre la procedencia oposición de la cesión antes o después de la notificación. Concluye que la nueva redacción aventajó al Código de Vélez por ser más clara y precisa.

El autor desarrolla la diferencia de la “cesión de créditos” (ahora “cesión de derechos”) según el Código velezano y el CCyC. Seguidamente, realiza una comparación de las distintas consecuencias que cada régimen tenía en el proceso concursal y concluye que ahora para que las cesiones puedan ser oponidas al proceso falencial deben ser notificadas al deudor cedido antes de la presentación en concurso o quiebra.