El autor analiza el contrato de círculo de ahorro entendido como contrato de consumo y, por lo tanto, pasible de aplicarse la perspectiva tuitiva y pautas interpretativas en beneficio del consumidor. Concluye que todos los actores del negocio deben estar dispuestos a que se privilegie una adecuada información que refleje certeza y que no haga más que acentuar la preservación de un negocio transparente y confiable.

El autor analiza la cuestión atinente a si el cramdown power es aplicable primariamente en caso de que se den los supuestos para su procedencia, cuando también resulte expedita la vía del salvataje. Concluye que el cramdown power debe primar ya que la aplicación del salvataje es de última ratio en el orden concursal, siendo utilizable con anterioridad siempre que sean más beneficiosas otras soluciones que puedan evitar el decreto de quiebra del deudor.

En esta segunda parte, el autor continúa analizando el alcance de la cosa juzgada material de la sentencia verificatoria, instituto que, según parte de la doctrina, reconoce un doble ámbito de validez: el intraconcursal y el ultraconcursal. Concluye que la publicidad del crédito privilegiado resulta sobradamente cumplida mediante la presentación y reconocimiento en el marco del proceso falencial y que insistir con la necesidad de la reinscripción ante un registro importaría un inútil dispendio de la actividad del magistrado concursal que carecería de utilidad práctica.

El autor analiza la sentencia de la Sala C de la Cámara Nacional Comercial que revocó el decisorio de la anterior instancia que había rechazado la solicitud de emplazamiento intentada por el banco ejecutante por encontrarse caduca la inscripción registral del certificado prendario. Concluye desarrollando la contienda entre un sector de la doctrina, que considera que el pedido de verificación impide la caducidad el derecho y torna innecesaria la reinscripción registral y otro, que entiende que la falta de reinscripción provoca su caducidad de pleno derecho, extinguiéndose el privilegio.

El autor analiza el art. 1836 del Código Civil y Comercial que introduce como disposición general un parámetro distinto sobre responsabilidad: solo los creadores del título quedan obligados solidariamente al pago, pero no los restantes intervinientes. Concluye que dicho cuerpo normativo debió receptar el principio clásico en la materia sobre solidaridad en caso de obligados múltiples, con la finalidad de preservar adecuadamente aquellos parámetros de seguridad y facilidad en las transacciones patrimoniales antes referidos.

En esta segunda parte, el autor analiza el vacío normativo en el régimen legal para la salida del territorio argentino del concursado o quebrado, debido a que la Ley de Concursos y Quiebras regula cuándo finaliza la vigencia del régimen en el marco de una quiebra pero no en un concurso. Concluye que si la presencia del obligado es necesaria a los efectos del art. 102 LCQ pero, simultáneamente, el obligado tiene necesidad y urgencia evidente de salir del país, el juez debe autorizarlo.

El autor analiza los art. 25 y 103 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establecen el régimen legal para la salida del territorio argentino del concursado o quebrado como una medida de seguridad de naturaleza procesal y no como una pena o prohibición. Concluye que el derecho constitucional de salir libremente del país no es absoluto y que dicha ley reglamenta dicho derecho de manera razonable y justificada.

El autor analiza el daño punitivo, instituto introducido en nuestra legislación con la sanción de la Ley 26.361, que reformó la ley de Defensa del Consumidor en el art. 52 bis y generó un gran debate doctrinario con posturas a favor y en contra de la figura. Concluye que la introducción de los daños punitivos implica reconocer que la responsabilidad civil, al lado de su función típica que sin dudas consiste en reparar, también puede y debe cumplir finalidades complementarias a los fines de la prevención y punición de ciertas conductas.

El autor analiza el “crowdfunding” y “crowdsourcing”, sistemas de cooperación colectiva llevados a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos y que constituyen herramientas para financiar esfuerzos o iniciativas de otras personas u organizaciones. Concluye explicando que la Comisión Nacional de Valores en la Resolución General 700/2017 invitó a la ciudadanía para que opine respecto de la adopción de una reglamentación sobre “Sistemas de Financiamiento Colectivo” en términos de la Ley 27.349.

El autor analiza el art. 35 de la Ley 27.349 que prevé dos modos de constitución de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): por instrumento público o privado y por medios digitales con firma digital. Concluye que la SAS es un instrumento vital para el desenvolvimiento de una nueva realidad negocial de mercados modernos en plena evolución.