El autor realiza un pormenorizado análisis de las distintas posibilidades de imputación de responsabilidad civil contra los Magistrados en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, distingue conductas culposas de dolosas, explicando en qué casos cabría uno u otro reproche y los efectos que cada una de ellas acarrea.

En su primera parte, el autor repasa brevemente lo desarrollado bajo el texto titulado “El poder judicial corrige sus errores (necesidad de agotar la vía recursiva)”, por Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas. Acto seguido, enuncia las distintas obligaciones legales que les imponen imperativamente a los Magistrados los Códigos Procesales Civil y Comercial de la Nación y de las Provincias.

El autor analiza el instituto de la indemnización por incapacidad permanente. Indaga tanto en la doctrina, como en las disposiciones del Código Civil y Comercial y en el criterio de la jurisprudencia. Asimismo, destaca la diferencia respecto de la incapacidad transitoria y concluye inmiscuyéndose en la difícil tarea de cuantificar el “valor vida” en este contexto.

El autor plantea un análisis pormenorizado de las disposiciones del Código Civil y Comercial en lo referente a la supuestos de presunción legal indemnizable por fallecimiento, o incapacidad sobreviniente. En esta primera parte interpreta cada uno de los incisos del artículo 1745, referente a la indemnización por fallecimiento.

El autor desarrolla una breve crítica a la aplicación del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, regulador del instituto del daño punitivo. Al respecto, resalta que si bien esta figura sirve a los fines de sancionar con severidad conductas que repercuten más allá de la relación de consumo, en la práctica actual no se le dá dicha aplicación.

La autora realiza un detallado análisis del instituto de la eximición de responsabilidad por el hecho de un tercero, en los casos de responsabilidad civil. Concluye sosteniendo que quien invoca la causal bajo análisis como eximente deberá individualizar al tercero a quien se le endilga la responsabilidad y traerlo a juicio para demostrar la relación de causalidad.

El autor concluye su análisis afirmando que, con el nuevo Código, el Legislador ha atribuido al juez la distribución de la carga probatoria, según quién se encuentre en mejores condiciones para su producción, lo que, sin embargo, aún no es aceptado en forma unánime por la doctrina.

El autor continúa su análisis en torno a la carga probatoria en lo atinente a la prueba del daño. En esta segunda parte, desarrolla la teoría de las cargas probatorias dinámicas, consistente en la idea de constituir una regla que permite al juez en el caso concreto determinar cuál de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho.

El autor ofrece un análisis sobre la prueba del daño y las cargas probatorias según lo normado en el Código Civil y Comercial de la Nación, deteniéndose en los casos de presunción del daño, así como en el rol del Juez como administrador de justicia y sus facultades en relación a este instituto.

El autor analiza el  principio de acceso a un consumo sustentable regulado en el Código Civil y Comercial, sus propósitos, implicancias y aplicación. Concluye afirmando que el sistema legal del consumo no pone foco únicamente en la protección del consumidor, dado que el principio de sustentabilidad ha implicado hoy una mirada de equidad intergeneracional.