Civil y Obligaciones

El autor sostiene que la referencia que el nuevo Código Civil y Comercial realiza sobre los bienes exceptuados a la garantía común de los acreedores a través de leyes especiales que los declaren inembargables e inejecutables (art. 242), no puede entenderse razonablemente como comprensiva del supuesto puntual de la ley 14.432 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, cuanto menos en relación a las obligaciones surgidas con anterioridad a la vigencia de dicha ley.

El autor sostiene que el nuevo Código en su art. 1973 CCC, mejora un poco la redacción de la norma velezana, pero sigue sus lineamientos fundamentales, por lo cual la interesante doctrina judicial labrada en base al art. 2618 C. Vélez en buena medida resulta aplicable al nuevo texto legal, dada la equivalencia  sustancial de ambas normas.

La autora sostiene que bajo el imperio del Código Civil y Comercial de la Nación, se establece una nueva clasificación de las cosas, en relación al objeto de la  propiedad horizontal.

El autor analiza algunos aspecto de la situación actual del proceso judicial y sostiene que la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial —que cristalizó la “constitucionalización” del derecho privado y contiene una gran cantidad de normas procesales— sirvió para poner en agenda la necesidad de reformar el proceso civil, para armonizarlo con el reciente ordenamiento de fondo y lograr que sirva de adecuado vehículo para el resguardo de los derechos.

La autora analiza la protección del asegurado a partir de la influencia del nuevo Código de fondo, concluyendo que tal protección resulta clara y conduce a nuevas fronteras en la responsabilidad del asegurador en nuestro país.

El autor analiza las consecuencias que se siguen a raíz de que la ley 26.994 aprobatoria del  Código Civil y Comercial de la Nación selló el fin del complejo y convaleciente régimen de prehorizontalidad antes regido por la ley 19.724, la que a partir de agosto del corriente año ya no tiene más vigencia.

El autor concluye que, sin dudas, la figura del juzgador en el nuevo paradigma neoconstitucional y –ahora entre nosotros- fondal (art. 3 CCyCN), exige que la función  de resolver controversias sea acabadamente explicitada en la resolución del caso.

El autor analiza la reciente Acordada 12/16, por la que la Corte aprobó el Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos y concluye que  se trata de un acto de gobierno de la CSJN que supera toda crítica que podría realizársele.

El autor concluye que la regulación de la responsabilidad estatal es materia reivindicada tanto por el Derecho Público como por el Privado y se exponen algunas de las reflexiones que genera el texto de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional.

El autor desarrolla una serie de consideraciones entorno al debate tendiente a delimitar, con mayor claridad, la categoría jurídica de consumidor cuando la que adquiere el bien o contrata un servicio es una empresa.