El autor desarrolla qué es el contrato de distribución y cómo está regulado el preaviso otorgado por una de las partes al rescindir unilateralmente el contrato. Luego de explicar cómo esta normativa podría dar lugar a distintos inconvenientes, concluye que, mediante la figura del ejercicio abusivo del derecho, el juez podrá determinar si el preaviso ha sido razonable o fijar un resarcimiento prudencial.

El autor comenta el reciente fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social y analiza sus principales fundamentos. Concluye que todos los habitantes deben concurrir al sostenimiento del país acorde a su capacidad contributiva y que, en caso de seguirse el criterio del fallo en análisis, existe el peligro de que no se permita deducir las contribuciones a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

En esta segunda parte, el autor plantea la necesidad de un cambio de paradigma sobre el enfoque dado a la reparación de los daños. Concluye que con las facilidades hoy existentes para tasar daños es conveniente darle al órgano administrador la posibilidad de reparar sin obligar a la persona a recurrir a sede judicial.

El autor repasa el régimen normativo consumeril, para luego desarrollar las especificidades correspondientes a quienes realizan compras por Internet. Concluye que en los puntos que se da mayor vulnerabilidad, en comparación con el consumidor tradicional, está justificada una protección mayor y remarca el carácter de orden público de todas las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

La autora repara sobre los requisitos de procedencia de la tutela preventiva, en relación al daño en juego. A modo de conclusión, identifica que la prevención del daño involucra el trinomio: evitar -mitigar-no agravar, que incumbe a todas las personas por igual (incluso a la propia víctima).

El autor propone un análisis político-constitucional de las crisis institucionales, reparando en el caso de la experiencia brasilera. Identificando la desintegración ideológica que aqueja al sistema partidario, concluye que es necesaria una reforma constitucional en Brasil que establezca el sistema de voto distrital para darle mayor estabilidad al sistema.

La autora explica cómo surgen históricamente los métodos alternativos de resolución de conflictos y desarrolla la amplia variedad de los mismos. Luego de explicar cómo ocurrió la sanción de la Ley de Mediación y Conciliación en Argentina, concluye que el ciudadano debería conocer el abanico de posibilidades que tiene para resolver sus conflictos.

El autor analiza el funcionamiento de la “Ley del arrepentido”, que establece un sistema de premios para aquellas personas imputadas que colaboren con la acusación pública. Concluye que en casos de simulación se da una paradoja donde mientras los autores principales del hecho punible podrían verse alcanzados por los beneficios, quienes tienen una participación menor en el hecho típico sufren la amenaza de una escala penal superior.

La autora plantea la posibilidad de conciliación entre el derecho ambiental y el derecho del consumidor con el derecho a la información como herramienta. Preguntándose si la obligación de informar de los proveedores comprende los aspectos ambientales, concluye que la educación para un consumo sustentable es un requisito fundamental para poder modificar los hábitos de consumo que colisionan con la protección ambiental.

La autora analiza un fallo emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo respecto de la competencia en los accidentes laborales. Este tribunal revoca la decisión de primera instancia –que establecía la competencia comisión médica jurisdiccional–y declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, ya que la Provincia donde ocurrieron los hechos no adhirió a la normativa. Concluye que la ley vulnera el derecho a peticionar y que debería declararse la inconstitucionalidad de los primeros dos artículos de la norma mencionada.