Home / Area / SECCIÓN ESPECIAL: PERÚ Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro 179 – 26.02.2018


SECCIÓN ESPECIAL: PERÚ

Perú y crisis de gobernabilidad – Corrupción política, brechas legislativas y tecnológicas conspiran contra el Estado de Derecho y el desarrollo nacional (Parte II)

Por Enrique Peramás Díaz*

CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción política entendida como el abuso del poder dentro de la esfera estatal por el que se conceden beneficios indebidos a los agentes privados, no solo es de vieja data en la historia de la humanidad, sino también, la manifestación dolosa de una alianza perversa que más resiste la acción de la lucha cualesquiera sean sus motivaciones: morales, éticas o legales. Aun cuando hay políticas y alianzas anticorrupción que alientan penas y sanciones diversas que van desde el castigo, maltrato público, destitución y condenas severas como la pena de muerte, la corrupción no se ha detenido.

En opinión del historiador peruano Alfonso W. Quiroz (2013) en su obra Historia de Corrupción en el Perú quien es quizá el investigador que mejor documenta la corrupción, se anima a decir que es de carácter sistémico en el país puesto que se ha manifestado todo el tiempo. Con la ayuda de datos y estudios a los diferentes periodos de Gobierno que van desde 1800 hasta 2000, sostuvo que los altos índices de corrupción coincidieron con regímenes autoritarios durante el ocaso del virreinato y la naciente República que sufrió la aventura del militarismo y su alianza con el poder de la oligarquía.

A propósito de la carcelería que venía cumpliendo el expresidente A. Fujimori gracias al trabajo de la Justicia por varios delitos y en curso la investigación de otros diversos y que, contra todo atisbo de legitimidad, ha merecido la gracia presidencial, el historiador A. Quiroz ha referido que el régimen que gobernó entre 1990 y 2000 ha sido el más corrupto de la historia y ha estimado que la corrupción llegó a representar el 2,5% como valor del producto bruto interno -PBI. Concluía su trabajo, haciendo un llamado a la reflexión y en la necesidad de ponerle límites mediante reformas constitucionales que alcancen al sistema político y al sistema económico, la reforma judicial y, entre otros aspectos, la modernización de la educación.

Es evidente el avance de la legislación y regulación del desempeño público a que se refiere el Derecho Público, pero no suficiente aún, hace falta una mayor interrelación gubernamental para la cooperación y una mejor participación ciudadana. Al respecto, la organización no gubernamental Transparencia Internacional –TI desde 1993 promueve una cultura de lucha contra la corrupción política y para el efecto difunde datos e información sobre la percepción de la corrupción alrededor del mundo para apoyar una mejor política pública anticorrupción.

No obstante, el Informe 2016 sobre el Índice de Percepción de la Corrupción de TI (2017) dio cuenta de que, pese a los esfuerzos realizados por 176 países evaluados, el 69% de ellos obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre una puntuación de 0 a 100 (0 mayor corrupción y 100 ínfimos niveles de corrupción), evidenciándose un carácter masivo de la corrupción en el sector público en todo el mundo. En la visión de TI, la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente.

Con relación a la región latinoamericana, el Informe 2017 sobre el Barómetro Global de la Corrupción de TI (2017), igualmente ratifica la tendencia de que la corrupción está en aumento, siendo alarmantes los registros alcanzados por Brasil, Perú, Chile y Venezuela en donde entre el 78% y 87% de los encuestados percibió que la corrupción había aumentado; siendo mucho menor la percepción entre los ciudadanos de Argentina y Guatemala donde la percepción representó entre el 41% y 42%.

De acuerdo con otros datos ofrecidos por TI, la policía y los políticos son vistos como los más corruptos, que los gobiernos no están haciendo bien su trabajo, que casi un tercio de los usuarios de servicios públicos pagó sobornos, que los riesgos son más altos para acceder a los centros de salud y las escuelas; asimismo, que solo un ínfima parte de la población afectada, denuncia los actos de corrupción. Como dato aleccionador estaba el hecho que cuando menos 7 de cada 10 ciudadanos estaban dispuestos a sumarse a la lucha contra la corrupción.

Igual que la iniciativa de TI y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos –OCDE que impulsa acuerdos globales Antisoborno desde el Sector Privado, existen otras que corresponden a organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo –BID que se suman a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas –ONU que promueve la realización de los acuerdos de la Convención Contra la Corrupción y de la Organización de Estados Americanos -OEA en la Convención Interamericana con el mismo fin.

A partir de esos instrumentos y mecanismos de cooperación e intervención internacional se ha configurado una Alianza Global Anticorrupción que se apoya en la legislación y regulación que adopta cada cual país para dar cumplimiento a los acuerdos que, en muchos de los casos, explican la naturaleza de los planes nacionales de lucha contra la corrupción. Sin embargo, esto no es suficiente porque persisten brechas legislativas en la medida que las normas no siempre desembocan en arreglos institucionales que cambien la estructura, organización y funcionamiento del aparato público.

En lo que concierne a Perú, el Informe de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial –WEF (por sus siglas inglés) de reciente publicación (2017) al dar cuenta de que el país retrocede cinco posiciones solo en el curso de un año por el mal desempeño de más de una centena de indicadores evaluados al pasar del puesto 67° que logró en el IGC 2016-2017 al puesto 72° en el IGC 2017-2018; asimismo, ha precisado que los dos primeros factores de mayor riesgo para hacer negocios es la corrupción (18%) y la ineficiente gestión de la burocracia estatal (13,9%).

Sobre el mismo tópico, un informe que mide la percepción ciudadana sobre la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI (2017), dio cuenta que en el periodo enero y julio 2017, el 50% de la población ubica a la corrupción como uno de los principales problemas del país, seguido de la delincuencia 43,1% y mucho más atrás, la pobreza con 20,1%. Respecto de la confianza en las instituciones los resultados muestran que la desafección en el Congreso (8,2%) y los partidos políticos (4,8%) es particularmente dramática. Como alivio se tiene que el 57% tiene afección con la democracia.

El escenario que hoy se tiene es que, no se aprendió la lección del periodo 1990-2000. A raíz dcl escándalo del caso judicial brasileño “Lava Jato” y ante la evidencia de que entre 2000 y 2015 hubo avances muy pobres en materia de lucha contra la corrupción, las elecciones generales que llevaron a la presidencia a un trajinado economista en la cuestión pública y las finanzas como es P. P. Kuczinski se esperaba un mejor desempeño y que, realmente liderara la lucha anticorrupción impulsando las reformas necesarias y dando mayor apoyo a la labor de Justicia, incluso fue un alivio saber de la designación de la Comisión Presidencial de Integridad en octubre 2016 para que las personalidades que la integraban examinarán la situación actual y propusieran las medidas más convenientes.

La decepción ciudadana, sin embargo, no se sustentó en la nula utilidad del trabajo de esa Comisión (2016) que elevó un informe recomendando cien medidas de política a poner en práctica para detener la corrupción precisando, que los corruptores y los corrompidos cada año le arrebataba al país más de 2,600 millones de soles ratificando los cálculos de la Contraloría; sino en la retahíla de atajos y medias verdades que esgrimió el presidente para eludir la investigación del Congreso y su comparecencia ante el Ministerio Público para aclarar las denuncias provenientes del Brasil de que fue contratado indirectamente por Odebrecht por encargo de sus empresas y otras amigas, una suerte de recompensa.

Precisamente, la práctica de la institución de la Vacancia Presidencial que viene a ser un contrapeso en los sistemas políticos presidencialistas, no prosperó en el Congreso no por la poca solidez de los argumentos sustentados en que P. P. Kuczynski rehusó esclarecer los entretelones y las circunstancias en que fue contratado por la empresa Odebrecht mientras era funcionario público en los años 2004-2006; sino que, hay la fundada sospecha de que hubieron tratos oscuros con un sector de la oposición para que esta se abstuviera de votar junto a la mayoría, impidiendo alcanzar los 87 votos requeridos  cuya actitud no puede desvincularse de la motivación del indulto y la gracia presidencial que lo liberó de la cárcel y lo beneficia con la suspensión de los procesos judiciales en curso.

De momento, parece arriesgado disentir de una mayoría de ciudadanos que gana partido defendiendo la gestión del presidente P. P. Kuczynski de que obró honestamente años atrás o que piensa que el perdón al expresidente A. Fujimori, la expresión viva de la más grande corrupción que se haya conocido en la historia peruana, está bien dado con el fácil argumento de que es la mejor vía para cautelar la gobernabilidad.

Empero, hay una minoría sabía que piensa que la gobernabilidad no depende de los actos del gobernante de turno y de los avatares coyunturales del juego político, sino de la solidez con que deberían actuar las instituciones dentro de un Estado de Derecho y esto solo será posible si hay un renovado impulso a una nueva generación de reformas de carácter estructural. La corrupción política actual es en sí misma una magnífica oportunidad para ordenar el marco jurídico y cerrar, por fin, las brechas legislativas cuya deficiente aplicación toleran cualquier manifestación corrupta.

[*] Abogado por la Universidad de Lima. Es egresado de maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y ha realizado estudios de maestría de Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Asimismo, estudios en finanzas con mención en Dirección Ejecutiva, concesiones y regulaciones para Gestión Pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; y cuenta con especialización en diversas disciplinas del Derecho: Corporativo, Administrativo, Tributario, Municipal, Civil y Procesal Civil.

 

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