Derecho Para Innovar
Perú y crisis de gobernabilidad – Corrupción política, brechas legislativas y tecnológicas conspiran contra el Estado de Derecho y el desarrollo nacional (Parte I)
Por Enrique Peramás Díaz*A fines del año 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica –EE UU reveló que la empresa contratista brasileña Odebrecht, entre los años 2010 y 2014, entregó sobornos por más de US$ 788 millones a autoridades y funcionarios de doce países de África y América Latina para hacerse de obras y servicios públicos, entre ellos Perú con alrededor de US$ 29 millones. Recién ahí se tomó conocimiento de la real dimensión que había alcanzado la trama corrupta entre el Sector Privado y el Público que muy poco se conocía con las investigaciones de la Justicia del Brasil a las operaciones de la empresa petrolera estatal Petrobras iniciadas en 2013.
Hoy al cabo de un año de conocidos los acuerdos de la Justicia de EE UU con la empresa brasileña para pagar las multas derivadas de sanciones por malas prácticas empresariales y los progresos de la Justica de Brasil en el proceso judicial conocido como “Lava Jato” que involucra a las altas autoridades del Estado y del Gobierno en acuerdos y sobornos para facilitar las operaciones de las grandes empresas de ingeniería y de construcción, por fin se sabe que en Perú entre 2004 y 2014 las empresas brasileñas Odebrecht, OAS y otras en consorcio con empresas peruanas, entregaron sobornos a autoridades y funcionarios para celebrar contratos que según datos e información de la Contraloría General de la República superan los US$ 4,609 millones y que solo Odebrecht se hizo de 23 contratos, entre 1998 y 2015, por más de US$ 16,940 millones.
Sobre esa cifra contratada con las empresas brasileñas, el órgano de Control estima que los daños causados al Estado superan los US$ 2 mil millones debido al uso indiscriminado de adendas, atención de reclamos y pagos adicionales a los contratos iniciales que solo se explican por arreglos subterfugios, abuso del poder y la celeridad de los procedimientos administrativos. En los últimos meses, la situación devino en escándalo cuando la Justicia de Brasil entregó datos de información de los implicados y condenados en la operación judicial “Lava Jato” que acogiéndose a los beneficios del procedimiento de colaboración eficaz o delación premiada para atenuar la condena y reducir la carcelería, han facilitado no solo la identificación de las autoridades y funcionarios de tres periodos de Gobierno que fueron sobornados y la forma como se procedió a los pagos; sino también, como intervinieron en el financiamiento de las campañas electorales de candidatos que les podrían devolver favores de acceder al poder.
En ese contexto general y para baldón de la Democracia, las delaciones premiadas han revelado la identidad de las autoridades y funcionarios de los gobiernos presididos por Toledo, García y Humala quienes han intervenido en las negociaciones que derivaron en la celebración los contratos arreglados y la creación de un fondo especial en bancos de Europa desde donde se hizo la entrega de pagos por coimas a cuentas abiertas en los paraísos fiscales del Centroamérica y el Caribe; asimismo, el detalle de los mecanismos de asesoría y medios de financiamiento a las campañas electorales generales, regionales y municipales de los candidatos con mayor chance desde el año 2011.
Así los sucesos que ensombrecieron la Democracia con la evidente concesión de la institución del indulto y la gracia presidencial al ex presidente A. Fujimori a cambio de la desestimación de la vacancia presidencial al presidente P. P. Kuczynski tienen como denominador común a las delaciones premiadas que involucran al actual jefe de Estado a quien se le acusa de que habría recibido pagos de Odebrecht a cambio de servicios de asesoría de sus empresas y otras amigas, mientras se desempeñaba como ministro de Estado y presidente de ProInversión durante la gestión de Toledo; y a la lideresa Keiko Fujimori a la cabeza de Fuerza Popular con amplia mayoría en Parlamento de que habría recibido financiamiento ilegal durante la campaña electoral de 2016 igual como habría ocurrido con el ex presidente Humala y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.
Lo antes expuesto concurre dentro de una severa crisis de institucionalidad de modo que si la Justicia cumple con su papel: en rigor los culpables pagarán sus culpas y repararan los daños causados; y de no ser así, la impunidad cuyo manto protege la corrupción que cada año le roba al país más de S/. 12 mil millones y que persiste como un mal sistémico en la República, seguirá dañando a la Democracia y postergando el desarrollo nacional.
De modo pues que para superar la crisis de institucionalidad que agobia al país es indispensable avanzar en las reformas políticas, económicas, fiscales y administrativas que se vienen postergando desde inicios del siglo XXI. Así, la mejora de la calidad del Derecho Público y el mayor uso de las TICs, aseguran la detención de la corrupción, el crecimiento del país, el avance del progreso social y un mejor clima de gobernabilidad, que son los retos del Perú al año 2030.
[*] Abogado por la Universidad de Lima. Es egresado de maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y ha realizado estudios de maestría de Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Asimismo, estudios en finanzas con mención en Dirección Ejecutiva, concesiones y regulaciones para Gestión Pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; y cuenta con especialización en diversas disciplinas del Derecho: Corporativo, Administrativo, Tributario, Municipal, Civil y Procesal Civil.
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