Derecho Para Innovar
El Tribunal Fiscal de la Nación requiere de políticas activas para superar el estado de colapso
Por Germán Muiño*“Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”
Jean de la Bruyere, ensayista francés
El Tribunal Fiscal de la Nación enfrenta una profunda crisis en su calidad de organismo jurisdiccional independiente y especializado en materia impositiva y aduanera.
En el organismo se viene generando un incremento considerable en la cantidad de causas en trámite, toda vez que la cantidad de sentencias de fondo que dictaron en los últimos años las distintas Salas que integran el Organismo resultaron ser inferiores a la cantidad de causas que ingresaron en esos mismos años.
La excepción a lo antes referido la constituye el año 2017, pero ello explicado exclusivamente por los desistimientos y condonaciones que se produjeron por aplicación del denominado “régimen de sinceramiento fiscal” establecido por la ley 27.260. Si se excluyen aquellos desistimientos y condonaciones que pusieron fin a los procesos de modo anormal, tampoco en ese año el organismo hubiera logrado reducir el stock de causas en trámite o pendientes de resolución. En efecto, hubiese incrementado ese stock de forma considerable.
Ese resulta ser un dato para tener en cuenta, toda vez que la reducción del stock en 2017 no se explica entonces en un incremento de la cantidad de sentencias de fondo que analicen los hechos, defensas y pretensiones deducidas por las partes, sino que se explica en una cuestión excepcional y meramente coyuntural que no permite que esa reducción en el stock pueda sostenerse en el tiempo.
Las estructuras cada vez más complejas para la organización de actividades comerciales y productivas, así como las nuevas técnicas de fiscalización con que cuentan la AFIP-DGI y la Aduana, vienen generando año a año un incremento en la cantidad de causas que ingresan al Organismo.
La imposibilidad de dar una respuesta desde el Organismo para evitar que ese incremento en las causas que ingresan genere retrasos en su normal conclusión, puede que lleve incluso a algunos administrados a incrementar la litigiosidad por el sólo hecho del efecto suspensivo que sobre la ejecutoriedad del acto administrativo tiene el recurso ante el Tribunal, sacando provecho de la demora del organismo jurisdiccional.
Si bien algunos consideran que aquella demora obedece a la gran cantidad de Vocalías vacantes que tenía hasta el pasado mes de abril el Tribunal -habiéndose cubierto 9 de las 11 vacantes hasta el momento-, en las estadísticas de los últimos años no se evidencia correlación alguna entre la cantidad de sentencias de fondo que se dictan en una Vocalía con el hecho de estar o no cubierta con un Vocal titular o estar subrogada. En efecto, hay Vocalías en las que, encontrándose subrogadas, se han dictado más sentencias de fondo en causas cuya instrucción estuvo a su cargo, que las dictadas en otras que cuentan con Vocal titular.
Sin duda que la designación de Vocales debiera contribuir a aumentar la producción, vale decir, a aumentar la cantidad de sentencias de fondo, para así superar en sentencias a las causas que se sortean. Sin embargo, resulta una medida por demás insuficiente. El principal obstáculo para el organismo -entendemos- viene dado por la falta de una política seria de empleo público, que le permita dotarse de equipos de trabajo profesionalizados que gocen de estabilidad y perspectivas de carrera.
Si bien los vientos que soplan rememoran las viejas y ya padecidas recetas de ajuste del gasto público para reducir el déficit fiscal, debe tenerse presente que el diseño de una política seria de empleo público dirigida al organismo jurisdiccional permitirá no sólo impartir justicia en la materia impositiva y aduanera de forma más rápida, sino que, fundamentalmente, permitirá eficientizar la recaudación secundaria litigiosa y, por lo tanto, darle ejecutoriedad a todas aquellas exigencias tributarias del Fisco que el Tribunal considere ajustadas a derecho. No debe perderse de vista que los montos en discusión en el organismo jurisdiccional superan ampliamente el eventual ahorro que se lograría, según los trascendidos de los medios, con el ajuste que se pretende imponer a raíz de las conversaciones con el FMI.
Para poder hacer frente al importante atraso que tiene el Tribunal y, a su vez, evitar que se generen nuevos atrasos, resulta imprescindible poder organizar equipos de trabajo diferenciados, ocupándose del stock acumulado unos y de hacer frente al flujo de nuevas causas otros. Esto permitiría sistematizar de forma más eficiente aquellas causas pendientes de resolución sin que, a su vez, ello implique descuidar las causas que están siendo instruidas, evitando así que cíclicamente se generen nuevos stocks de causas pendientes de resolución.
Sin embargo, nada de ello es posible si debido a los bajos salarios que se pagan en el organismo para realizar una tarea especializada -como es la actividad jurisdiccional en dos materias en las que no abundan profesionales- resulta imposible siquiera plantearse la posibilidad de formar un equipo de trabajo que no se vea completamente desarmado al poco tiempo. El alto nivel de rotación que existe en el Tribunal debido a las permanentes renuncias de trabajadorxs echa por tierra la posibilidad de éxito de un plan de esas características.
En el Tribunal Fiscal mientras que sus Vocales se encuentran equiparados a los jueces de Cámara del fuero federal, sus trabajadorxs se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Sistema Nacional de Empleo Público (SiNEP), con salarios que resultan ser muy inferiores no sólo respecto de aquellos que se pagan por igual tarea en el Poder Judicial de la Nación, sino también respecto del sueldo que se paga en el mercado de trabajo para perfiles con formación y experiencia equivalentes.
No sólo se trata de jerarquizar los salarios, ya sea generando un Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial propio como tienen otros organismos autárquicos, o bien recurriendo a suplementos previstos aún dentro del propio SiNEP, sino también de generar una carrera que genere perspectivas para el conjunto.
En el organismo menos del 30% de sus trabajadores pertenecen a la Planta Permanente, toda vez que la única modalidad de acceso a la misma es por concurso y no se realizan concursos de cargos de carrera desde hace más de diez años. El más de 70% restante se encuentra contratado en los términos del art. 9 del Anexo a la Ley Marco de Empleo Público 25.164, vale decir, mediante contratos a plazo fijo, por lo que tienen menor protección incluso que bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), toda vez que en la modalidad del art. 9 del Anexo a la Ley Marco no se encuentra prevista una indemnización por despido equivalente a la del art. 245 de la LCT. Por su parte, aquellos que integran la Planta Permanente se encuentran con su carrera vertical congelada, toda vez que el cambio en el nivel escalafonario también es por concurso en virtud de las disposiciones de la Ley Marco 25.164 y las de los CCTG para la APN y CCTS SiNEP.
Esa política seria de empleo público debe ser acompañada del respeto a su autarquía para preservar su independencia, toda vez que resulta inconcebible lo que ocurre actualmente, donde el organismo depende en todos los aspectos burocráticos administrativos de las autoridades políticas del Ministerio de Hacienda, que resulta ser la alzada de una de las partes (el Fisco nacional) en todas las causas que tramitan en el Tribunal. Asimismo, debe dotarse de medios para mejorar su informatización para, por un lado, simplificar el procedimiento para los litigantes y, por el otro, permitir a quienes integran el organismo contar con mejores herramientas para la sistematización de expedientes.
Espero que estas líneas sirvan como disparador para discutir las verdaderas causas del estado de colapso en que se encuentra el Tribunal Fiscal de la Nación y aporten a su solución.
[*] Abogado especialista en Derecho Aduanero y docente universitario. Trabajador del Tribunal Fiscal y Delegado General Adjunto de ATE en el organismo.
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