DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Autarquía económico-financiera del Poder Judicial de Salta: una muestra de pragmatismo y diálogo institucional

Por Marcela von Fischer

Según el segundo significado que le asigna el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, el Pragmatismo es un “movimiento iniciado en los Estados Unidos por C. S. Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida”.

Precisamente, el Derecho, como herramienta para resolver conflictos, ciencia del saber práctico, tiende naturalmente a la acción y, en ese camino, la Corte de Justicia de Salta ha dado una nueva muestra de su vocación por alcanzar la efectividad y eficiencia en su gestión, al salir al encuentro de su autarquía económica financiera mediante la remisión a la Legislatura local de un proyecto de ley que materializa su decisión de avanzar hacia la configuración de un Poder Judicial autónomo, en cuanto pilar de una justicia independiente.

Aquél resaltado pragmatismo se hace evidente cuando el Alto Tribunal local advierte de modo categórico que la independencia y el equilibrio de poderes en el marco del Estado de Derecho constituirán una mera declaración de anhelo sin la disponibilidad oportuna de los recursos, más allá –incluso– de la suficiencia de las partidas presupuestarias asignadas^[1].

Asimismo, tal acción ha sido encarada en el contexto de su Plan Estratégico III (2017/2027), en el que establece los Lineamientos Estratégicos (Visión, Misión, Diagnóstico de la situación actual, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas) a partir de los cuales todos los tribunales y dependencias del Poder Judicial de Salta deberán elaborar sus respectivos planes, que estarán íntimamente ligados a los lineamientos estratégicos de la Corte y serán puestos a consideración de ella para su aprobación^[2].

De esta suerte, la Autarquía Financiera reafirmada en ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de iniciativa legislativa y la Planificación Estratégica –basada en la mejora continua de la gestión judicial–, establecida e implementada como una Política de Estado por el Poder Judicial de Salta,   son un ejemplo de las denominadas interacciones dialógicas o acciones comunicativas entre los órganos que ejercen el poder dentro de las funciones del Estado y que constituyen formas de relacionamiento que se vienen proponiendo desde el ámbito doctrinario y otros modelos constitucionales.

La trascendencia de las acciones que lleva adelante el Tribunal se centra, en este caso, en mostrar de qué manera se pueden sortear las llamadas “objeciones contramayoritarias”,  al verse satisfechas las opciones valorativas del sentir de la comunidad en el momento histórico en el que han sido planteadas.

^[1] Acordada Nº 12346 del 1 de marzo de 2017.

^[2] Acordada Nº 12345 del 1 de marzo de 2017.

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