DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe a la luz del balance regional de CLADEM

Por Susana Chiarotti

En el marco de la campaña #EmbarazoInfantilForzadoEsTortura, CLADEM elaboró el informe “Niñas Madres”^[1] que busca visibilizar los graves riesgos a los que están expuestas las niñas en Latinoamérica y en el Caribe a vivir embarazos y maternidades forzadas.

El embarazo infantil forzado ha sido un problema históricamente invisibilizado, bajo las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, a pesar de que tanto las causas como las consecuencias de embarazos en niñas pequeñas son, en su mayoría, diferentes de las de las jóvenes^[2]. El pleno ejercicio de sus derechos humanos se ve afectado según barreras específicas de exclusión, que se construyen y refuerzan en el entrecruzamiento de expresiones de desigualdad en las que interactúan el sexo, la edad, el área donde residan, la pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otras^[3].

El embarazo infantil forzado se produce cuando una niña, menor de 14 años ? queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo^[4]. De las decenas de miles de niñas que cada año quedan embarazadas contra su voluntad en América Latina y el Caribe, muchas son obligadas a seguir con el embarazo por legislaciones restrictivas; presiones familiares, sociales o estatales; o por otros obstáculos como la falta de educación sexual o el acceso a métodos de prevención y se convierten en madres a una edad en que deberían estar jugando^[5].

De acuerdo a los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren en los países cada año, 2 millones son de niñas menores de 15 años, y, de mantenerse la tendencia actual, esta cifra llegará a tres millones en 2030^[6]. Conforme a estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015 había en América Latina y el Caribe 107 millones de niñas y adolescentes entre 0 y 19 años, cifra que corresponde a 17% de la población total de la región. Aproximadamente 27 millones de niñas tienen entre 10 a 14 años, representan el 25% de las niñas y adolescentes de la región^[7].

El Balance regional de CLADEM revela que existe un patrón de violencia que se caracteriza por el ocultamiento de la información y renuencia por parte de los Estados de colocar en la agenda pública y priorizar las acciones de prevención, sanción y erradicación.  En la región se verifica que la mayoría de los casos de embarazos infantiles aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos, o extraños. A diferencia, por lo tanto, de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana^[8]. Y también a diferencia de otras regiones, donde la mayoría de los embarazos infantiles son producto de matrimonios precoces^[9].

Hay datos que revelan que el embarazo infantil implica riesgos y consecuencias ? inmediatas y a la vez duraderas ? para las niñas. Se verifica, entre otros aspectos^[10]: a) doble a quíntuple riesgo de muerte materna que el de las mujeres de más edad y mayores tasas de fístula obstétrica; b) incremento de la presión sobre el sistema cardiovascular, con complicaciones severas como pre eclampsia, eclampsia, ruptura de membranas; c) síntomas de depresión, ansiedad, pensamiento de suicidio; d) efectos de abandono escolar y aislamiento social. Este grave patrón de violación pone en cuestión la posibilidad de ejercicio de numerosos derechos que hoy afectan a las niñas, compromete su proyecto de vida y desarrollo, entre otros los derechos a) a la vida, b)  una vida libre de violencia, c) a la salud, d) a la educación, e) a la libertad, etc.

Conforme al estudio de CLADEM (2016), la mayoría de los países analizados, con excepción de Puerto Rico^[11], ratificaron los mayores tratados internacionales de derechos humanos del sistema universal y regional, hecho que les obliga a tratar el tema de acuerdo a los principios y estándares establecidos. Sin embargo, la respuesta de los Estados frente a los embarazos infantiles forzados es parcial y diversa. Va desde el silencio y la indiferencia y la provisión de servicios de salud reproductiva sin indagar las causas del embarazo, hasta llegar, en el otro extremo, al encierro hasta el momento del parto, con control estricto o prohibición de visitas por parte de familiares y amistades, para obligar a las niñas a llevar a término el embarazo^[12].

En cuanto a las políticas estatales, los resultados del estudio muestran que, en general, no hay programas específicos para niñas menores de 14 años embarazadas o madres^[13].  En ninguno de los países se encontró un protocolo, guía o política pública diseñada para abordar de manera específica e integral el problema de la violencia sexual contra las niñas que incluya procedimientos integrales y multidisciplinarios a seguir en casos que de dicha violencia haya resultado un embarazo infantil^[14].  El estudio evidencia la ausencia de programas de educación sexual, o su escasa, parcial o inadecuada implementación en aquellos países donde existen es un síntoma alarmante, sobre todo considerando que las mayores carencias se registran en aquellos Estados con políticas restrictivas en salud reproductiva.

Finalmente, CLADEM basado en los estándares de derechos humanos considera que el embarazo infantil forzado es homologable a tortura, recogiendo lo planteado por el artículo 7 inc. f del estatuto de la  Corte Penal Internacional (CPI), en ese marco implementa una Campaña de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres cuyas acciones pueden ser encontradas en www.cladem.org.

 

^[1] Ver CLADEM (2016). Niñas madres. Balance Regional Embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe. Disponible en https://www.cladem.org/images/imgs-noticias/nin%CC%83as-madres-balance-regional.pdf. El estudio fue coordinado por Susana Chiarotti, integrante del Consejo Consultivo de la red, con el apoyo de investigadoras en 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. La presente reseña fue realizada por Elba Núñez, Coordinadora Regional de CLADEM.

^[2] Ïdem, pág. 7.

^[3] Ídem nota anterior.

^[4] Ídem, págs.. 17 y 20. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) considera el embarazo forzado como crimen de lesa humanidad (Art. 7, inciso 2) f) o como crimen de guerra (Art. 8) dependiendo del contexto y las características. Para la CPI existe tal crimen cuando haya “confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza.”

^[5] CLADEM (2016), Niñas madres, op. cit., págs. 7 y 17.

^[6] Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Informe del Estado de la Población Mundial 2013, Maternidad en la niñez: afrontar el desafío de un embarazo adolescente. Disponible en https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ES-SWOP2013.pdf.

^[7] Ver Céspedes, Catalina y Robles, Claudia (2016). “Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad”, Serie Asuntos de Género, N^o 133 (LC/L.4173), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, págs 15-16, en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40180/1/S1600427_es.pdf.

^[8] CLADEM (2016), Niñas Madres, op. cit., pág. 7.

^[9] Ver, sin embargo, Informe Nacional Alternativo de CLADEM Guatemala (2016, pág. 8) sobre el problema de los matrimonios forzados, de niñas y adolescentes, disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/round3-shadowreport-guatemala.pdf.

^[10] CLADEM (2016), Niñas Madres, op. cit., págs. 26-28.

^[11] Por la situación de país no independiente.

^[12] CLADEM (2016), Niñas Madres, op. cit., págs. 8 y 12-15.

^[13] Ídem, págs. 61-65, con información acerca de los países en tema de políticas o programas.

^[14] Ídem, pág. 51.

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