Home / Area / COLUMNA DE OPINIÓN SUPLEMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL Nro. 3 – 27.06.2018


COLUMNA DE OPINIÓN

Los salmones. La situación de los líderes sociales en Colombia

Por Carlos A. Guevara J.*

 

Siempre he sentido fascinación por los salmones. Pero lejos de mi gusto culinario por ellos, hay un aspecto que captura mi respeto y aún más mi admiración por este pez de aguas heladas y voluntad pura; me refiero a la capacidad de afrontar obstáculos y vencerlos, enfrentar un sin fin de depredadores durante meses y en el momento culmen de su vida, nadar contra la corriente para poder reproducirse…y nadar contra las más fuertes corrientes que pez alguno haya enfrentado, siempre con la convicción de lograr la sobrevivencia de su especie. Y traigo este ejemplo a colación por qué la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, se asemeja a la de este extraordinario pez.

Durante décadas, los líderes sociales fueron la población más invisibilizada del conflicto armado colombiano en cuanto a las afectaciones de las que eran víctimas en la guerra; tal es así, que ni siquiera el Centro Nacional de Memoria Histórica mencionó a este renglón de la población en su más importante documento de análisis, el informe “Basta Ya”[1], lo que denota cómo los líderes sociales y defensores de DD.HH son un universo por conocer y reparar. Este olvido también es del Estado colombiano en su conjunto y en especial los diversos gobiernos de turno en los últimos 20 años, también han puesto lo suyo (que es bastante) por ocultar la violencia estructural que sufren los líderes sociales del país.

Desde la sociedad civil el registro más antiguo de violencia contra líderes, lo lleva el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP[2]; sin embargo, el Programa Somos Defensores, es el espacio que documenta esta violencia con mayor precisión desde hace 10 años y cuenta con la base de datos más completa en ese mismo periodo de tiempo en donde se registran aproximadamente 5000 defensores y defensoras de los DD.HH. agredidos[3].

Pero esta invisibilidad que pareciera ser lapidaria para el ejercicio de los defensores, no ha sido excusa para que estos salmones sigan adelante. En medio de la guerra, fueron estos activistas quienes en lo local, regional, nacional e internacional izaron la bandera de la salida negociada al conflicto, como única forma de acabar con las hostilidades y así buscar un país distinto.

Comenzamos a conocer a los “defensores de derechos humanos” desde hace 20 años gracias a la declaración de la ONU[4] en la cual se definían quienes eran estos activistas, así como se establecían las obligaciones que cada Estado miembro tendría con estos hombres y mujeres; pero estos defensores ya los conocíamos en Colombia con otros nombres, los llamábamos líderes campesinos, indígenas, afros, sindicalistas, líderes estudiantiles, feministas, ambientalistas. Claro está, una pequeña pero poderosa fracción de la población colombiana los llamaba de formas no tan buenas: chuzmeros, mamertos, revoltosos, guerrilleros, terroristas.

Hoy, pareciera que, a pesar de los años, del avance de la democracia, la ampliación del paquete de derechos humanos en su interdependencia y complementariedad, a pesar Colombia firmó la paz con la guerrilla más antigua del continente, los salmones se siguen muriendo, no de viejos.

2017: mar picado

La implementación de los diálogos de paz con las FARC tiene un sabor agridulce. Si bien es de suma importancia reconocer que el silencio de los fusiles trajo consigo que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años (24 x cada 100 mil habitantes)[5], esta tasa de homicidio se disparó focalizadamente en los defensores y defensoras de DD.HH. Según cifras del Programa Somos Defensores los homicidios contra estos activistas están en incremento anual sostenido desde que empezó el proceso de paz (2013 – 78 casos, 2014 – 55 casos, 2015 – 63 casos, 2016 – 80 casos)[6], en 2017 la cifra rompió la barrera de los 100 casos y en 2018 la situación no mejora y se pone aún peor con un registro de 18 líderes asesinados solo en los primeros 31 días del año.

De estos homicidios recientes de 2017 y lo corrido de 2018 los activistas con mayor número de muertes son los liderazgos campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal e indígenas en zonas rurales, lo que pone de presente que la violencia se focalizó en personas defensoras pobres de lugares apartados del país donde la guerra ha estado siempre (departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó) y con pocas posibilidades de acceder a la ayuda estatal; las mismas poblaciones que han puesto los muertos de esta guerra que no termina.

Es aquí donde surge la pregunta del millón ¿Quién los está matando? Y es que frente a este tema hay un mar de dudas. Según la medición histórica de Somos Defensores, los mayores asesinos siguen siendo desconocidos (en parte por la inmensa impunidad en estos casos que llega al 87% según el informe especial STOP WARS – Paren la Guerra contra los defensores), seguidos de grupos de ascendencia paramilitar y con participaciones en menor proporción de fuerzas de seguridad del Estado y guerrillas.

Sin embargo, para las autoridades, los responsables de estos crímenes son de distintos tipos y por diversas motivaciones, como lo señaló el Fiscal General Néstor Humberto Martínez[7] o por incluso “líos de faldas” como lo dijo el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas[8]; desafortunadamente ambos funcionarios desconocen de tajo las motivaciones políticas que desde siempre han estado detrás de estas muertes y que aún no son investigadas en profundidad. Como dato para sustentar lo anterior, ha sido capturadas más de 70 personas por los crímenes de 2016 a 2018 pero ninguna de ellas corresponde a autores intelectuales sino tan solo a quienes halaron el gatillo[9].

Un río de desafíos

Con esta difícil situación de contexto, los salmones enfrentan el desafío de ser la pieza clave en la implementación de los acuerdos de paz, ya que son ellos quienes tienen los contactos, el conocimiento de terreno y de las comunidades, así como la experiencia organizativa y de vida para hablar de paz en medio de la guerra soterrada que aún los golpea. Además lograron entre 2014 y 2017 la movilización política de las víctimas, el avance en políticas públicas de DD.HH y de protección, el no estancamiento de espacios tripartitos (Gobierno – Comunidad Internacional – Sociedad Civil) para las garantías de defensa de los derechos humanos en el país e hicieron grandes contribuciones a la mesa de La Habana y de Quito.

Esta situación enfrenta al Estado colombiano a un rio de desafíos para garantizar que los defensores sigan vivos y haciendo su trabajo, los cuales denoto en 3 puntos básicos:

  1. Protección: Los mecanismos de protección existentes (decreto 1066 de 2015 y su programa de protección a personas en riesgo) y los derivados de los acuerdos de paz (Comisión de Garantías de Seguridad y No Repetición) aún no terminan de armonizarse. El Gobierno sigue protegiendo con escoltas, chalecos antibalas, vehículos blindados y teléfonos celulares, pero la protección colectiva, que es la que realmente se necesita, aún no despega muy a pesar de tener un decreto reglamentario (Dec. 2078 de 2017). Todo en el papel se lee muy bonito, pero a la fecha no hay ni dinero suficiente para cubrir semejante desafío (proteger aproximadamente a 15 mil personas ya que los mecanismos actuales protegen a 9 mil y cuestan más de 250 millones de dólares al año), ni una institucionalidad preparada para dar abasto al volumen de solicitudes de protección por venir.
  2. Prevención: Si bien en el decreto 1066 de 2015 y su programa de protección a personas en riesgo se establece como fundamental el componente de prevención de estas violencias, en la realidad nunca se han podido implementar mecanismos de prevención. Los ya existentes como el Sistema de Alertas Tempranas, no son tomados con la seriedad necesaria por el gobierno; ejemplo de ello es el Informe de Riesgo 010 – 17[10] emitido el año anterior en que se advertía del peligro que corrían más de 200 organizaciones de DD.HH y sus activistas en 24 departamentos del país, sin que a la fecha se sepa que hizo el gobierno por atender esta advertencia. En el nuevo escenario de post – acuerdo, el componente de prevención deberá estar en los primeros puestos de la lista de tareas a realizar por el Gobierno si es que no quiere seguir contando defensores muertos. Para lograrlo, ya hay un nuevo decreto (Decreto 2124 de 2017) que podría fortalecer la autonomía y eficacia del SAT, amanecerá y veremos si se logra.
  3. Investigación: Si bien hay que reconocer que en 2017 la Fiscalía avanzó como nunca antes en las investigaciones por crímenes contra defensores, falta avanzar en análisis estructurales sobre esta violencia y sobre los posibles patrones comunes entre estos crímenes; es muy positivo también que el Fiscal General haya reconocido que hay indicios de sistematicidad[11] en los asesinados de defensores pero esta posición debe redundar en investigaciones profundas que develen los planes y estructuras criminales detrás de estas muertes.

Solo cuando el salmón logra desovar en aguas más tranquilas, rio arriba, descansa de su largo trayecto de vicisitudes recordando siempre que el camino que enfrentó, recorrió y venció, será la garantía de que sus descendientes tengan una oportunidad de vivir; así mismo, los defensores de DD.HH. y líderes sociales han recorrido un largo camino hasta llegar a esta paz negociada con la esperanza de que sus descendientes y en general, sus propias comunidades, tengan esa oportunidad de conocer un país con menos dificultades para vivir en paz.

 

[*] Coordinador Comunicaciones, Incidencia y Sistema de Información – SIADDHH del Programa Somos Defensores, Colombia. Comunicador Social – Periodista de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Dirección de Cine, Video y TV de la Universidad Europea de Atlántico (España) y Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad de Málaga (España). Con 12 años de experiencia en temas relacionados con análisis de riesgo y conflicto armado, protección, seguridad humana, acción sin daño, comunicaciones estratégicas, Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación – NTIC e incidencia política enfocada a temas de paz y derechos humanos. Ha trabajado con Ecopetrol S.A., la Defensoría del Pueblo de Colombia, Oxfam GB e Intermon, y actualmente se desempeña como Coordinador de Comunicaciones, Incidencia y SIADDHH del Programa Somos Defensores. Con amplia experiencia nacional e internacional en los temas mencionados en países como México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Perú y Paraguay entre otros.

[1] Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General Grupo de Memoria histórica

[2] CINEP. Proyecto Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia política

[3] Programa Somos Defensores. Disponible en: https://www.somosdefensores.org/index.php/en/

[4] Organización de Naciones Unidas. La Declaración de los defensores de los derechos humanos

[5] El Colombiano. Tasa de homicidios en Colombia en 2017 es la más baja en 30 años, 26 de diciembre de 2017.

[6] Programa Somos Defensores. Informe Anual 2016 del Sistema Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia. Contra las cuerdas

[7] El Universal. Fiscal dice que no hay sistematicidad en asesinatos de Defensores de DDHH. Diciembre 8 de 2016.

[8] El Espectador. Asesinatos de líderes son por “líos de faldas”: ministro de Defensa. Diciembre 17 de 2017.

[9] El Espectador. Un violento comienzo de año para los líderes sociales. Enero 31 de 2018.

[10] Verdad Abierta. Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales. Marzo 31 de 2017.

[11] El Espectador. Fiscal admite “algún grado de sistematicidad” en crímenes a líderes sociales. Diciembre 19 de 2017.

 

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