COLUMNA DE OPINIÓN

Sobre candidatos y electores

Por Jorge H. Sarmiento García

No es fácil comprender que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo que nosotros; y ya convencido de que no todos perciben las cosas igual que las aprecio yo, paso a escribir estas líneas con la tranquilidad que da esta aclaración.

Me atrevo a partir de una base sarmientina, pero ampliándola con la explicitación de uno de sus contenidos, implícito: “hay que educar al soberano, en las virtudes”

Creo que la mayoría de los argentinos adherimos a quienes demandan que los políticos acepten y apliquen que no sea el número lo que represente la fuerza, sino la justicia la que represente los derechos y los intereses; que desde la pirámide social se estudie tanto el zócalo como el vértice; que no estén animados de ambiciones mezquinas, dominados por bajas envidias, por pandillas sin pudor o por los cálculos de pérdidas financieras; que no sean turbulentos y alborotadores tribunos aduladores de la plebe y de los grandes que no son plebe; que no clasifiquen de progreso lo absurdo en la ciencia, la estulticia en la administración, la obscenidad en el arte y la licencia en las costumbres y en la vida.

Acepto que no son necesarios en estos tiempos palmoteos, sino esfuerzos, carácter, veneración por la justicia, respeto por la libertad, sin planteos abstractos ni frases vagas e imprecisas, las cuales ni indican lo que ha de hacerse, ni a qué objeto ni fin deba dirigirse la actividad individual y la social, en medio de un egoísmo charlatán.

Suscribo que es menester que la dirigencia asuma que el porvenir de nuestra comunidad debe fundarse en sus cualidades valerosas, las que salvan de las experiencias temerarias y de los alucinadores programas.

Abono que los políticos deben consagrar su ingenio al bien obrar, procurando hacer prevalecer al verdadero pueblo, a ese pueblo que piensa, que trabaja y que necesita gozar de una libertad regularizada y del orden por la justicia, es decir, de la auténtica paz; que recepten que la educación no haga nacer absurdas esperanzas y deseos de riqueza inmoderada, de empleos políticos, de elevadas posiciones sociales, sino que imprima carácter, dignidad y firmeza.    

Bien se ha señalado que sabemos desde Platón que el hecho político es la columna vertebral de la sociedad y que, por tanto, nunca se podrá prescindir de los políticos que son los representantes y administradores de lo público. Pero cuando el ambiente se ha viciado por contagio y la falta de dignidad en la representación de sus cargos se ha hecho patente, es necesaria una renovación para evitar el hundimiento de la sociedad. No se trata solamente de los casos aislados, con nombres propios, que solo son la parte visible de la decadencia general; hay un mal muy profundo al que es peligroso acostumbrarse y aceptarlo como normal.

Una interminable serie de hechos reales son aducidos como signos de la crisis de la democracia actual: la fragilidad en el conocimiento y en la práctica de los imprescindibles fundamentos morales; la consideración de la democracia como un mero mecanismo encaminado al fin del logro de intereses de grupo, sin consideración al bien común público; el poder de influencia –rebelde al mecanismo democrático– de factores de presión o de poder sobre el gobierno “lato sensu” (legisladores, administradores y jueces); el debilitamiento del parlamento, legislatura o congreso mediante una política de fracción y de coalición que se arroga todo género de atribuciones; el compromiso de los gobernantes con mandatos de organizaciones de intereses, y la práctica supresión del principio de responsabilidad de aquéllos; la constante extensión de la delegación legislativa (p. ej. “reglamentos de necesidad y urgencia”), debida –y no en último término– a la incapacidad del parlamento para legislar eficientemente; la disminución del respeto al derecho como consecuencia del continuo oleaje de reglamentaciones legales y –fundamentalmente- administrativas; etc.
A lo que antecede se agrega que es común que administradores y legisladores presenten a la comunidad como éxitos, mediante una especie de “pirotecnia política”, lo que en realidad son planes económicos erróneos o fracasos en el mismo ámbito.

Ante ello, se ha sostenido que se impone una democracia pluralista en la que –entre otras cosas– la libertad de información y la competencia en su transmisión repercutan progresivamente, primero en la dirección de la verdad objetiva y del hallazgo de la verdad, y segundo en el creciente respeto a la verdad y en el creciente interés por la misma dentro del círculo de la opinión pública; más todo ello con -entre otras- una condición: que la
vida pública, el hombre de la calle, el lector de periódicos, el oyente de la
radio y el vidente de la televisión, adquieran un conocimiento e interés
mucho más fuerte por las cuestiones que atañen al interés
general.

Puede entonces señalarse que, en todo esto, se halla en juego un verdadero compromiso moral y jurídico, esto es, el de interesarse y contribuir al logro del bien común, pues en la auténtica democracia debe mediar una participación responsable, libre y eficaz del pueblo en el ejercicio del poder político, lo que implica una capacitación intelectual y moral de los ciudadanos (especialmente de los que se dedican a “ese arte tan difícil y tan noble como es la política”) dentro de un marco de vigencia de las auténticas libertades, que permita por ejemplo la elección de personas moral y técnicamente idóneas para los cargos que se postulan.

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