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NORMATIVA DESTACADA Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nro 163 – 28.06.2017

Resolución Nº 4082, AFIP, B.O. 26/06/2017

Tasa de interés – Código aduanero – 50 % – Decreto 1001/82 – Artículo 794 del Código Aduanero

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JURISPRUDENCIA Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nro 163 – 28.06.2017

Fernández Ballester, Carlos Luis c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ habeas data”, Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V,  23/06/2017

Habeas data – Datos – Banco Central – Situación financiera – Crédito

 

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nro 163 – 28.06.2017

Mucho se ha hablado en las últimas semanas respecto de lo resuelto por la Cámara Federal de la Seguridad Social con fecha 16/5/2017, en los autos “Calderale Leonardo Gualberto c/ ANSES s/Reajustes Varios”, en donde la Sala 2, con voto del Dr. Herrero y de la Dra. Dorado, declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias en el marco de una demanda por reajuste de haberes.

El tratamiento y comentarios difundidos en general, sobre todo a nivel periodístico, han sido naturalmente favorables al fallo, como suele suceder con cualquier decisión judicial que determine un menor pago de impuestos a cargo de los contribuyentes, lo cual se acentúa aquí por la natural empatía que despiertan las personas jubiladas. Sin perjuicio de ello, desde el punto de vista técnico, en mi opinión el fundamento de la decisión presenta problemas y, además, encierra un peligro. Veamos.

Los fundamentos del voto del vocal preopinante, el Dr. Herrero, básicamente pueden sintetizarse en cuatro afirmaciones, ordenadas en función al mayor o menor desarrollo que de cada una de ellas se hace en el voto: (i) que a la luz del impuesto a las ganancias las jubilaciones no pueden ser consideradas rentas; (ii) que no corresponde el impuesto en tanto se aplica sólo a las jubilaciones más altas; (iii) que gravar las jubilaciones importa una hipótesis de doble imposición; y (iv) que aplicar el impuesto a las ganancias sobre el haber jubilatorio importa violar la garantía de integridad, proporcionalidad y sustitutividad. La Dra. Dorado, por su parte, en un voto más breve, básicamente adhiere por los fundamentos (i) y (iv). Conforme explicaremos seguidamente, todas y cada una de estas afirmaciones tienen, en mayor o menor medida, inconvenientes técnicos que deben ser considerados.

En lo que respecta a la primera afirmación puede leerse en la sentencia que en el caso de jubilaciones “no se configura este requisito insustituible del concepto legal de ganancia, puesto que ningún miembro del sector pasivo presta servicios u obtiene rentas, enriquecimientos o rendimientos merced a una actividad” (cf. voto del Dr. Herrero), o que “la naturaleza jurídica de las prestaciones previsionales como contraprestación por el sufrimiento de una contingencia, no se asemeja ni puede equipararse con una renta o rendimiento” (cf. voto Dra. Dorado). Respetuosamente, consideramos poco felices estas líneas de argumentación que pretenden que la ley sería inconstitucional en la parte en la cual categóricamente dispone que las jubilaciones están gravadas (ver artículos 79 inciso “c”, 18 inciso “b”, etcétera) por el sólo hecho de que gravar una jubilación no sería consistente con la definición general del hecho imponible prevista en la parte general de la ley. Es que no se explica el motivo por el cual la definición genérica del hecho imponible podría tener mayor jerarquía normativa sobre la parte especial de la Ley, máxime cuando es sabido que (a) es la norma especial la que prima sobre la general y (b) es categórico el artículo 2 de la ley, que describe el hecho imponible invocado en el fallo, en cuanto sostienen que la definición de ganancia allí ensayada es “sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría”. Así la cosas, consideramos esta afirmación, cuyo desarrollo es el que más líneas ocupa en el voto del Dr. Herrero, es claramente insuficiente para fundar la declaración de inconstitucionalidad dispuesta.

En lo que respecta a la supuesta violación de la doctrina del precedente Badaro –en cuanto consideró que aumentar sólo las jubilaciones inferiores y no las superiores importaba un indebido el achatamiento de la pirámide, violatorio del principio de proporcionalidad– en nuestra opinión ello tampoco sería estrictamente cierto, toda vez que, aunque con obvios matices, el impuesto a las ganancias al que se somete al jubilado también es aplicable al trabajador en actividad. Y, en todo caso, si hubiera una diferencia en la intensidad de la aplicación en uno y otro caso, no parece que ello pueda justificar una declaración de inconstitucionalidad del tributo aplicado in totum.

Tampoco encontramos fundada la sentencia en cuanto afirma que “la persona con status de jubilado (…) debió haber sufragado este impuesto en la categoría prevista en el art. 79 de la Ley”, por lo que “el aporte en concepto de impuesto a las ganancias que grava a los jubilados sería percibidos por el estado en dos oportunidades con respecto a la misma persona, lo cual podría configurar una doble imposición”. Y ello, básicamente, por dos razones muy elementales. En primer término, porque las contribuciones a la seguridad social son deducibles del ingreso por el cual el trabajador tributa en actividad (cf. artículo 81 inciso “d” de la ley del Impuesto a las Ganancias), por lo que fácil es ver cómo el legislador, en rigor, lo que ha pretendido no es gravar el importe correspondiente a las jubilaciones dos veces, sino diferir la tributación respecto de la porción destinada al régimen jubilatorio, para gravarla al hacerse efectivos los beneficios de la seguridad social, en esa sola oportunidad (o sea, no se verifica un caso de múltiple imposición). Y, en segundo lugar, por el hecho de que más allá de lo que pueda escucharse comúnmente entre legos, no existe norma constitucional alguna que prohíba la múltiple imposición en sí misma.

Finalmente, resta el argumento que apela a los principios de integridad, proporcionalidad y sustituitividad, más elocuentemente citados por la Dra. Dorado, en cuanto afirma que “si los beneficios previsionales están protegidos por la garantía de integridad, proporcionalidad y sustituitividad, resulta contradictorio que sean gravados por el propio Estado con un impuesto y/o quita, ya que es el mismo Estado quien resulta responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos principios”. Tenemos para nosotros que –incluso considerando las referencias a lo resuelto en los precedentes “Sánchez, María del Carmen” o “Badaro”–, no surge con la claridad que una declaración de inconstitucionalidad como la dispuesta necesita, el motivo por el cual tales principio prohibirían aplicar un tributo sobre el haber de un jubilado, al menos en la medida en que dicha aplicación guarde proporcionalidad con la que deben soportar quienes están en actividad (deduciendo el importe correspondiente a las contribuciones al régimen de la seguridad social).

Es que, más allá de la natural empatía que la clase integrada por los jubilados pueda generar, y del respeto que todas las personas en estado de pasividad merecen sin discusión, en definitiva de lo que se trata aquí es de concurrir entre todos los habitantes del país al sostenimiento de las cargas públicas, de acuerdo con la capacidad contributiva que cada persona detente. Y, en lo que constituye una afirmación personal y, como tal, naturalmente opinable, ex ante, para una misma e idéntica suma de ingresos, no encuentro diferencias en términos de capacidad contributiva entre un jubilado y una persona en actividad, que justifique una declaración como la pretendida a favor de los primeros. Y qué decir si uno compara jubilados con haberes superiores al de personas en actividad. A sabiendas de que puede sonar políticamente incorrecto, en mi opinión, desde el punto de vista fiscal o constitucional tributario, no existen motivos para eximir del impuesto a las ganancias a la categoría “jubilados” con independencia del monto de su haber ya que, por ejemplo, ello llevará a que mientras un trabajador que supera el límite no imponible tribute ganancias regularmente, un beneficiario de una jubilación de $100.000 no lo haga y, francamente, no encuentro justificativo alguno para ello.

Por lo demás, retomando la advertencia que se hiciera al comienzo del trabajo, de confirmarse el criterio manifestado en este fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no debiera extrañar que la respuesta por parte del parlamento termine siendo tal que no permitan deducir las contribuciones a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias (tiene sentido a la luz de una regla según la cual sólo durante la actividad del trabajador el Estado puede recaudar el impuesto a las ganancias). En tal caso, claro está, el remedio habrá sido peor que la (pretendida) enfermedad.

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NORMATIVA DESTACADA Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro 125 – 28.06.2017

Disposición Nº 222/2017, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, B.O. 14/06/2017

Automotores – Plazos mínimos – Documentos – Conservación – Registros seccionales

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JURISPRUDENCIA Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro 125 – 28.06.2017

Iraola S.A. c/Tres Bastones S.A. y otros s/ ordinario”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 19/05/2017

Exceso de rigorismo – Mediación previa – Obligatoriedad – Audiencia de conciliación – Ley Nº 26.589

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro 125 – 28.06.2017

Diversos son los contratos mercantiles que como consecuencia de la unificación del derecho privado, se han introducido en el nuevo ordenamiento civil y comercial que hasta su sanción, eran atípicos o se hallaban regulados en forma inorgánica: factoraje, agencia, concesión, franquicia, contratos bancarios, arbitraje, ciertos contratos asociativos.

Algunos de ellos poseían con anterioridad una llamada “tipicidad social”, concepto que debe entenderse como referido a contratos que carecen de regulación positiva, pero cuyo uso frecuente determina que se les otorgue una designación y una normativa que proviene de los usos y costumbres, y que es aceptada por la doctrina y la jurisprudencia[1].

            Con el avance de la llamada globalización, las formas de comercialización y distribución de productos se han visto fuertemente modificadas. El fabricante a gran escala realizaba todos los pasos de la cadena de comercialización hasta poner el producto en manos del consumidor. Luego pasó a valerse de los llamados auxiliares de comercio –factores, dependientes, viajantes y otros– y en la actualidad, se han desarrollado nuevos modos de colaboración con terceros que dieron paso a modernas formas contractuales que permiten la conformación de redes de distribución masiva.

Dentro de ellas, en sentido amplio, encontramos en la actualidad un conjunto de situaciones que tienen en común la constitución de diversas vías de comercialización por medio de terceros que se desempeñan sin relación de dependencia.

            Los denominados genéricamente “contratos de distribución comercial”, originados a partir de la intermediación en la comercialización de productos de terceros –y dentro de los cuales encontramos los de consignación, distribución, concesión y agencia–, son instrumentos útiles para permitir la fabricación, comercialización y distribución de productos contando con la colaboración o cooperación de comerciantes jurídicamente independientes, que se vinculan al quehacer económico del productor o fabricante formando una red o cadena[2].

Uno de ellos, el contrato de distribución sobre el cual queremos llamar la atención, no ha sido regulado expresamente en el Código. Tan solo ha sido mencionado en el art. 1511, disposición en donde se indica que las normas del Capítulo 18 referidas al contrato de concesión serán aplicables al de distribución en tanto resulten pertinentes, de modo que habrá que recurrir a las disposiciones de dicho contrato a los fines de la determinación de los lineamientos de la distribución.

Se trata de un contrato consensual y complejo, en donde un empresario independiente pone su empresa al servicio de otro en forma estable y actúa por cuenta propia intermediando en una actividad que indirectamente relaciona al prestador de bienes y servicios, con el consumidor o con terceros, asumiendo los riesgos de la explotación.

El distribuido o predisponente, productor de bienes o servicios, no contrae riesgo crediticio por las actividades de la distribuidora, que comercializa esos bienes o servicios, actúa en nombre propio y asume la responsabilidad de los contratos que celebra con terceros dado su carácter de empresario autónomo[3], no obstante que pueda verificarse alguna sujeción de índole técnica o económica como consecuencia de la estandarización de toda la red de distribución.

Como resultado del reenvío que realiza el art. 1511 del CCCN a que hiciéramos mención, es aplicable al contrato de distribución lo dispuesto en torno a los plazos obligatorios del contrato de concesión contenidos en el art. 1506, de modo tal que no puede pactarse por un lapso inferior a cuatro años, reducido excepcionalmente a dos años cuando el distribuido conceda al distribuidor las instalaciones para el desarrollo de su actividad.

Y si el contrato continúa luego de vencido el plazo sin que se estipule uno nuevo, opera la transformación de pleno derecho en un contrato de plazo indeterminado.

A su vez, de tratarse de contratos por tiempo indeterminado, resultan de aplicación los arts. 1492 y 1493 del nuevo ordenamiento civil y comercial, de conformidad con lo que expresamente prevé el art. 1508. Ello significa que cuando el contrato pase de ser de tiempo determinado a indeterminado por la continuación del vínculo sin haberse fijado plazo, cualquiera de las partes podrá rescindir el vínculo mediante el otorgamiento de un preaviso, cuya omisión faculta a la otra parte a solicitar indemnización por las ganancias dejadas de percibir durante todo el período del preaviso que debió ser dado.

Ello en tanto se pretenda concluir el vínculo sin causa, ya que existiendo incumplimiento, podrá recurrirse a la resolución por este motivo de acuerdo al art. 1083 del CCCN.

La jurisprudencia anterior a la vigencia del CCCN había admitido la posibilidad de rescindir unilateralmente la relación de contratos por tiempo indeterminado, siempre que se otorgare un preaviso razonable. Cuando el preaviso es otorgado al distribuidor, tiene por fin permitirle paliar las consecuencias que se derivan de la ruptura y se halla orientado a posibilitar la reorganización de la actividad empresarial; ese resarcimiento se sustenta en la necesidad de que el perjudicado por la resolución, reorganice sus factores de producción[4].

Entonces, la calificación de razonable se relaciona con el tiempo que resulte apto a efectos de que el distribuidor tenga la posibilidad de readecuar su estructura empresaria a la nueva situación, y por lo tanto, debe tenerse en consideración el plazo por el cual ha estado vigente el contrato y las inversiones realizadas por el distribuidor, en función del objeto específico del convenio.

Por ejemplo, no es lo mismo distribuir productos sometidos a cadena de frío que aquellos que no lo requieran; esta diferencia se refleja en las inversiones que requiere el negocio, con su evidente incidencia en el daño que se puede generar al tiempo de la resolución.

El contrato que se ha extendido a lo largo de varios años otorga al distribuidor la posibilidad cierta de recuperar la inversión y obtener lucro. Así habrá cumplido sus fines y por ello será suficiente que al distribuidor se le conceda un tiempo razonable para reorganizarse, aspecto que no necesariamente está condicionado por la antigüedad del vínculo. La pauta podría ser diversa si se acreditasen nuevas inversiones en tiempos próximos a la resolución.

Por el contrario los efectos de la resolución arbitraria sobre el distribuidor recién instalado son significativamente mayores, ya que ni siquiera habrá podido recuperar la inversión, de modo tal que nos parece acertada la disposición del CCCN sobre plazos mínimos de vigencia de la relación.

Sin embargo, no compartimos lo expresado en el párrafo segundo del art. 1492 cuanto a que “El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato”.

Pareciera que el legislador ha querido introducir una pauta resarcitoria objetiva, de manera tal de eliminar la subjetividad propia que se sigue del parámetro razonabilidad comúnmente utilizado a este fin. Mas ello puede derivar en situaciones intrínsecamente injustas, dado que no son pocos los casos en donde los contratantes han estado relacionados por varias décadas hasta la ruptura, de modo tal que la aplicación sin cortapisas de la nueva disposición, podría ocasionar la paradojal situación de que las partes, cuyo contrato se ha transformado en un contrato de plazo indeterminado, por imperio de la norma continúen en el marco del vínculo obligacional por unos cuantos años más.

Ello conspira contra el principio sentado por la CSJN en el conocido precedente leading case en la materia, “Automóviles Saavedra”[5], según el cual las relaciones contractuales no pueden convenirse a perpetuidad, donde también se señaló que no existía óbice a la posibilidad de rescisión unilateral en aquellos contratos en los cuales no hubiere pacto expreso de duración, prerrogativa que no sólo no podía tildarse de abusiva o contraria a reglas morales, sino que se configuraba en la consecuencia lógica del negocio jurídico particular.

Cabe tener en cuenta que la relación durante el plazo de preaviso deja de poseer las características que tenía durante el lapso normal del contrato, ya que, lógicamente, el distribuidor se encuentra frente a la necesidad de reorganizarse y sus expectativas se ven modificadas, de manera tal que probablemente ya no preste la debida atención a sus obligaciones o no se avoque del mismo modo en que lo hacía, disminuyendo la intensidad de la colaboración propia de esta clase de contratos.

En esta etapa, los parámetros de la buena fe a los que mutuamente las partes deben ajustarse en el cumplimiento de sus contraprestaciones, pueden verse modificados sin que por ello pueda imputarse mala fe, en los términos referidos en el párrafo anterior, claro está.

Y si el distribuido ante tal situación o previendo que la culminación del vínculo le va a ocasionar consecuencias más gravosas –como daños a la imagen, pérdida de clientela, invasión de las zonas de exclusividad de otros distribuidores y otros perjuicios–, decide finiquitar la relación sin preavisar, deberá, conforme a lo previsto por el art. 1493, resarcir al cocontratante con una suma sustitutiva equivalente a “las ganancias dejadas de percibir durante el período”.

Ello –siempre en el marco de convenios de larga duración que se hayan transformado en contratos de plazo indeterminado–, puede ocasionar una afectación del derecho de propiedad del distribuido y un enriquecimiento incausado por parte del distribuidor, desnaturalizándose aquella finalidad señalada del instituto del preaviso, esto es, otorgarle la posibilidad al distribuidor de reorganizar su actividad debido a la discontinuidad del vínculo.

En tal sentido, el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de 1998 fijaba un plazo máximo de seis meses (art. 1373) como suele establecerse en derecho comparado, plazo que solo está previsto en el nuevo ordenamiento exclusivamente para el contrato de franquicia (art. 1522-d), otorgándose de tal modo razonable resolución al problema.

Como las soluciones en el plano jurídico de este conflicto, deben comenzar por descartar a priori aquellas que involucren cuestionamiento constitucional para ahondar en otras que consulten adecuadamente el ordenamiento jurídico en forma global y no fragmentada, se entiende apropiado recurrir a la regla del abuso del derecho que se hallaba prevista en la regulación sobre actos ilícitos en el Código Civil derogado, y que ha sido plasmada en el Código Civil y Comercial en el Título Preliminar, art. 10, según la cual “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, considerándose que ese ejercicio configurará abuso cuando se contrarían los fines del ordenamiento jurídico o cuando se excedan las limitaciones impuestas por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Es esta una regla que podrá guiar a los operadores al momento de disponer sobre las pautas de la resolución incausada del contrato.

Luego la disposición indicada le impone al juez “ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva (…)”.

De modo tal que mediante la aplicación de dicha norma, podrán conjurarse situaciones inequitativas otorgándosele al juzgador atribuciones para, verificado el conflicto ante los estrados judiciales, determinar si el preaviso otorgado ha sido razonable y, en su caso, fijar el resarcimiento en base a un lapso prudencial que atienda a la situación particular según el tipo y alcances de la relación, sin atenerse a la estricta pauta del mes por año de los arts. 1492 y 1493, ni tampoco a la de los seis meses previstas para el contrato de franquicia.

[1]  Moisset de Espanés, Luis, Contratos atípicos en la doctrina y jurisprudencia argentinas, pág. 3,

 http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artcontratosatipicos.

[2]  Boretto, Mauricio, Los llamados “contratos de distribución” en el Código Civil y Comercial, diario La Ley, 06.11.14

[3]  Marzorati, Osvaldo, Sistemas de Distribución Comercial, pág. 53, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995.

[4]  CNCom., Sala C, “Pedro De Luca e Hijos S.R.L. c/ Massalín Particulares S.A. s/ ordinario”, 1.11.02, entre otros.

[5] 1.4.8.88, LL 1989-B-1.

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NORMATIVA DESTACADA Diario Consumidores y Usuarios Nro 122 – 27.06.2017

Resolución Nº 464/2017, Secretaría de Comercio, B.O. 16/06/2017

COFEDEC – Análisis – Intercambio – Información – Políticas públicas – Protección del consumidor – Ministerio de Producción

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JURISPRUDENCIA Diario Consumidores y Usuarios Nro 122 – 27.06.2017

Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires c/ Min de Infraestructura, VIV y Serv. Público s/ pretensión anulatoria – otros juicios”,  Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, 16/06/2017

Medida precautelar – Valores – Cuadro tarifario – Usuarios – Concesión – Resolución 419/1 del MIySP – Electricidad

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Consumidores y Usuarios Nro 122 – 27.06.2017

Es habitual que, al comenzar la lectura de un artículo sobre comercio electrónico, el lector encuentre una reflexión o reseña –tal vez histórica– respecto de cómo y cuánto ha modificado nuestras vidas la aparición de la Internet y su influencia en nuestro paradigma de consumidores. En este caso, y como suele decirse “en honor a la brevedad”, le voy a ahorrar esa repetición y solo voy a señalar algunos datos recientes proporcionados por la C.A.C.E.[1], según la cual en la Argentina en el año 2016 se realizaron operaciones comerciales por la suma de $102 mil millones de pesos correspondientes a 47 millones de órdenes de compra, esto es 13 veces más del volumen operado en el año 2010 ($7.755 millones de pesos). Es que existen determinados rubros que han migrado casi la totalidad de sus operaciones a los medios electrónicos como por ejemplo: la venta de pasajes aéreos, la estadía en hoteles, la venta de entradas para espectáculos, servicios bancarios, entre muchos otros. Por esta razón es importante tener claro y “pasar en limpio” a este “microsistema” legal, que se encuentra dentro del Sistema Legal para la Defensa del Consumidor[2], dejando expuestos los derechos específicos de los “consumidores electrónicos” comprendiendo ambas caras de estas operaciones, es decir aquellos derechos tendientes al resguardo de la compra y aquellos que buscan proteger los datos volcados en la operación.

En esta enumeración de derechos y normas, que componen el marco legal aplicable a esta especie de consumidor, el lector no va a encontrar un mayor grado de protección sino que encontrará la misma protección que tiene cualquier consumidor pero adaptada –si se quiere aumentada– en los puntos específicos donde se produce una mayor vulnerabilidad. Sin ir más lejos, el consumidor electrónico no ha tomado contacto físico con el producto y ni siquiera ha ingresado a un establecimiento con un domicilio a donde –en un futuro– pudiera dirigir un reclamo, situación que lo coloca en desventaja frente al consumidor tradicional y justifica lo antedicho.

Vale mencionar que la Unión Europea regula específicamente la cuestión mediante la Directiva 2000/31/CE (sobre el comercio electrónico), Estados Unidos mediante la Sección 230 (c) de la Communication Decency Act de 1996, Singapur estableció la Electronic Transaction Act de 1998 y mucho más cerca nuestro, Brasil también cuenta con una regulación específica: Decreto No. 7962 sancionado el 15 de marzo de 2013 (casual o causalmente, el Día del Consumidor), Colombia con su Ley Nº 527 y muchos otros países (incluso algunos estados de los Estados Unidos y provincias de Canadá), adoptaron la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de Naciones Unidos para el Derecho Mercantil Internacional.

El caso nacional es diferente, puesto que las normas donde se encuentran volcados los derechos que aquí interesan están dispersas. Parte de la regulación surge de la Ley 24.240, cuya puerta de ingreso serán los art. 33 –Venta por correspondencia y otras–  y 34, otro tanto se ubica en el Código Civil y Comercial en los arts. 1105 al 1116 en donde ya se menciona específicamente a los medios electrónicos como canales de comercio y, finalmente, la poco conocida Resolución 104/2004 SCT de la Secretaría de Coordinación Técnica que incorporó a la legislación nacional a la Resolución 21/2004 del Mercosur relativa al derecho de información del consumidor en las transacciones comerciales a través de Internet. Según el caso, a estas normas –eventualmente– se les sumarán en carácter secundario algunas otras e incluso regulaciones locales y administrativas. Por ejemplo la Ley 25.326 (Ley de Protección de Datos), Ley 25.506 (Ley de Firma Digital), Ley 26.388 (Ley de Delitos Informáticos), Ley 22.802 (Ley de Lealtad Comercial) y Ley 25.156 (Ley de la Defensa de la Competencia) entre otras.

           

Derecho a conocer la identidad de la empresa. Todo consumidor tiene derecho a ser informado de la identidad y domicilio de la empresa con la que está contratando, así como de sus datos comerciales. Esto se encuentra respaldado por el art. 3 de la Res. 21/2004 Mercosur, incorporada por la Res. 104/2005 SCT[3], arts. 8, 10 y 33 “in fine” de la LDC[4], pues resulta de toda lógica que el consumidor conozca estos datos para que ante cualquier inconveniente sepa a quién y a dónde dirigir su reclamo. No es admisible que las empresas operen desde el anonimato, situación que en nuestro país es más habitual de lo que nos damos cuenta, alcanza con dar una mirada en los buscadores más grandes de la web para encontrar la dificultad que han tenido consumidores –y en algunos casos colegas– para identificar el domicilio de la página web más conocida de compra venta de artículos ofrecidos por los usuarios o de la más grande vendedora de pasajes aéreos y hasta incluso una conocida vendedora de entradas de espectáculos.

 

Derecho a una información veraz, clara, concisa y actualizada sobre nuestro producto o servicio. Los consumidores tienen derecho a recibir una información veraz y clara sobre la oferta comercial del producto o servicio, de forma que, en el momento de la compra, el consumidor pueda tomar una decisión consciente de todo lo que necesita saber sobre el artículo. Esta información debe incluir las garantías legales y la información técnica o postventa ofrecida. También debe conocer los costos del envío antes de realizar la compra. Es decir, que este derecho comprende la etapa previa a la contratación, durante y con posterioridad a la misma. Este derecho fundamental surge de los arts. 4, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30 bis, 32, 34, 36 y 38 de la LDC, la totalidad de los artículos de la Res. 104/05 SCT, la totalidad de los artículos de la Res. 906/98 SICM[5] y los arts. 1100, 1106, 1107, 1108 y1111 del C.C.C.[6]

 

Derecho a no facilitar los datos personales que no sean necesarios para la transacción. El objetivo de este derecho es suministrar exclusivamente la información necesaria para efectuar la compra. Cualquier otra información que el proveedor desee obtener de los consumidores, para fines estadísticos o promocionales, deberá solicitarlos en otro momento. Consagrado en los arts. 5, 6 ,7 de la L.P.D.P. [7]

 

Derecho a la protección de sus datos personales. Para evitar robos de identidad, los consumidores tienen derecho a ser informados sobre la finalidad y las posteriores utilizaciones de los datos personales recopilados por el proveedor, así como a acceder, corregir y cancelar sus datos cuando lo consideren necesario, conforme a los arts. 3 a 28 de la L.P.D.P.

 

Derecho a utilizar diferentes medios de pago y que éstos sean seguros. Todo consumidor tiene derecho a efectuar el desembolso de la compra con el medio de pago que le sea más conveniente, entre las alternativas propuestas por el proveedor. Además, tiene derecho a solicitar que se utilice un sistema seguro para realizar la transacción. Este derecho está relacionado directamente con la seguridad del consumidor y el deber del proveedor de mantener su indemnidad frente a la operación que está realizando. Entiendo que este derecho está previsto en los arts. 1757 y 1758 del C.C.C. y arts. 40 y 40 bis de la L.D.C.

 

Derecho a recibir atención personalizada por medios alternativos al correo electrónico. Es fundamental que el consumidor se pueda contactar con el proveedor por medio de una comunicación directa, ya sea telefónica, presencial o por cualquier otro medio que facilite una respuesta inmediata. Derecho garantizado por el art. 27 de la LDC y su incumplimiento podría enmarcar el caso en el art. 8 bis y consecuencia habilitar las sanciones previstas en el art. 52 bis de daño punitivo.

 

Derecho a recibir el pedido en un plazo máximo de 15 días. Salvo que no hayamos acordado otro plazo diferente. Esto se aplica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que mediante la Ley nro. 3006 C.A.B.A.[8]  reguló la cuestión. Si el proveedor no informó un plazo de entrega, se interpretará un plazo máximo de 15 días de celebrado el contrato con el consumidor (art. 3 de la citada ley).

 

Derecho a compensación por incumplimiento del plazo de entrega. También aplica solo en la C.A.B.A. El proveedor está obligado a cumplir el plazo de entrega informado al vendedor, pues de no hacerlo el consumidor tendrá derecho a percibir la penalidad –daño directo– que disponga la autoridad de aplicación a razón de 1% por cada día de retraso sobre el valor de la compra (art. 4, 3008 C.A.B.A.).

 

Derecho a arrepentimiento o revocación de la compra. También la doctrina lo apunta como “Derecho al período de reflexión”. Este derecho es una de las adaptaciones más importantes en favor del consumidor electrónico, pues a diferencia de un consumidor tradicional, puede revocar la compra realizada sin ningún tipo de causa o motivo. Por esta razón no deberá dar explicaciones al proveedor por el ejercicio de este derecho. El período legal “de reflexión” en el que consumidor puede ejercer este derecho es de 10 días siempre que el proveedor hubiera informado este derecho al consumidor por escrito con letra negrita del doble de tamaño que la utilizada en el cuerpo del documento. Si el proveedor no informa este derecho, el consumidor no tendrá límite en el tiempo para revocar la compra. La revocación deberá ser notificada al proveedor de forma escrita, por medio electrónico o bien con la devolución de la cosa y en caso de que esta produzca gastos serán a cargo del proveedor. Este derecho y sus excepciones están consagrados en el los arts. 1110 a 1116 del C.C.C., en el art. 34 L.D.C., en la  Res 908/98 art. 4 y en la Res. 104/2005 S.C.T. en su art. 2 inc. d.

 

Derecho a reparación o sustitución de un producto dañado. Al igual que el consumidor tradicional, aquel que ha realizado su compra por un medio electrónico cuenta con garantía de ese producto, incluso si es usado. El periodo legal es de 6 meses para los artículos nuevos y de 3 para los que son usados, aunque los proveedores pueden establecer plazos más largos. Tanto las reparaciones o sustituciones que se realicen durante ese período serán siempre sin cargo para el consumidor. Establecido en los arts. 11 al 18 L.D.C.

Es importante recordar al lector que en atención al carácter de orden público de la L.D.C., otorgado por su art. 65, la mayoría de los derechos aquí enumerados son irrenunciables y cualquier cláusula impuesta al consumidor limitando o impidiendo el ejercicio de estos derechos, tendrá que ser considerada abusiva en los términos del art. 1117 del C.C.C.

[1] C.A.C.E.: Cámara Argentina del Comercio Electrónico – www.cace.org.ar

[2] Shina, Fernando, “Sistema Legal para la Defensa del Consumidor” Bs.As., Astrea, año 2016.

[3]  Resolución 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica del 27/06/2005.

[4]  LDC: Ley de Defensa del Consumidor, Nro. 24.240.

[5]  Resolución Nro. 906/1998 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, del 30/12/1998.

[6]  C.C.C.: Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994 del 01/10/14.

[7]  LPDP: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales del 04/10/00.

[8]  Ley Nro. 3006 de la Ciudad de Buenos Aires “Plazos de Entrega para Bienes y Servicios” 5/03/2009.-

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NORMATIVA DESTACADA Diario Administrativo Nro 159 – 27.06.2017

Decreto Nº 426/2017, B.O. 15/06/2017

Organización administrativa – Estructura – Ministerios – Educación – Deporte

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