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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Familia y Sucesiones Nro 188 – 22.03.2019

El mal uso de las figuras societarias de un cónyuge para perjudicar al otro ha sido una manera que tiene el agresor de ejercer violencia psicológica y/o económica hacia su pareja, desproveerla de bienes, negarle participación societaria, limitarla en los recursos, disminuir su autoestima, etc.

La sociedad de hecho es un contrato por el cual dos o más personas acuerdan poner en común alguna cosa con el objeto de repartirse el beneficio que pueda obtenerse y deben existir tres elementos para que se considere evidenciada, ellos son: 1) la existencia de aportes; 2) la participación en los beneficios o en las pérdidas y 3) la intención de celebrar un contrato de sociedad”.

En el marco de una unión convivencial puede existir dicha sociedad siempre que se acrediten los requisitos mencionados. Sin embargo su existencia es cuestionada cuando se plantea su disolución poniendo en el tapete entre otras cuestiones, la calidad de convivientes, la inexistencia de aportes, la dificultad probatoria de los elementos dado el contexto familiar en el que se realiza la sociedad, etc.

En un fallo, los progenitores y herederos del Sr. Fuse. promovieron demanda contra su pareja, la Sra. A. C. A.por división de condominio del inmueble y automóvil. La Sra. reconviene por reconocimiento de la sociedad de hecho que llevaba con su pareja destinada a explotar una agencia de lotería. La Cámara revocó la decisión en cuanto había hecho lugar a la acción de división de condominio. Para así decidir, consideró acreditado los elementos mencionados para configurar una sociedad de hecho y agregó como fundamento el análisis del contexto en el que se situaba la petición, es decir un examen integral de los hechos y de las circunstancias sociales y culturales que rodean el caso. Desde allí se impone, por imperativo ético y convencional, una perspectiva basada en la igualdad de géneros, para advertir en el caso la existencia de una sociedad de hecho entre un hombre y una mujer que habían mantenido una relación de pareja durante décadas.

En relación a los aportes comunes (de trabajo o capital), todos los testigos son contestes en sus declaraciones sobre la labor mutua y cooperativa desarrollada por la pareja.

El excedente de la sociedad claramente fue reinvertido en el automóvil como en otros bienes que no ingresaron al patrimonio de la demandada, pero la decisión de titularidad de los bienes ha resultado en un marco cultural y social que lleva ínsita la raigambre patriarcal de nuestra sociedad. Omitir tal aspecto nos aleja sensiblemente del contexto de las cosas y de una solución acorde a las exigencias constitucionales y convencionales de nuestros tiempos.

Es inevitable observar que la demandada es mujer, ama de casa, trabajadora (sin sueldo ni derechos sociales) y conviviente. Es desde aquí que se entiende que las inscripciones registrales de algunos de los bienes se hayan realizado a nombre del integrante masculino de la sociedad. Es así que, atento a la necesaria perspectiva de género que debe adoptar la magistratura impartiendo una justicia igualitaria que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal superando las discriminaciones por género, debe analizarse la situación jurídica de los bienes que han sido adquiridos una vez iniciada la vida del ente societario. Sumado a la prueba de los aportes realizados por la demandada, del fallo surge que:

  • La renuncia de la señora a su trabajo y el goce de licencia sin goce de sueldo, lo que supondría dedicar sus esfuerzos (es decir su trabajo) al emprendimiento en común.  Este hecho da cuenta que su actividad personal en la agencia tuvo todos los visos de una participación societaria.
  • Las constancias del expediente administrativo donde se indicaba una participación social en la explotación comercial de la agencia.
  • La compra en condominio de aquellos bienes por los que se solicitó la división.
  • El silencio procesal del señor Fuse a la carta documento enviada en donde se invocaba la existencia de la sociedad.
  • El reconocimiento de la existencia de la sociedad en una audiencia.

Los jueces de Cámara justifican su accionar al sostener que si bien las normas relevantes para resolver la cuestión litigiosa parecen no haber cambiado, sí se ha modificado el lugar desde donde el intérprete las analiza y ello hace que -aunque las palabras sean las mismas- no sea lo mismo lo que se prescribe.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS II Diario Penal Nro. 228 – 22.03.2019

Cloward (1926-2001)y Ohlin (1917)

Ellos han efectuado grandes progresos en la teoría de la anomia, elaborada por Merton. Tratan de unificar dos variantes de las primeras sociologías del delito: la anomia, que se ocupa de los orígenes de la conducta desviada, y la asociación diferencial, que se concentra en la transmisión de estilos de vida desviados, interviniendo también elementos de la teoría de la subcultura,  constituyendo de esa manera la “la teoría de la desigualdad de oportunidades”

En palabras de los propios autores, “el concepto de la estructura de la desigualdad de oportunidades nos permite unir la teoría de la anomia, que reconoce el concepto de diferencias en el acceso a medios legítimos, y la “tradición de Chicago” en la que el concepto de diferencias en el acceso a los medios ilegítimos está implícito”[1]

Tanto Cloward como Ohlin aceptan muchos de los argumentos elaborados por Merton, como la existencia de una meta cultura omnipresente, el éxito monetario, una sociedad norteamericana en donde hay una enorme desigualdad entre las clases sociales a la hora de acceder de un modo legitimo a la meta cultura. Ante esta desigualdad, que produce una frustración en los individuos, utilizan medios ilegítimos para cumplir sus metas. [2]Sin embargo, estos autores sostienen que hay una desigualdad en el acceso a las oportunidades ilegitimas. Lo medios ilícitos no son igualmente accesibles para todos. El adquirir un papel desviado no es algo sencillo de disponer, su acceso depende de varios factores, como la posición económica, la edad, el sexo, la raza, la personalidad, etc. Solamente en aquellos barrios en donde el crimen aparece como algo estable e institucionalizado, operara como un fértil campo de aprendizaje para los jóvenes de ese ambiente. Es por esta razón, que concentran su teoría de las diferentes oportunidades en un grupo: los jóvenes varones de clase social baja que viven en grandes centros urbanos. Hay tres grandes grupos de subculturas juveniles:[3]

  1. Subcultura criminal: este tipo de subcultura aparecerá fácilmente en aquellos barrios de clase baja relativamente estables, en el que la mayoría de los miembros de la comunidad se conocen unos a otros y aparece la delincuencia y la corrupción como una forma de vida aceptada por la comunidad y muy difundida en la misma como algo normal. En este tipo de barrios el rol criminal de los adultos es el modelo a imitar por los jóvenes que son socializados en una subcultura criminal en la que disponen de todos los medios y oportunidades para aprender este tipo de comportamiento. Se produce un adoctrinamiento en el delito.
  2. Subcultura del conflicto: En contraste con el tipo anterior, esta subcultura aparece en aquellos barrios menos estables, caracterizados por su desorganización social, en la que la mayoría de sus residentes viven en grandes edificios que generan una clase de personas aisladas y anónimas, en los que no hay contacto entre generaciones de delincuentes. En este tipo de barrio las oportunidades ilegítimas de acceder a la delincuencia no son tan fáciles, pero promueve el uso de la violencia para alcanzar un status o representatividad.
  3. Subcultura de la retirada o del abandono: Finalmente, hay individuos en todas las comunidades de clase social baja que fracasan en ambas estructuras de oportunidades (legítimas e ilegítimas). Estos “dobles fracasados” forman una “retreatist subculture”. Ellos elegirán una forma de vida fuera de su comunidad en torno a las drogas, el alcohol o cualquier otra fórmula de evasión.

En síntesis, éstos dos autores se partan de Merton en los siguientes puntos:[4]

  1. Presentan la mayor parte de la conducta desviada como una actividad colectiva y no como una adaptación individual.
  2. Indican cómo se puede evitar el sentimiento de culpa y se puede identificar al sistema como responsable de los problemas que se experimentan colectivamente; es decir que, en determinadas situaciones, los obstáculos para el éxito pueden ser visibles y de ellos resultan adaptaciones colectivas.
  3. Destacan la trasmisión de las culturas delictivas en los barrios bajos organizados, que brindan lo que denominan una estructura de oportunidades ilegítimas de éxito. La subcultura no se cristaliza apartándose del consenso existente; ya existe y, mediante asociación diferencial, proporciona un tipo particular de oportunidades y estilos de vida.
  4. Ponen énfasis en el desarrollo de nuevas subculturas totalmente ajenas al consenso, resultante de la falta o escasez de oportunidades legítimas e ilegítimas.

En cuanto a las aspiraciones, estos autores a diferencia de lo que postulaba Cohen, entendían que no todos los jóvenes de clase baja desean alcanzar las mayores expectativas de la sociedad, no todos quieren vivir como la clase media o alta. Para estos dos autores,  las presiones que llevan a la formación de las subculturas delincuenciales provendrían de las discrepancias entre las aspiraciones de los jóvenes de clase baja y las oportunidades que tienen para alcanzarlas legítimamente, de acuerdo a la óptica de Merton, y también a la diferencia de acceso a formas de comportamiento, según Sutherland. Las oportunidades legitimas que ofrece el sistema para enriquecerse son limitadas, sin embargos las oportunidades de obtener dinero de manera ilícita tampoco están bien distribuidas. No cualquiera puede convertirse en un delincuente, sino que depende de la organización de cada barrio de clase baja. Ello hará posible una rápida integración de los jóvenes delincuentes con el mundo adulto y permitirá un ascenso dentro de la subcultura, y también una integración de valores subculturales y de la cultura convencional. Si se dan estos elementos, la estructura del área era una que ofrezca oportunidades para delinquir.

Conclusión

Luego de haber desarrollado a los autores más exponenciales de las subculturas criminales, podemos afirmar que estamos frente a una temática universal que no reconoce fronteras. Se manifiesta no solo en las personas catalogadas como pobres, sino que puede darse en cualquier clase social.

Un ejemplo de esta fenómeno, son los “Maras”.

A principios de los años 80’ llega a los Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles (California), un grupo numeroso de inmigrantes salvadoreños que escapaban de las sangrientas guerras internas que vivía El Salvador (1). Algunos de estos jóvenes forman las agrupaciones que tomarían el nombre de”Maras” y cuyas dos vertientes principales serían la ”Mara Salvatrucha” (MS 13) y la Mara 18 (MS 18).

Las maras surgen en un principio como organizaciones de protección del barrio o la calle en la que se vive y para impedir que bandas provenientes de otros barrios –sobre todo en reacción contra el predominio de los barrios de “cholos” mexicanos en East Los Angeles- se apoderaran del control o el dominio de la zona. El carácter especial de estas bandas es el uso abierto y sancionado de la violencia, ya sea como protección o como agresión, y la práctica sistemática del delito. El consumo de drogas y el aumento constante en la adquisición y el uso de armas aceleraron esta espiral de violencia hasta límites extremos. Pronto el narcotráfico, el tráfico de armas, los asaltos y otras actividades delictivas se convirtieron en las acciones principales de las maras. La pertenencia a una mara le otorgó a muchos jóvenes desocupados, sin familia, sin documentos y provenientes de hogares dispersos por la guerra civil y la miseria, una identidad. El Barrio, la “clica”, con su forma de vida denominada “la vida loca” se transformó en una razón de ser y un lema: “Por mi madre vivo, por el Barrio muero”. En muchos casos se generó una especie de identificación de los integrantes de la mara –los “homeboys” o “hommies”- entre sí, como pertenecientes a una misma “familia”, lo que les otorgó lazos de “fraternidad” similares a los de las mafias criminales. A su vez, la solidaridad entre los miembros de la mara significó una total indiferencia y hasta el desprecio por el resto de la sociedad.[5]

A su vez, la sociología ha desarrollo teorías para poder darle respuesta al fenómeno de la delincuencia juvenil. Muchas de las explicaciones fueron adoptadas por la teoría de las subculturas criminales, para dar cuenta del fenómeno de los adolecentes que incurren en delitos de manera grupal y buscando no solo un botín económico, sino algo mas trascendental, en donde el valor va mas allá de lo económico, o del valor de mercado. Esto fue lo que llevo a uno de los autores, Cohen, a sostener que esta delincuencia es “antiutilitaria”y “negativa”. Estas dos características, fueron asimiladas a la población de clase baja. Empero, considero que es más amplio el panorama, abarcando también a las clases más adineradas de la sociedad.

Tanto Cohen, como Matza, Cloward y Ohlin no dan respuesta a los fenómenos de violencia ocasionados por los jóvenes que carecen de necesidades, de privaciones, de frustraciones, de educación, y que no forman parte de sus categorías expresadas anteriormente. Hoy en día, nos enfrentamos a una violencia mucho más significativas que en los años 30’, 40’ o 50´en la argentina, producto de del fácil acceso a armas de fuego y del aumento en el consumo de drogas.

Podemos observar en nuestra sociedad, casos[6] de jóvenes que fallecen producto de peleas entre pares, a la salida de un boliche, en plena madrugada, consumidos por el alcohol ingerido. En estos casos, no se trata de una pelea de territorio como sería el caso de los Maras, tampoco estamos frente a jóvenes “sucios”, “feos”, “pobres”, “malos”, “negros”, sino frente a chicos ricos, de buena clase social, con una buena educación y con posibilidades de acceso a cualquier solución.

Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué frente a esos casos de vandalismo y violencia, la opinión pública no habla de “inseguridad”, “pánico social”, o de la necesidad de endurecer el sistema penal?, ¿Por qué tal diferenciación?, ¿acaso el niño rico es menos ofensivo que el niño pobre porque se ve más lindo? ¿Es menos reprochable la conducta delictiva al joven de clase alta? , no entiendo el por qué, si la conducta es la misma, lo único que cambia es el autor. [7]

Esto genera una problemática que estos autores no han podido responder, la cruda realidad es que hoy en día la corriente positivista en nuestra sociedad es muy predominante, seguimos catalogando a la gente según su condición social y según su apariencia. Creemos que aquellos de apariencia sospechosa son el mal de nuestra sociedad, y que debemos eliminarlos a fin de evitar que rompan con el orden social establecido. Mientras ese pensamiento sea el predominante, nunca podremos evolucionar, sino que con el tiempo volveremos a la época medieval, restaurando la pena de muerte para aquellos inadaptados y haciendo justicia por su propia mano.

[1] CLOWARD, Richard y Lloyd E. OHLIN: Delinquency and Opportunity: A theory of delinquent

gangs, Free Press, Nueva York, 1960, pág. 151.

[2] En este punto es donde la teoría defendida por CLOWARD y OHLIN, difiere de los argumentos de MERTON. Le critican por asumir que quienes no tienen la oportunidad de lograr éxitos económicos mediante los medios institucionales y/o legítimos sean capaces de dirigirse a lograr éxitos económicos por medios ilegítimos. En cambio, ellos argumentan que también hay variaciones en las estructuras sociales en la disponibilidad de medios ilegítimos al igual que para los medios legítimos.

[3] Vázquez Carlos “Teorías criminológicas sobre delincuencia juvenil” Ed. Uned, Madrid ,pág. 26

[4] Anzit Guerrero, Ramiro; Benavídez Sergio Alejandro; Destéfano E. Leandro  “Las subculturas del delito en la Argentina”, Ed. Editor, Buenos Aires, 2015, página 33

[5] Anzit guerrero, R. y Fernández Hall Lilian, “Por mi madre vivo…por el barrio muero Maras, Clicas o pandillas en Centroamérica y México” http://www.anzit-guerrero.net/articulos.php

[6] Un caso fue el de Matías Bragagnolo en Abril del año 2006. Se refiere a un adolecente de 16 años que murió como consecuencia de una pelea entre chicos producto del robo de un celular. Surgió de la información periodística que el motivo de la pelea fue insignificante, y que los protagonistas buscaron poner en juego una demostración de fuerzas, sin medición de las consecuencias.

[7] Guemureman S., “Ni bandas ni pandillas: la miopía de las teorías de las subculturas para explicar la violencia juvenil”, Revista Temas sociológicos N°11, Buenos Aires, 2006, pagina 169

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS I Diario Penal Nro. 228 – 22.03.2019

En el marco del “Laboratorio de innovación e inteligencia artificial[1], se dio curso al “Proyecto de automatización de procesos y denuncias en materia de violencia de género”[2].

El eje inicial del proyecto, y sus lineamientos, ha sido la gobernanza de datos a partir del análisis de denuncias ingresadas y de las medidas tomadas en consecuencia. Todo ello, con el fin de sugerir e instar el diseño de procesos que incorporen técnicas de inteligencia artificial para optimizar el servicio de justicia que actualmente es brindado a las mujeres víctimas de delitos por violencia de género[3].

La primera fase de la investigación se ha centrado en analizar un segmento de denuncias por presuntos delitos o contravenciones cometidos en contexto de violencia contra la mujer, todas ellas ingresadas ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, la investigación ha puesto el foco inicial en la violencia económica, en tanto del trabajo exploratorio realizado, dicha violencia representa casi el 40% de los casos denunciados[4] mientras que, de aquellas, un 93% han sido instadas por el presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Más específicamente, por presunto incumplimiento de lo previsto en los arts. 1 y 2 de la Ley 13.944.

Con el fin de concretizar qué tipo de acciones y sistemas inteligentes aplicar (automatización, clasificación y detección inteligente o predicción), fue determinante la conclusión parcial arribada durante el primer trimestre de la  investigación donde se excluye la aplicación de un sistema de predicción para este tipo de casos. En efecto, a partir de la investigación se pudo esclarecer que la predicción tendiente a determinar si la conducta denunciada posee o no un riesgo de reiterarse, no resultaría necesario para el tipo penal descripto en el art. 1 y 2 de la Ley 13.944. Ello, en tanto la estructura del tipo penal allí prevista, tal como se explica en el informe[5], describe en cualquiera de sus formas típicas, un delito omisivo, permanente y de peligro abstracto y, por tanto, representa un riesgo en sí misma. En otros términos, ya el tipo penal presume el riesgo que genera la conducta del autor. Esto determina que, la prueba de la efectiva existencia de la probabilidad de un resultado lesivo resulte innecesaria, en tanto, basta con que el autor obligado omita prestar los medios indispensables respecto de los sujetos objeto de protección, para que el riesgo se imbrique en sí mismo. Por ende, el tipo penal es un análisis de riesgo que hace innecesario una nueva evaluación acerca de si existe un riesgo para el bien jurídico tutelado, salvo, claro está, que el delito concurra con otra figura típica de tipo comisiva. Por otra parte, en la medida que lo que se denuncie es un incumplimiento que persiste al momento de instar la acción, la conducta omisiva es, por tanto, continuada y por ello, las acciones que al respecto deban tomarse no se orientan a la prevención de un hecho que efectivamente está ocurriendo sino, directamente, a su cesación.

Siendo ello así, el análisis se ha direccionado hacia la observación de la evolución de los procesos aplicados a partir de la denuncia, para determinar las mejoras a partir de la implementación de sistemas inteligentes como la automatización de tareas concretas o la clasificación o detección inteligente, cuando lo que la mujer víctima denuncie sea, precisamente, un incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1 y 2 de la Ley 13.944).

Actualmente, a partir de la Gobernanza de datos, el diagnóstico y la reingeniería de procesos con perspectiva de género[6], ha permitido que el proyecto actualmente se encuentre abocado a la puesta en marcha de la prueba piloto para la aplicación de Inteligencia Artificial (asistencia inteligente; automatización; y clasificación detección inteligente) en materia de género, lo cual es inédito en nuestro país.

Así, de un primer muestreo, se ha podido estimar el tiempo de ahorro en la  confección de documentos con la utilización de Prometea[7]. Del mismo resulta que, sin la reingeniería de procesos, se producían luego de la toma de denuncia,  aproximadamente unos 15 documentos, en no menos de 30 minutos. En su lugar, con la reingeniería de proceso, Prometa confecciona la denuncia y todos los documentos necesarios requeridos en tan solo 2 minutos, cualquier sea la cantidad.  Incluso, infiriendo a partir de los dichos de la denuncia, qué tipo de documento corresponde utilizar, confeccionándolo para su control posterior.

El mejoramiento de los tiempos, por cierto, dependerá de la posibilidad de interfaz con el actual sistema informático del Ministerio Público Fiscal, siendo uno de los mayores desafíos del avance de sistemas inteligentes, la interoperabilidad.

[1]Creado por la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Derecho) y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Convenio Nº 33, suscripto el día 16 de agosto de 2018, siendo sus directores los Dres. Luis Cevasco, Juan Corvalán y Carlos Más Vélez.

[2] La autora es la titular del proyecto.

[3] Conforme Res. IA Lab. del 6 de octubre de 2018.

[4] La violencia económica y patrimonial, en el segmento de denuncias analizado (denuncias presenciales por violencia de género ingresadas en el Ministerio Público Fiscal en el año 2017) representa el 37,93%.

[5] Ver informe en: https://ialab.com.ar/wp-content/uploads/2019/03/A.-LAB-MUJER-PRIMER-INFORME-5.pdf

[6] Criterio general de actuación, Resolución FG Nº 62-19 mediante el cual se instruye a los Sres. Fiscales especializados en género a la intimación del hecho del presunto autor en el menor tiempo posible frente a la denuncia de la mujer.

[7] Sistema utilizado para llevar adelante las mejoras “tecnológicas” al proceso, integra: 1.-La automatización de documentos, a través de un agente conversacional (a través de voz y por chat).2.Clasificación y detección inteligente en el proceso inteligente y 3.-Optimización del proceso inteligente.

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