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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro. 257 – 04.06.2020

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Solemos afirmar, que el proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.[2]

La mayoría de las medidas cautelares, se encuentran contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no obstante, lo cual, la denominada Ley General de Sociedades n° 19.550, contiene un esquema de medidas cautelares propio, destinada a atender las particularidades que presentan los sujetos de existencia ideal.

En este orden de ideas, se destacan las siguientes medidas preventivas contenidas en el cuerpo normativo antes referido: suspensión provisoria de los derechos del socio (art. 91), intervención judicial (art. 113 y ss.) y suspensión preventiva de la ejecución de las resoluciones asamblearias (art. 252).

Es dable señalar que las medidas indicadas, deben cumplir, necesariamente, con los recaudos exigidos para la procedencia de toda cautelar (en orden a la acreditación de la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela), con más los requisitos específicamente señalados por la norma societaria, lo cual será objeto de este pequeño ensayo.

  1. Suspensión provisoria de los derechos del socio.

La Ley General de Sociedades, prevé en su artículo 91, una acción de exclusión de socios, para supuestos en los que estos, se constituyan en elementos perjudiciales para la marcha del ente, en el marco de la cual, podría disponerse judicialmente, la suspensión provisoria de los derechos del socio cuya exclusión se persigue.

Dado que se trata de una auténtica medida cautelar, de carácter accesorio a la acción de exclusión, se exige la acreditación apriorística de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.

Asimismo, y debido a su inclusión en la ley societaria, como medida específica, también se exige al peticionario que acredite, adicionalmente, cuál es el peligro que se sigue para el ente de que el socio continúe ejerciendo sus derechos como tal durante la tramitación del proceso tendiente a obtener su exclusión[3].

  1. Intervención judicial.

La intervención judicial es, posiblemente, la medida cautelar societaria por excelencia.

Regulada en diversos artículos (art. 113 a 117), comprende la penetración de un tercero, ajeno a la sociedad, en su faceta funcional interna.

La Ley General de Sociedades, prevé esta medida para el supuesto en el que el o los administradores realicen actos o incurran en omisiones que pongan en peligro grave a la sociedad (art. 113).

A su vez, regula de forma pormenorizada los requisitos necesarios para su procedencia, disponiendo en su artículo 114, una serie de extremos dentro de los cuales se destacan: acreditación de la condición de socio, existencia de peligro y su gravedad, el agotamiento de los recursos sociales y la promoción de la acción de remoción.

Destáquese aquí, que a los requisitos genéricos de toda medida cautelar, se agregan otros específicos tales como el agotamiento de la vía interna de la sociedad y la promoción de una acción principal de remoción de administradores.

Asimismo, se agrega un mandato legal, en cuanto al carácter restrictivo de la apreciación por parte de los jueces al momento de evaluar el otorgamiento de la medida (art. 114 in fine).

En cuanto a la gravedad de la medida, el artículo 115 prevé diferentes modalidades o clases de intervención, que podrían consistir en el mero veedor, coadministrador o administrador, ordenados de menor a mayor según el grado de injerencia que podrían tener en el ente societario (desde la elaboración de informes para el magistrado hasta la participación en la administración societaria).

Finalmente, la norma exige la prestación de una garantía suficiente, teniendo en cuenta el perjuicio que podría implicar la intervención de un tercero externo, cuya cuantía tendrá relación directa con el grado de intervención dispuesto por el magistrado (LGS: 116).

  1. Suspensión preventiva de la ejecución de las resoluciones asamblearias.

Finalmente, en su artículo 252, la Ley General de Sociedades, prevé la posibilidad de que el juez suspenda, a pedido de parte, si existieren motivos graves y no mediare perjuicio para terceros, la ejecución de la resolución impugnada, previa garantía suficiente para responder a los daños que dicha medida pudiera causar a la sociedad.

Recuérdese aquí, que, en principio, las decisiones adoptadas en asamblea son obligatorias y gozan del efecto de ejecutoriedad inmediata, aunque se haya deducido impugnación judicial, a menos que el juez haya dispuesto suspensión preventiva en los términos de la LGS: 252.[4]. De ello se deriva la importancia de la acción prevista.

Adviértase, que además del cumplimiento de los requisitos genéricos para el dictado de medidas cautelares, se exige la iniciación de una acción de impugnación de decisión asamblearia, prevista en la LGS: 251, al aludir a la “resolución impugnada”.

[1]  Abogado U.B.A., egresado del Programa de Formación de Aspirantes a la Magistratura (PROFAMAG – Escuela Judicial de la Nación), Diplomado en Defensa del Consumidor U.C.E.S., alumno regular de la carrera de Especialización en Derecho Judicial U.C.E.S., docente universitario U.B.A y U.P., empleado del Poder Judicial de la Nación -Fuero Comercial-.

[2] Conf. Palacio, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, pág. 773 y ss.

[3] Conf. CNCom., Sala D, en autos “Altasur S.R.L c/ Avila Martin Miguel s/ medida precautoria”, de fecha 25.08.2016.

[4] Conf. CNCom., Sala C, en autos “Gómez c/Confitería Los Leones s/ordinario s/incidente de desafectación (LL 1990-C-425)”, de fecha 15.12.1989.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Laboral Nro. 249 – 04.06.2020

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El jueves 21 de Mayo anunciaba en red social Twitter Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director OIT de la Oficina en Argentina,  que el Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández había enviado el proyecto de ley al Congreso Nacional para que el Estado argentino ratifique el Convenio 190[2]  de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el mundo laboral adoptado el 21 de Junio del 2019 en el seno de la OIT.  Noticia que me colmó de alegría, pese al contexto Covid 19, ya que con su aprobación y sanción por el Congreso generará obligaciones al Estado y demás organizaciones, en materia de erradicación de violencia y acoso laboral, para el personal en relación de dependencia o como consecuencia de una relación laboral en todos los ámbitos, público y privado y de economía formal e informal.

Desde la ratificación a través de una Ley del Congreso Argentino, este Convenio pasará a formar parte de nuestra legislación por imperio del Art. 75 inc 22 de la CN de 1994[3] y tendrá jerarquía superior a todas las leyes laborales, convenios colectivos y leyes en general, por la cual llevará a que Argentina adecue su legislación al mismo, al tiempo que todas las Organizaciones (empresas, organismos públicos y privados, y Estado) prevengan y aborden el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Asimismo, la Recomendación número 206[4] que contempla la OIT insta a que el tema se incluya en los Convenios Colectivos de Trabajo y sea discusión en paritarias.

En esta exposición quiero resaltar el Concepto de Violencia Económica Laboral que se desprende del Art 1 inc. A)[5]  del mismo Convenio y el desafío que tendrá  la Gestión de Personas/Recursos Humanos y sus técnicas o áreas de Relaciones Laborales y Compensaciones  sobre ¨La Eliminación de la  Violencia y  el Acoso en el Mundo del Trabajo¨ y  específicamente  el tratamiento de la ¨Violencia  Económica Laboral¨ y como ejemplo citamos: pago en negro, falta de actualización conforme inflación, diferencia de salarios en Hombre y Mujer, el no pago de un concepto obligatorio o adicional obligatorio dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) o paritarias o Resolución, incluidas las desproporciones y falta de equidad entre diferentes gremios como profesionales de la salud por ejemplo.

Es bastante común, en los círculos profesionales: cámaras empresariales, sindicatos y grupos de delegados, Gerencias de Personal o RRHH, Gerencias de Desarrollo y Talento,  escuchar hablar y referirse al Convenio 190 de la OIT, haciendo hincapié en el concepto violencia y acoso laboral solamente circunscrito al abuso de poder, malos tratos, humillación junto con el acoso sexual.  Incluso muchos han incorporado en tema de género, traduciéndose en políticas y mejores prácticas.

Nadie se detiene a pensar en el concepto introducido por el Convenio en el Art. 1 inc. A)  referido a que la violencia, también puede ser económica en el mundo laboral: producto de comportamientos o prácticas inaceptables, siempre que causen o sea susceptibles de causar un daño económico.

En mi opinión y experiencia entiendo por  Técnica de Relaciones Laborales ¨como un proceso esencialmente de comunicación  y negociación entre empresa, organización,  trabajadores o los respectivos representantes: cámaras, federaciones y sindicatos,  que determina las normas reguladoras de las 1) Condiciones de Trabajo: ej: descanso semanales, jornada laboral, ascensos, vacaciones, uniformes, capacitación, Higiene & Seguridad, etc.. Y 2) Condiciones Económicas: esencialmente compensaciones (remuneraciones, más servicios y beneficios, criterios de productividad, etc). La legislación de cada país,  impone diversas modalidades para ésta relación empresa – sindicato u organismo público Estatal o no Estatal,  y sindicato,  que se desarrolla  siempre con la participación de un tercer protagonista,  que en nuestro país  Argentina,  esta función la cumple el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS). Esta relación tripartita,  genera a mi modo de ver, mutua dependencia entre los tres. Y ésta mutua dependencia genera que constantemente las tres patas/áreas  más importantes de un país,  a mi modo de ver, deben buscar ¨un punto de equilibrio¨,  siendo ésta  la esencia misma de las relaciones laborales. Punto equilibrio entre la demanda de la empresa u organización y las demandas de los sindicatos y empleados.

¿Qué es la Técnica de Compensaciones? La Técnica de compensaciones, no es liquidar haberes. Es la Técnica de gestión de personas que mediante técnicas de evaluación permite establecer Equidad[6] entre los cargos. Así, nos encontramos con que a) hay legislación y factores en cada país que afectan la estructura de compensaciones y b) toda la estructura debería armarse como mínimo con los siguientes preceptos: B.1 conceptos dinerarios: valor puesto (técnica evaluación de puestos, valor mérito – grupal o individual (técnica desempeño) y valor mercado – técnica encuestas de mercado. B 2 Conceptos no dinerarios: beneficios art 103 bis LCT[7]  (no taxativo) y servicios. Así se conforma un paquete con equidad interna y externa (mercado).  Para la evaluación de puestos[8], existen métodos globales o analíticos[9] que apuntan a generar el valor relativo interno de cada puesto vacío. Los sistemas de puntos y puntos con grados son los más complejos y dan mejores resultados en el armado de la estructura de compensaciones. En  todos los casos interactúa y evalúa un comité integrado por gerentes o secretarios de las áreas en conjunto con especialistas, y cada sistema es armado para cada organización y revisado en el tiempo conforme lo determine la misma (cambios de mercado, incorporación de tecnología, nuevos puestos etc..). Finalmente, se comparan las descripciones de los puestos contra los sistemas de evaluación de puestos. En el sistema de puntos con grados, se compara la descripción del puesto contra la descripción de nivel o grado de cada sub-factor. Puede haber ponderación para acentuar valor relativo interno. Se controla con mercado. Se divide estructura en bandas salariales y se asignan servicios y beneficios.

Sin lugar a dudas, esto cambiará para siempre las áreas de Relaciones Laborales y Compensaciones en el ámbito público y privado. Deviniendo las mismas con expertos más técnicos y profesionales. No ajustar estas áreas o procesos hará incurrir a las organizaciones en violaciones de leyes internas conjuntamente con las denuncias que se habilitarán en el ámbito internacional con violación de dicho convenio en materia de compensaciones, generando Violencia Económica Laboral.

[1] Abogada, UBA. Especialista en Gestión de Personas, RRHH, Relaciones Laborales, Derecho Colectivo y Tecnología. Docente. Postgrado en Conducción Estratégica de RRHH. Maestranda y Doctoranda, UADE-MADE, UNTREF- UCA. Extracto de Tesis presentada en MADE UADE mayo 2020.

[2] Convenio 190 OIT – https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

[3] Constitución Nacional Art 75 inc. 22 – http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

[4] Recomendación N 206 OIT – https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206

[5] Art 1 Convenio 190 Inc. a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

[6] Equidad. Entendida como la Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones.

[7] Art 103 Bis LCT.

[8] Evaluación de Puestos – E. Lanham. (1974). Valuación de Puestos. Bases objetivas para fijar escalas de salarios. 8va Ed. CECSA y Ramón de Lucas Ortueta. Valoración de tareas y Estructura. (1966) Artes Gráficas Y Ediciones S.A. Madrid.

[9] Métodos de Evaluación de Puestos: William B Werther Jr. Heith Davis. (1995). Administración de Personal y Recursos Humanos. 4ta Ed. Mc Graw Hill.

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DOCTRINA COVID-19 Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro. 256 – 03.06.2020

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  1. Introducción.

En la actualidad Argentina y el mundo, se encuentra atravesando una crisis mundial frente a un nuevo suceso como es el COVID 19, esta pandemia, no solo trae aparejados consecuencias nuestro sistema de salud, sino también económicas. Probablemente, y a riesgo de ser negativo, al finalizar toda esta situación, nos encontraremos frente a un suceso de “viralización” de la insolvencia, o como lo denominó el Dr. Juan Anich “insolpandemia”, un nuevo tipo de insolvencia generada por un virus, donde seguramente desde diferentes sectores de la sociedad busquen soluciones concursales a los problemas económicos que vendrán.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Los funcionarios judiciales están preparados para estos nuevos desafíos que se vienen? y por otra parte  ¿Tenemos una Ley Concursal acorde a las presentes necesidades?

Afortunadamente, en mi opinión, durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido por el DNU PEN N° 297/2020 –y sus prórrogas-  se conocieron resoluciones en diferentes tribunales, a lo largo y lo ancho del país dando lugar a los medios tecnológicos, pregonando la utilización de diferentes plataformas, para llevar adelante diferentes actos procesales, tales como la celebración de audiencias vía Zoom, las notificaciones vía email, celular o whatsaap y presentaciones a los juzgados por correo electrónico o carga de escritos a los sistemas correspondientes, dejando de lado la tradicional soporte  papel.

Según diferentes autores procesalistas, las formas procesales no tienen un fin en sí mismo pues el proceso no es un mero conjunto de formalidades. Éstas existen para garantizar el debido proceso y, con ello, el derecho de defensa de las partes. Por lo tanto los actos procesales deben realizarse conforme lo dispuesto por la ley procesal pues la ausencia de formas “produce desorden e incertidumbre”[2]. De modo que cuando se cumple con las formas, el pleito se desenvuelve de manera previsible, lo que genera seguridad jurídica.

No es discutible la necesidad de dar seguridad jurídica a las personas que acuden al auxilio jurisdiccional, pero sí es importante plantearnos si la única forma de brindarla es mediante los procesos arcaicos que nos imponen los diferentes códigos procesales actualmente. La necesidad de imprimir, presentar todo por duplicado, triplicado y hasta cuadruplicado, fotocopias, etc. no solo es un dispendio innecesario de papel, lo que resulta completamente anti-ecológico, sino también una utilización de espacio físico para guardarlos. Expedientes con más de 10, 20 o 30 cuerpos que ocupan escritorios enteros con información que muchas veces ya se encuentra digitalizada desde un primer momento y a solo un clic del juzgado interviniente.

Particularmente en el presente, me ceñiré a comentar el instituto de la verificación de créditos, en referencia a las circunstancias actuales del ASPO.

  1. Legislación Actual y la necesidad de reinterpretacion frente al COVID-19.

El art. 32 de la ley 24.522, prevé  que todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios. La petición debe hacerse por escrito, en duplicado, acompañando los títulos justificativos, con dos copias firmadas. Con referencia a esta norma procesal concursal, que impone la forma escrita para el pedido de verificación de créditos, fue tradicionalmente interpretada como escritura impuesta en papel. Sin embargo, dicha limitación con respecto al continente o soporte, no surge expresamente de dicho texto normativo en particular como así tampoco de la ley concursal en general. A lo largo de la ley concursal, diferentes artículos hablan de la forma escrita, pero ninguna de estas normas hace referencia de manera exclusiva y excluyente de otras al soporte papel, dicha limitación surge principalmente de la costumbre impuesta en la práctica tribunalicia y los códigos procesales.

Es importante recalcar que los legisladores, al momento de pensar las normas procesales que regirían las diferentes causas judiciales, cualquiera sea el fuero, difícilmente pudieron haber previsto todos los avances tecnológicos que en la actualidad existen y nos llevan a los planteos que hoy en día nos hacemos.

En las circunstancias actuales de ASPO, muchos procesos verificatorios quedaron pendientes, plazos suspendidos que atrasan los mismos, no sólo en perjuicio del propio el concursado, que no puede lograr finalizar su proceso de reestructuración para poder seguir adelante con su actividad comercial de manera habitual, sino contra los acreedores del mismo que ven día a día como se deprecia su crédito por los embates de la crisis.

Por lo dicho, resulta de vital importancia que en el medio de esta crisis sanitaria y económica, se ponga toda la diligencia necesaria en la prestación del servicio de justicia para la prevención del daño, cuya materialización, no sólo va a influir en el futuro de la empresa en crisis y sus acreedores, sino también sus proveedores y el sistema productivo en general.

Por lo tanto, reinterpretando la pauta procesal del Art. 32, que reclama la existencia de un texto escrito, se  enriquece admitiendo soportes de diversa índole, que permitan su incorporación en un proceso o expediente, su reproducción o lectura, aunque ello implique el uso de medios técnicos y su almacenamiento para consulta, en forma inalterable.

  1. Referencias del Concurso Vicentin sobre el proceso de verificación no presencial

Actualmente, se encuentra en trámite VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO[3]  y mediante resolución dictada en fecha 12/05/2020, se sostuvo la necesidad de comenzar a aplicar las tecnologías de la información y comunicación, para poder seguir adelante con el proceso concursal a los fines de dar una respuesta concreta a los más de 2700 acreedores y la cadena de producción que sostiene una gran parte de la región del país.

En esta inteligencia, se dijo que la  presentación  y  recepción  de  los  pedidos  de  verificación bajo la modalidad tradicional (presencial en soporte papel en las oficinas  habilitadas por el órgano sindical para ello), entraña en las actuales circunstancias  sanitarias,  un  riesgo  la  salud  de  los  individuos  involucrados  en  este  proceso  concursal que es necesario evitar.

Sostiene que el tiempo que resta para la conclusión del proceso verificatorio establecido originalmente (el cual finalizaría el día 09/06/2020), los Síndicos deberían recibir, revisar  y entregar recibos a miles de acreedores; actividad de imposible realización sin contrariar la legislación sanitaria  prohibitiva vigente, por lo que  los invita a habilitar otros medios eficaces que  permitan  la  razonable  continuidad  del  proceso concursal.

Por todo esto, el Juzgado resolvió implementar de manera alternativa, esto quiere decir que no es exclusiva ni excluyente de la verificación tradicional presencial, una verificación no presencial (VNP).

Como novedad la VNP, deberá permitir a los acreedores concretar sus presentaciones verificatorias, sin necesidad de constituirse físicamente en las sedes designadas por la sindicatura, ingresando en cambio en un portal o vínculo de acceso, habilitado especialmente a tales fines de por la Sindicatura  Concursal, mediante el uso de las tecnologías digitales disponibles.

La sindicatura concursal, desde su constitución, en aras de estar a la altura de la circunstancia de la tamaña tarea asignada, ha puesto en funcionamiento un sitio web, destinado inicialmente a brindar información veraz, actualizada y efectiva a los acreedores, con relación al proceso concursal. En el mismo, publicará un protocolo para la presentación de las VNP una vez elaborado y aprobado que sea por el juzgado.

  1. Colofón

En épocas de crisis económicas, las legislaciones concursales a nivel mundial siempre sufren reformas, algunas que son momentáneas y otras que llegan para quedarse.

Particularmente, en nuestro país es necesario dar un marco legislativo moderno para resolver con mayor eficacia los casos de insolvencia, sea de una pequeña, mediana o gran empresa, como así también los casos de sobreendeudamiento del hombre común, para esto sería altamente recomendable, como aconsejaron diferentes juzgados, seguir lineamientos generales de la UNCITRAL

Esta “insolpandemia” como sostiene el Dr. Anich, nos hace replantear si las herramientas técnicas que tenemos son las adecuadas para enfrentarla o debemos implementar nuevas estrategias sistemáticas o asistemáticas para recuperar una supuesta normalidad.

[1] Abogado, (UNR) Mediador. Aspirante a Adscripto Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR)

[2] MAURINO, Alberto L., Nulidades Procesales ,Buenos Aires, Astrea, 2011, p. 4

[3] En trámite en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro. 283 – 03.06.2020

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“Debemos simplificar los trámites administrativos, eliminando pasos superfluos, reduciendo el expediente y reemplazándolo, en lo posible, por registros computarizados y por encuentros informales entre todos los funcionarios a los que contiene una decisión y los particulares interesados. Desde ya, que esto implica extender a toda la administración el uso de la informática para una más eficaz ejecución y control de la gestión” (Raúl Alfonsín, Mensaje de Elevación de la Ley de traslado de la Capital Federal a Viedma, 1986).

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han hecho posible el sueño de Alfonsín de trasladar la capital de la Nación desde la ciudad de Buenos Aires a otro lugar del país. Al propio tiempo, volvieron irrelevante a la concreción de ese sueño.[2]

  1. La gestión digital

En la actualidad, la prestación de servicios administrativos puede hacerse desde cualquier lado. En consecuencia, la nueva Administración Pública es, por definición, descentralizada. Se trata de una red. La localización de quien tramita un asunto en forma virtual –sea vía expediente digital o similares- es indistinta a los fines operativos.[3]

Los trabajadores públicos y privados cuyas prestaciones son inmateriales ya no deben residir necesariamente en el lugar donde se localiza el destinatario de sus servicios.[4] Eso altera la configuración espacial del país. Desarrollo regional, urbanismo, transporte, logística, antinomias.[5] Todo cambia por ese hecho, que no es enteramente nuevo pero que el COVID-19 ha catalizado con la experiencia piloto[6] más grande de la historia.

  1. La idea de “ciudad capital” ya no tiene utilidad práctica

Si la gestión gubernamental puede llevarse a cabo desde cualquier lado, la centralización espacial de la organización administrativa ha perdido su razón de ser. Se trata, justamente, de un trabajo en red, que ha pasado a retiro a la vieja idea geopolítica de “asiento de las autoridades”. Las autoridades pueden asentarse donde les plazca, o donde lo requieran las circunstancias. Solo tienen que llevar un Smartphone desde el que puedan tener reuniones y firmar digitalmente. Si no ocurrió ya, el art. 3° de la Constitución Nacional está a punto de caer en desuetudo.

  1. La capital de la Nación. De Pavón al COVID-19. El fin del dilema argentino

En un país que tiene en el desequilibrio territorial la explicación a la mayoría de sus males, el cambio que comentamos puede tener proyecciones insospechadas. La lucha por la capitalidad, que enmarca los grandes traumas de nuestra historia como Nación, hoy involucra una ambición obsoleta.

En la actualidad no existe razón operativa alguna para mantener a todos los departamentos estatales concentrados en un solo lugar. Las consecuencias disvaliosas de esa concentración han sido advertidas hace tiempo. Si bien no es su causa exclusiva, la centralización administrativa contribuye al desequilibrio demográfico que amenaza nuestro sistema democrático.[7]

Las grandes instituciones de nuestra sociedad están asediadas por el proceso de desintermediación motorizado por las nuevas tecnologías. Asistimos al debilitamiento de los intermediarios clásicos, como los partidos políticos, el sistema representativo o los medios de comunicación. La “ciudad capital” es otro intermediario que cae.[8] La idea del “asiento de las autoridades”, en un mundo donde las cosas no ocurren en ningún lugar y en todos a la vez, pasa de joya a baratija. El nuevo poder reside en las “ciudades globales”.[9] No importa dónde habitan los funcionarios.

  1. De la capital a la red de agencias estatales. Dios atiende en una app

Las ideas de “sede central” o de “capital” han perdido la importancia de antaño, tanto en el ámbito privado como en el público. No obstante, pueden seguir existiendo razones -algunas operativas, otras de orden simbólico- que lleven a mantener parcialmente ese esquema, aunque nunca con el protagonismo geopolítico o cultural que tuvo en los últimos siglos.

Suponiendo que se decidiera preservar, más mitigadamente, ese formato de organización, en Argentina podríamos pensar en una localización totalmente diferente de las agencias gubernamentales, que tenga por norte propiciar un mayor equilibrio regional, fomentar el desarrollo de ciertas zonas y pensar estratégicamente el territorio.[10] Con pretensiones meramente didácticas, en el cuadro anexo se imagina –parcialmente-[11] cómo podría ser esa red de agencias estatales, para que las dependencias salgan de la ciudad de Buenos Aires y se repartan a lo largo y ancho del país.

Cuadro: De la ciudad capital a la red de agencias gubernamentales

Órgano / Ente Sede Permanente
Congreso de la Nación Santa Rosa (La Pampa)
Poder Ejecutivo Nacional Río Cuarto (Córdoba)
Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público Ushuaia (Tierra del Fuego)
Ministerio de Economía San Salvador de Jujuy (Jujuy)
Ministerio del Interior Tinogasta (Catamarca)
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Puerto Madryn (Chubut)
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación San Carlos de Bariloche (Río Negro)
Ministerio de Salud Chilecito (La Rioja)
Ministerio de Educación Posadas (Misiones)
Ministerio de Turismo y Deportes Viedma (Río Negro)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Concordia (Entre Ríos)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Chivilcoy (Buenos Aires
Ministerio de Defensa Goya (Corrientes)
Ministerio de Desarrollo Social La Matanza (Buenos Aires)
Ministerio de Educación Puerto Deseado (Santa Cruz)
Ministerio de Obras Públicas Potrero de los Funes (San Luis)
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Formosa (Formosa)
Ministerio de Transporte Luján de Cuyo (Mendoza)
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Tartagal (Salta)
Ministerio de Cultura Tafí del Valle (Tucumán)
Ministerio de Relaciones Exteriores San Juan (San Juan)
Ministerio de Desarrollo Productivo Rafaela (Santa Fe)
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat La Banda (Santiago del Estero)
YPF Añelo (Neuquén)

 

[1] Cátedra de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. justo.juanbautista@gmail.com

[2] Es como la venganza; cuando se vuelve posible, pierde sentido.

[3] Justo, Juan, “El COVID-19 y la inoperancia del derecho territorial”, DPI Cuántico, Boletín Especial, N° 272, 1° de abril de 2020; “La democracia de los posmodernos y las transformaciones del derecho público. Tres mutaciones”, La Ley, Suplemento Derecho Administrativo, junio 2020; “El fin de la promesa constitucional”, Revista Argentina de Justicia Constitucional, N° 4, Octubre 2017.

[4] “La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina…”; en “La vuelta al mundo” (2010) Calle 13 narra la lucha de las nuevas generaciones por emanciparse de la cultura laboral del siglo XX. Esa vida de cubículo va mutando hacia la posibilidad de trabajar desde las sierras, o el mar, o cualquier lugar donde haya señal de internet. Nuevos desafíos se abren, como la “competencia a la baja” en un mundo de outsourcing y offshoring. En cualquier caso, dónde se vive ya no te garantiza nada, ni a favor ni en contra. Ya no se trabaja “en” sino “desde”. Es el fin de la vida de oficina.

[5] Si todo es red ¿qué es “el Interior”?

[6] Dios mediante.

[7] Salvo en una improbable y cerrada réplica electoral de “el Interior contra el Puerto”, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) elige al Presidente. Ese hecho confirma la lucidez del sistema del colegio electoral (Estados Unidos, Argentina hasta 1994), al menos si pretendemos ser un país federal.

[8] Esa caída ratifica a Buenos Aires como “la capital de un imperio que nunca existió”, en palabras de Malraux. La red mata a la intermediación obligada, al famoso “Dios atiende en Buenos Aires”. Obviamente, viviremos un tiempo más con el atavismo de que eso no ha cambiado.

[9] Sassen, Saskia, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton, 1991; Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, Katz, Buenos Aires, 2010.

[10] Debemos mirar hacia la cuenca del siglo XXI, la del océano Pacífico. Eso implica repensar la relación con el oeste, históricamente marginado en un país formateado para exportar materias primas por el Atlántico. La articulación bioceánica es la clave.

[11] Salvo YPF, en el cuadro falta relocalizar a las poderosas entidades descentralizadas del Estado nacional.

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