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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 187 – 20.05.2019

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Special Master es generalmente un funcionario dependiente designado por el juez para asegurarse de que las decisiones tomadas en una sentencia judicial o en una medida cautelar se cumplan, o caso contrario, para escuchar la evidencia en nombre del juez y hacer recomendaciones al juez sobre la disposición de un asunto, informar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, etc.

John D. Feerich se refiere a ellos como un auxiliar del juez convocado a colaborar con los tribunales en una causa en trámite. [2]

Esta figura es muy común en los Estados Unidos, se los denomina special masters o referees, como se los designa en el Estado de New York.

La propia Corte Suprema de los Estado Unidos, en uso de sus facultades en los casos de competencia original puede requerir la actuación de Special Masters (art. 17 de las Normas de la Corte Suprema (SUP. CT. R. 17). En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, todas las disposiciones relativas a los Special Masters están contempladas en la Norma 53, de las Reglas Federales de Procedimiento Civil –Federal Rules of Civil Procedure-.

El Estado de New York, lo tiene reglamentado en las Civil Practice and Law Rules of New York (CPLR, Normas Procesales Civiles del Estado de New York), artículos 4201 y 4301 y ss. (Feerich, 2010: 1)

Owen Fiss señaló que el Special Master es un funcionario necesario para llevar adelante una sentencia propia de un proceso de reforma estructural (2007: 120). Con vista en organizaciones de gran escala como podría ser la reforma del sector energético, o el seguimiento de una sentencia que obligue a Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reformar su sistema hospitalario.

Nuestro derecho procesal no contempla esta figura, pero la creación pretoriana impone la necesidad de aggiornarnos a los tiempos que corren e introducir esta figura por demás necesaria.

¿Por qué sostengo que es necesaria? Voy a graficarlo de esta manera. Una asociación de defensa del consumidor litiga durante varios años contra una entidad bancaria y finalmente consigue una sentencia favorable[3]. Dicha sentencia ordena a esta entidad a devolver al cliente la suma retenida en concepto de comisión por cada cheque emitido, que excedía al pactado inicialmente con el cliente. El juez que no cuenta con herramientas para determinar cuáles han sido los clientes afectados por el cobro de estas comisiones abusivas, no encuentra otra solución que publicar edictos. Y así solicitar a aquellos clientes que hayan sufrido un perjuicio que se presenten en el juzgado comercial para ejecutar la sentencia. El resultado, un 1% de los clientes afectados se presentan, lo cual torna a la sentencia en algo sin sentido alguno, rayano al ridículo y muy lejos de cualquier concepto de justicia o equidad.

La contracara de esta moneda o algo que ayuda a mitigarla, es la designación del Special Master. El juez designa un Special Master, cuya función es determinar el colectivo de clientes afectados, presentar las listas al tribunal, e iniciar la ejecución de la sentencia devolviendo a los clientes las comisiones retenidas en forma indebida. Si se tratara de miles de clientes, el Special Master informará al tribunal los avances en el cumplimiento de la sentencia en forma periódica hasta que esta concluya.[4]

Esta manera de llevar adelante la ejecución es a mi entender una solución que hace justicia al esfuerzo llevado adelante por una asociación de defensa de los consumidores que, en definitiva, representa a un colectivo que al inicio de la acción no está aún determinado. Pero que como vemos, al momento de la ejecución se transforma en una clase importante por su número y los montos involucrados por concepto de cobro de comisiones indebidas.

Owen Fiss remarcó que debido a las necesidades particulares que este tipo de procesos crea en materia de conocimiento social y de estructura de representación, la necesidad de la designación de este tipo de funcionarios se produce con mayor frecuencia en casos que imponen la reforma estructural de organizaciones a gran escala -escuelas, cárceles, instituciones psiquiátricas, etc.- (2007: 120)

[1]Abogado, cursa la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho-UBA, trabaja en la Justicia Federal Civil y Comercial y es ayudante docente de la materia Elementos de los Derechos Reales, de la Cátedra de la Dr. Mariani de Vidal, en la Facultad de Derecho-UBA.

[2] Feerick, J. (2010). “Los Special Masters en los Estados Unidos”, Seminario Internacional Remedios Judiciales en el Litigo de Reforma Estructural.Desafíos a la luz de experiencias de los Estados Unidos, India, Sudáfrica y Argentina”, Buenos Aires: Facultad de Derecho-UBA.

[3] Juzgado Comercial nro. 21, Sec. Nro. 41, en los autos caratulados “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de la Provincia de Bs.As. s/ sumarísimo” Expte. Nro. 98820/01.

[4] Se consultó el acuerdo de acción de clase en el caso Diane J. Carlin as Custodian FBO Rebecca F. Carlin and FBO Emily L. Carlin, on behalf of herself and all other similarly situated v. IISBC Securities (USA) Inc. Supreme Court of the State of New York, New York County, Index No. 603770/05

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 229 – 20.05.2019

El presente trabajo tiene por objeto analizar desde una perspectiva constitucional el Decreto 182/2019, que reglamenta la ley de firma digital Nº 25.506 (En adelante LFD).

En los fundamentos del Decreto 182/2019 se dice que el mismo se dicta en virtud de las previsiones contenidas en el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CN y artículo 49 de la Ley N° 25.506 que dispone “El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación”.

De ello, se deriva que el Decreto nº 182/2019 sigue la misma lógica que la LFD, es decir, contiene preceptos de derecho federal y, por ende, es un reglamento autónomo (Art. 99 inc. 1 CN) en parte y, por otro lado, contiene normas que deben ser consideradas como integrantes de un decreto reglamentario (Art. 99 inc. 2 CN)

Como dijimos, existen normas del referido decreto que deben ser conceptualizados como reglamento autónomo, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de las atribuciones previstas en el art. 99 inc. 1 de la CN. A modo de ejemplo, pueden ser conceptualizados como tal los arts. 2, 3 y 4. En virtud de ello, tales normas solo resultan aplicables al ámbito de la administración pública federal.

Hemos visto que el Decreto 182/2019, en la mayoría de sus preceptos, es un reglamento dictado en uso de las atribuciones previstas en el art. 99 inciso 1 de la CN y, por ende, resulta aplicable de manera exclusiva a la administración pública nacional.

Cabe destacar que el art. 3 de referido decreto dice “Poderes. Cuando una norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, salvo disposición legal en contrario

Es importante poner de resalto que si bien, como señalamos, dicha norma es de aplicación exclusiva en el ámbito de la administración pública nacional, resulta inconstitucional dado que se inmiscuye en una materia de fondo que no puede ser regulado por el Poder Ejecutivo Nacional sino por el Congreso Nacional en virtud de lo previsto en el art. 75 inc. 12 de la CN.

Es que no puede pasarse por alto que un reglamento autónomo no puede obviar los recaudos necesarios para la representación establecidos por el Código Civil y Comercial.

De lo expuesto, se deriva que el Anexo al Decreto 182/2019, en la mayoría de sus preceptos, constituye un decreto reglamentario dictado en uso de las atribuciones del art. 99 inciso 2 de la CN.

En tal sentido, el art. 1 del Decreto dice “Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital, que como Anexo IF-2019-13755383-APN-SECMA#JGM, forma parte integrante del presente decreto.” Luego, el art. 1 del Anexo señala “La presente reglamentación regula el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.”

En virtud de tales circunstancias su constitucionalidad debe analizarse desde las prescripciones del art. 99 inc. 2º de la CN. La Carta Magna establece un límite para el dictado de este tipo de decretos que se encuentra en la imposibilidad de alterar el espíritu de la ley a través del ejercicio de tal atribución. Como puede apreciarse, el valladar no es la letra de la ley emitida por el Poder legislativo sino su espíritu.

Sentando lo anterior cabe analizar la constitucionalidad del art. 2 del Anexo al Decreto 182/2019. Dicha norma establece: Certificación de firmas. La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de firma establecido para la firma ológrafa”.

Como hemos apuntado esa norma reglamenta el art. 2 de LFD que prescribe: “Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.”

La simple lectura de ambas normas pone de resalto la inexistencia de vinculación entre un precepto y el otro, cuando lo lógico y adecuado desde el punto de vista constitucional es que exista correlación entre la ley y el decreto reglamentario. Pues, como lo indica Barra, la validez de dicho decreto se valora en comparación con la ley reglamentada.[1]

Con lo cual no cabe otra que concluir que el art. 2 del Anexo al Decreto 182/2019 resulta inconstitucional habida cuenta que incurre, ex novo, en un ámbito normativo, contraviniendo el límite impuesto por el art. 99 inc. 2.

El exceso reglamentario resulta evidente dado que el Poder Ejecutivo Nacional pasa por alto el contenido de la LFD, incurriendo lisa y llanamente en el dictado de leyes, en clara violación al límite impuesto por los arts. 76 y 99 inciso 3 de la CN.

Además, no puede pasarse por alto que entre el dictado de la LFD y el Decreto reglamentario 182/2019 fue sancionado el Código Civil y Comercial que regula la institución de la firma y su valor jurídico, produciendo modificaciones en la LFD. Es decir, que el referido precepto también resulta inconstitucional por la contradicción con el contenido del Código Civil y Comercial, en evidente violación al art. 31 de la CN.

 

[1] BARRA, Rodolfo C., “Reglamentos administrativos”, La Ley 1999-F, p. 1034.

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COMENTARIO A FALLO Diario Laboral Nro. 203 – 16.05.2019

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            La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el caso  “Ingegnieros-Techint” el 9 de mayo de 2019, donde por mayoría decidió que las acciones de reclamos a particulares de indemnizaciones basadas en la ley de accidentes de trabajo, aunque se trate de hechos calificados como de lesa humanidad (por la participación de los demandados en esa clase de acontecimientos), son susceptibles de prescripción, es decir, se extinguen por el transcurso del tiempo previsto en la ley.

            Este breve comentario es meramente académico, no se refiere a los hechos del caso, ni a la responsabilidad de la demandada en sí misma, sino a un examen crítico del estándar que sentó nuestra Corte Suprema sobre las acciones laborales y los delitos de lesa humanidad desde la mirada de los antiguos principios jurídicos del derecho y de los estándares internacionales en materia de delitos internacionales, entre los cuales están los de lesa humanidad.

            Para ello, daré por sentada la plataforma fáctica, consistente en que alguna o algunas personas físicas de una empresa, demandada por la vía de la legislación que regula los accidentes de trabajo, “tuvieron algo que ver” en la desaparición de un empleado de esa firma a manos de las fuerzas de seguridad o de personas que actuaron bajo el amparo o bajo la dirección o en nombre del Estado en el contexto de la represión ilegal dispuesta por la última dictadura cívico-militar.

            Adelanto que a los fines de este comentario no interesa si los demandados son los agentes de la persona jurídica que actuaron en su nombre o si la enjuiciada es la persona jurídica misma, y tampoco si esa demanda está dirigida contra ellos solamente o también, conjuntamente, contra el estado mismo o los agentes estatales que consumaron la desaparición en el marco de la represión ilegal.

            Además, debe señalarse que cuando en derecho internacional se habla de complicidad de las empresas o corporaciones en delitos internacionales, no se lo hace pensando en el tema menor, de derecho común, de la responsabilidad penal de los entes de existencia ideal, sino en las conductas de sus miembros que de algún modo las representan o actuaron bajo su supervisión o directivas. No agota las distintas formas de representación del derecho, sino que comprende las situaciones de hecho.

            En definitiva, si los hechos fueron verdaderamente así o no lo fueron en este caso en concreto, es un asunto sobre el cual considero que no me corresponde opinar.

            No es desde el derecho interno que debe interpretarse el derecho internacional constitucionalizado, sino al revés. Es la inteligencia y alcance de las leyes argentinas las que deben ser decididas a la luz de los postulados de ese nivel del Derecho. Puede verse claramente esta forma de razonar en el dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte en este caso (del 3 de marzo de 2017).

            Cuando se habla de los delitos de lesa humanidad en realidad se habla de los hechos que son calificados como de lesa humanidad. De esos hechos nacen acciones jurídicas que pueden ser civiles, penales, comerciales, administrativas, laborales, etcétera. La primera consecuencia es que todas esas acciones tienen la misma naturaleza y están revestidas de las mismas características, entre ellas, la universalidad, la imprescriptibilidad, la obligación de reparar, etcétera. Las disidencias en el fallo que motiva este comentario son elocuentes al respecto, cuando citan la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU titulada “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” y los principios de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU E/CN.4/2005/102/Add.1 “Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad).

            La obligación de reparar comprende una infinita gama de posibilidades, no sólo las satisfacciones patrimoniales o las sanciones penales. Cada país ha ido buscando la forma que le resulta más conveniente. Pero ¡debe repararse!

            Esa obligación no depende de una distinción de las leyes internas o de las clasificaciones de la academia por materias, o de los fueros en que se dividen los poderes judiciales donde se pueden promover las demandas de justicia, sino que tiene su origen en el derecho internacional y estamos obligados a satisfacer sus postulados. Puede verse con claridad entonces, que en los casos “Larrabeiti Yañez” (Fallos: 330:4592) y “Villamil” (Fallos: 340:345) la Corte -por mayoría- se circunscribió a una mirada local del problema y soslayó las consecuencias de la calificación de lesa humanidad de los hechos y de las acciones que de ellos emanan, que ya vienen dadas por el derecho internacional (de jerarquía constitucional entre nosotros), que no distingue entre acciones penales y todas las demás (ver por ejemplo, CorteIDH “Velasquez Rodríguez”). Las reparaciones a los damnificados se refieren a todas las materias, por decirlo de algún modo. Es más, hoy en día, en el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”, se está tratando el tema dentro del de “garantía de no repetición” de las graves violaciones a los DD.HH. donde se predican una gran cantidad de soluciones que los Estados podrían/deberían adoptar.

            Y el hecho de que las acciones “no penales” o las patrimoniales sean disponibles y renunciables, no tiene incidencia alguna en este asunto. Esas características se refieren al inicio de las demandas y a su mantenimiento por quienes se consideran damnificados, pero la característica de disponibilidad no define en modo alguno su prescriptibilidad. En materia de lesa humanidad, no son prescriptibles. Tanto es así que el art. 2561 del vigente Código Civil y Comercial prevé su imprescriptibilidad, pese a que se trata de acciones disponibles y renunciables por los damnificados.

            Tampoco tiene incidencia en el tema la fecha de comisión de los hechos y las leyes vigentes por entonces, porque la característica de imprescriptibilidad de las acciones “no penales” abarca todas las materias, no sólo la civil. En ese sentido no es el derecho positivo argentino el que puede discriminar qué hechos de lesa humanidad prescriben y cuáles no. El art. 2561 del Código Civil y Comercial no creó un nuevo principio, sino que plasmó uno ya existente en el ius cogens, inoponible por una disposición del derecho positivo interno, como podrían ser los referidos a la prescripción del viejo Código Civil o la ley de Accidentes de Trabajo o cualquier otra (recomiendo tener presente lo dicho por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que incorporó el principio de imprescriptibilidad en este art. 2561, que justamente trata todos estos temas, especialmente cuando participan en los hechos de lesa humanidad las personas jurídicas o los particulares que las integran). En definitiva, aunque no existiese ese artículo, las acciones “no penales” igualmente son imprescriptibles.

            Como se señaló, cuando se habla de acciones civiles en el ámbito internacional es sólo para diferenciarlas de las penales. Las reparaciones pueden ser de todo tipo. En ese sentido, las disidencias citan las sentencias de la CorteIDH en el caso “Perozo y otros vs. Venezuela”, sentencia del 28 de enero de 2009, párrafo 298, y en el caso “Anzualdo Castro vs. Perú”, sentencia del 22 de septiembre de 2009, párr. 125, de los cuales surge claramente que la reparación “no penal” comprende todo tipo materias, que se puede accionar no sólo contra el Estado sino también contra los particulares y que en este caso, el Estado es garante de su concreción (tutela judicial efectiva y protección judicial a las víctimas).

            Desde otro punto de vista, vuelvo a la cuestión de por qué entra el derecho laboral en todas estas consideraciones. Ello es así porque esa rama del Derecho no es una invención totalmente autónoma del derecho civil clásico, sino su especificidad, es decir, una forma distinta de regular el clásico principio por el cual quien ocasiona un daño debe repararlo, basada en las particulares relaciones entre patrones y empleados. Contractual o extracontractualmente, el derecho laboral se ocupa de los casos donde el que produce un daño debe repararlo. El Derecho civil se ocupó de esto históricamente bajo la figura de la locación de servicios, y recién en el siglo pasado apareció el derecho laboral, que se separó del Derecho civil clásico, con un carácter público, para igualar partes desiguales, donde en juicio, la posición del empleado tiene prevalencia por sobre el empleador, salvo prueba en contrario. Pero esta cuestión interna, de nuestro derecho positivo (que respondió a las vicisitudes históricas que lo conformaron), no significa que el derecho laboral no tenga la misma naturaleza originaria que el civil. De ello se deriva que no es correcto sostener que como en el derecho internacional no existe un principio expreso referido al derecho laboral, entonces esas acciones no están abarcadas por la imprescriptibilidad de las civiles. Es que son la misma cosa, regulada internamente de una manera distinta, por las específicas características de las relaciones laborales, en cuya vigencia y preservación está involucrado un interés público.

            Y aquí viene el desenlace de todas estas cuestiones teóricas. Se verá que el enfoque de la mayoría de la Corte argentina al considerar inaplicable el estándar del fallo de la CorteIDH en el caso “Órdenes Guerra vs. Chile” (sentencia del 29 de noviembre de 2018), no es satisfactorio. Este precedente no habilita a distinguir entre acciones por responsabilidad del Estado y los reclamos entre particulares.

            La conclusión de la mayoría de la Corte no contempla que los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos por civiles, pues lo que los define como tales no es la calidad del autor, sino que son realizados bajo el amparo del Estado, a lo que se suma que también están comprendidas todas formas de ayuda (complicidad) a esos hechos. De lo contrario, bastaría con que un delito fuese cometido por un funcionario para que fuera considerado como tal sin más o, por el contrario, que los agentes estatales mandasen de manera encubierta a ejecutar los hechos a autores y partícipes civiles para quitarlos de esa clasificación, con todas las consecuencias que ello acarrearía (esto no es hipotético, sino que ocurrió en algunos casos. Para conocimiento de los más jóvenes, recomiendo el repaso de la historia de la reforma del art. 144ter del Código Penal argentino, por ley 23.097. Antes de ella, los particulares no podían ser considerados autores del delito de tortura y los jueces debían considerarlos partícipes o emplear alguna otra fórmula jurídica para responsabilizarlos penalmente).

            Luego, tampoco es satisfactorio el estándar de que no estamos en presencia de acciones imprescriptibles porque se trata de una demanda privada, pues, como se acaba de señalar, también los privados pueden ser autores, cómplices o instigadores de delitos de esa especie internacional.

            Por supuesto, será el Estado el que deba responder ante los tribunales internacionales, pero su responsabilidad no se agota cuando responde porque sus agentes cometieron los hechos, sino que también será responsable por la omisión de garantizar el juzgamiento y reparación para que los autores o partícipes -estatales o particulares- satisfagan a las víctimas. El Estado debe garantizar que los privados reparen los daños cometidos en un contexto tal que esos hechos son calificados de lesa humanidad. Y si esto es así, en esas acciones de reparación está involucrado el interés público, como lo es la responsabilidad internacional del Estado argentino. Ya no es más un asunto entre actores y demandados particulares, privados.

            Finalmente, si bien no conozco si en el caso concreto existe o ha existido el ejercicio de acción penal por los mismos hechos (lo cual, repito, no es, ni sería, motivo de este comentario), lo concreto es que el estándar del fallo de la Corte sobre la prescriptibilidad de acciones laborales, por lo dicho acerca del origen de unas y otras, también resultaría contradictorio con el principio de prejudicialidad de las acciones penales respecto de las civiles (arts. 1101 Cód. Civil; arts. 1774 y 1775 Cód. Civil y Comercial), porque si en el proceso penal se estuvieran ventilando estos mismos hechos, las acciones “no penales” derivadas de esos hechos no podrían considerarse prescriptas.

            Hace 150 años Vélez Sársfield en la nota al art. 1102 de su Código Civil, nos enseñaba ese principio que, increíblemente, es totalmente compatible con la moderna teoría de los Derechos Humanos y todas las acciones que derivan de los delitos de Lesa Humanidad.

            Finalmente, debe señalarse que como los hechos son de lesa humanidad, el estándar que ha sentado la Corte se reflejará en un reemplazo del sujeto obligado a reparar, ya que en lugar de deber indemnizar la empresa involucrada (en la proporción que le corresponda por la intervención de sus agentes en la desaparición de la víctima), lo haremos todos los habitantes mediante la figura jurídica Estado.

 

[1] Doctor en Derecho, UBA; Titular Asociado de Derecho Penal y Procesal Penal, UBA; Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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COMENTARIO A FALLO Diario Penal Nro. 234 – 17.05.2019

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I.- Breve contexto legal.

Con fecha 2 de Noviembre de 1994, el Congreso argentino sanciona la ley 24.390. Allí se establece que el plazo máximo de una persona imputada bajo prisión preventiva, no puede ser mayor a dos años, con una prórroga de 1 (un año), en casos donde la complejidad del caso lo ameriten. No hay distinciones sobre a qué  tipos de delitos se aplica.

Esta ley, establece que, a la hora de dictarse la sentencia de condena penal, el cálculo de la pena debe computarse como a cada día de que el condenado cumple en prisión preventiva, a contar de la finalización del plazo, debe computarse doble. Esto es lo que en Argentina se denomina “Ley del 2×1”

Mediante la Ley 25.340 se derogó la ley, seis años más tarde. La misma estuvo en vigencia desde el 1994 al 2001.

II.- El  primer caso resuelto por la Corte Suprema Argentina- Caso Bignone-Muiña.

El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario” (CSJ 1574/2014/RH1) y benefició a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a trece años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007.

El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).

La mayoría interpretó que la ley del 2×1 debía ser aplicada aun cuando se tratara de condenados por los delitos  de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

Con los votos de Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se interpretó que más allá que los hechos por los cuales había sido condenado Luis Muiña, habían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la ley, se debía aplicar la ley penal más benigna. Este principio que rige en el Código Penal y del Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica (o Convención Americana de los Derechos Humanos).

Hasta este momento, ni la ley, ni los convenios internacionales disponían expresamente que la ley del 2×1 no tenía que ser aplicada a delitos que no fueran los de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Sumado a ello, la legislación penal art 2 CP, como los tratados internacionales con jerarquía constitucional avalan y reafirman la aplicación de la ley penal más benigna para todos los casos sin excepciones.

III.- Acontecimientos Sociales – Reacciones de otros jueces.

La sentencia de la Corte, fue rechazada y cuestionada por la sociedad argentina. Especialmente por las organizaciones de derechos humanos y por organizaciones y personalidades nacionales e internacionales. Se hubo de considerar que el pronunciamiento era un acto de impunidad. Se comparó la sentencia de la Corte a las llamadas leyes de impunidad (leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas por Raúl Alfonsín e indultos de Carlos Menem).

Esto desencadeno múltiples denuncias penales, pedidos de juicio político contra los jueces, ? multitudinarias movilizaciones de repudio en toda la Argentina.

Asimismo, para el 9 de mayo de 2017 tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Tucumán se negaron a aplicar la sentencia de la Corte Suprema. EN donde rechazaron pedidos de personas condenadas por delitos de lesa humanidad invocando la aplicación del 2×1, manifestando que la resolución era inconstitucional.

IV.- Actitud del Poder Legislativo:

Una semana después del pronunciamiento de la Corte, el 10 de mayo 2017 el Congreso dictó la ley 27.362, la cual explícitamente indica que la misma no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

Se entiende entonces, que, a partir de la sanción de esta nueva ley, a ningún procesado por ese tipo de delitos, que se encuentre bajo prisión preventiva, se le debe computar para su condena como doble a cada día en esa condición.

Clarificando, esta ley solo puede ser aplicados a los hechos cometidos y perpetrados a partir del dictado de esta ley, no habiendo posibilidad de que se aplique retroactivamente a otros casos anteriores, porque ello puede ser considerado inconstitucional, por ser violatorio a la aplicación de la ley más benigna que tiene raigambre convencional e internacional.

El texto aprobado fue el siguiente:

1) el cómputo del dos por uno “no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad”;

2) el cómputo del dos por uno “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia (1994) y la derogación (2001) de aquella ley”.

 

3) los dos puntos anteriores constituyen “la interpretación auténtica del artículo 7° de la ley 24.390 —derogado por ley 25.430— y será aplicable aún a las causas en trámite”.

La sanción de la ley hasta su aprobación en ambas cámaras insumió menos de veinticuatro horas, el cual fue un trámite parlamentario más rápidos de la legislación argentina.

V.- El Segundo Caso resuelto por la Corte – Caso Batalla.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente l4 de diciembre de 2018, en el caso Batalla Rufino, se pronunció en sentido totalmente opuesto al pronunciamiento en el caso Muiña, no aplicándole al condenado Batalla la ley penal más benigna Ley 2×1.

Es verdad, que cuando Batalla perpetro los delitos, no se encontraba en vigor la no ley del 2×1, como así tampoco la nueva ley que impide aplicar ese cómputo a determinados delito. Pero, mas alla de esto, debió aplicarse retroactivamente la ley más beneficiosa, lo cual significa, que debió aplicarse la ley del 2×1. Si se hace una interpretación estricta del principio de legalidad adecuado a la legislación nacional e internacional vigente.

Es importante aclarar, que, la Corte a la hora de resolver este caso Batalla, dos de los ministros que en el caso Muiña se habían pronunciado a favor de la aplicación de la ley 2×1 Elena Highton y Horacio Rosatti, cambiaron su criterio de aplicación, negando al condenado la aplicación de la ley del 2×1. Esto en consideración que al momento de resolver en Muiña no se encontraba vigente la Ley 27.362. En consecuencia, negaron al condenado la aplicación del 2×1.

Los ministros Maqueda y Lorenzetti, en contra del beneficio para los condenados, y el ministro Rosenkrantz en voto aislado, a favor del beneficio para los condenados, mantuvieron sus respectivos criterios expuestos en la causa “Muiña”. Por su parte Rossi y Highton de Nolasco cambiaron su criterio favorable a los condenados, para sostener un criterio en contra, apoyados en la Ley 27.362.3?

Es un hecho que esta ley fue sancionada después del caso Muiña, y que se encuentra vigente a la hora de decidir el caso Batalla. Pero, no es jurídicamente viable aplicarla con retroactividad, en atencion a que no es la ley más benigna para el condenado.

[1]Abogada, Mediadora.  Investigadora UNLP. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Instituto de Cultura Jurídica de UNLP. Docente Derecho Procesal UNLP, UBA, UNLZ, UCE. Especialista en Derecho Procesal (UNA), Master en Razonamiento Probatorio ( UdG Girona España), M.B.A. Facultad de Economicas (UNLP). Master Giustizia Costituzional e Diritti Umani ( Alma Mater Studorium- UNIBO. Bologna Italia).

 

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