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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Personas no humanas Nro 16 – 18.07.2019

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La Tracción A Sangre (en adelante “TAS”) es la fuerza que ejerce un animal humano o no humano para hacer que una cosa se desplace. En este caso, me referiré a la que están obligados a realizar los equinos en nuestro país, en pleno Siglo XXI e, inclusive, en grandes urbes.

La TAS está condenada por el 90% de los ciudadanos y cuenta con normas que la prohíben o que regulan su conversión -dependiendo de la ciudad- y una gran norma que penaliza el maltrato que ella implica (Ley 14.346/54). Para lograr el fin de la TAS, miles de activistas políticos y rescatistas trabajamos desde hace décadas y ese objetivo goza de antecedentes exitosos en muchas ciudades. Hay decenas de ONGs que transitan y rehabilitan equinos y, el pedido por el fin de este flagelo, protagoniza con fuerza y seriedad las Agendas Políticas. Cualquier sentido común entendería que es un retroceso humano y social legitimar una actividad tan injusta y cruel…así y todo, nuestro Sistema Judicial no la acepta sino con relativa indiferencia.

La TAS es mucho más de lo que a simple vista se ve y no se reduce a aquella tesis falsa  “Carreros vs Animalistas” -la cual es una clara e intencionada reductio ad absurdum de la problemática de quienes pretenden continúe-, la TAS es un conjunto intolerable de delitos “sociales” y jurídicos, entre ellos, maltrato y crueldad animal, informalidad e insalubridad laboral, trabajo y explotación infantil (es la 2° causa según la UNESCO), deserción escolar, desnutrición, inseguridad vial, exclusión social, explotación animal y humana, negociados con la basura, violencia física y psíquica, etc.

En este sentido y sólo a modo enunciativo: los equinos padecen latigazos, cadenazos, puñaladas, puñetes y palazos. Quemaduras, cascos heridos y destrozados, herraduras mal puestas o ausentes (es como para un ser humano caminar por el asfalto en carne viva y sin poder detenerse). Hembras preñadas o pariendo en la calle, quebraduras y lesiones. Equinos viejos o muy jóvenes aún no desarrollados. Mala nutrición, falta de atención veterinaria, temperaturas extremas, enfermedades, deshidratación, jornadas de 8 o más horas sin parar (los que se alquilan trabajan más de 12 horas sin descanso) sobre pavimento -no caminos de tierra- y circulando al lado de colectivos, camiones, miles de autos y la insoportable contaminación auditiva. Arrastrando cientos y cientos de kilos (entre el material reciclable y no reciclable -escombros, por ejemplo- y las personas que van arriba) totalmente fatigados…es la constante, es “lo normal”. Es lo que muchos han naturalizado y otros defendido como justo y digno. La TAS es la VIOLENCIA diaria y naturalizada sobre animales (y humanos) y, aunque el Estado no quiera verla, la legitima.  No es un dato menor la interconexión e interrelación de las diferentes formas de violencia, pero el Poder Judicial (en este caso) parece subestimar el hecho harto demostrado de que quien fue o es violento con los animales fue, es y/o será también con los humanos. Más allá del respeto a los demás animales, subestimar la crueldad ejercida sobre ellos, es propiciar la violencia entre humanos.

Las denuncias formales por Delitos de Maltrato y Crueldad Animal realizadas por los ciudadanos y por Asociaciones Civiles en las diferentes ciudades del país son, en su mayoría, rechazadas sin más o “encajonadas” (término poco coloquial pero bien conocido en nuestro ambiente) a pesar de tener cumplidos los requisitos de tiempo y forma.          Pero, las miles de denuncias, la realidad violenta que se impone en la vida de todos, los argumentos y consideraciones sobrias y objetivas, las leyes vigentes, las declaraciones científicas que reconocen la capacidad de sentir y la conciencia de los animales, el avance de la conciencia social, los fallos judiciales donde se admiten Habeas Corpus para liberar a primates de su prisión ilegítima y su reconocimiento como Sujetos de Derecho y Persona No Humana, Amparos exitosos contra Municipios por no aplicar ordenanzas, no parecen ser causas suficientes para que los delitos de maltrato animal tengan el lugar y el proceso que les corresponde, provocando que la “administración de Justicia” sea pura ilusión también en los delitos que los humanos infligimos a los animales.

Los argumentos, poco felices, que utilizan nuestros funcionarios judiciales, sólo sirven para desacreditarse y  deslegitimarse. Es cierto que los recursos con los que cuentan los administradores de justicia son limitados (excusa por excelencia), pero también es real que el Poder Judicial no es el único sector que lo padece ya que, con más coraje que recursos, los ciudadanos y Asociaciones Civiles suplimos el rol del Estado y, a pesar de este asistencialismo, nos reclaman trabajemos más. Por otro lado, la mayoría de los y las fiscales y jueces y juezas se excusan también en el peligroso e intolerable argumento “hay temas más importantes (otra reductio ad absurdum).

Esta evidente e intencional indiferencia es una clara denegación de justicia, es arbitrariedad y falta de debido proceso, pudiendo llegar a configurar, muchas veces, prevaricato o abuso de autoridad. Por si fuera poco, también evidencia un gran desconocimiento de las leyes. No interesa la víctima sean animales -no es menor el dato que la ley 14.346 los considere víctimas”-, el Poder Judicial no debe caer en ese delicado juego de subestimar formas de violencia ni categorizar derechos cuando, simplemente, las leyes no lo hacen. Colocar los derechos de los animales en la última categoría tiene como inevitable resultado la legitimación de la violencia y la inexistencia de Justicia. Y el hecho de no considerar a los seres más débiles, es un gran retroceso humano, estamos operando con una visión del mundo que reconcilia a los ciudadanos con un status quo violento haciéndolo parecer natural y justo.

El problema es aún mayor, ya que no es sólo el desinterés y el temor reverencial de nuestros servidores de la justicia, sino de quienes tienen el poder (el cual no deja de ser político) sobre ellos. En Rosario, ciudad donde vivo y litigo, son apenas dos o tres colegas dentro de una Oficina de la Fiscalía las que, casi a pulmón, intentar reivindicar la palabra justicia y los derechos de los demás animales contra los obstáculos del sistema mismo y la desacreditación de colegas invadidos por falaz sentido de superioridad que nos arrogamos por pertenecer a la especie humana.

Reclamamos una urgente puesta al día del Sistema y del Poder JUDICIAL con respecto a los Derechos Fundamentales de los Animales no humanos: la vida, libertad y ausencia de tortura. No queremos Derechos Humanos para los Animales, sólo el reconocimiento de los derechos básicos que cualquier ser sintiente.

Aunque a muchos les parezca demasiado o absurdo, el reconocimiento de los derechos de los animales no tardará en llegar. A pesar de que suene ridículo que un caballo, un perro o una vaca tengan derechos, no es menor recordar que lo mismo se pensaba de las mujeres hasta hace poco tiempo atrás.  Los argumentos para la inviolabilidad de derechos (básicos) no pueden detenerse frente a la barrera de la Especie ni del arraigado antropocentrismo que invade el Poder Judicial.

Es un camino arduo y complejo, sin embargo, es más útil y justo traer las cosas a la superficie en lugar de enterrarlas o “encajonarlas”.

[1] Abogada – Mediadora. Pta. Asoc. Civil Amparo Animal

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Laboral Nro. 211 – 18.07.2019

Nos referiremos a los inconvenientes más usuales que pueden encontrar  los trabajadores mayores, para adherirse a empresas de medicina prepagas u obras sociales, y cuáles son  las alternativas de soluciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales para sortear dichos obstáculos.

Para comenzar, es necesario señalar que para afiliarse a una prepaga u obra social hay cuestiones relevantes que pueden incidir en la posibilidad a adhesión:

– Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios.

– La declaración jurada es el único requisito para la afiliación.

– Es ilegal que la prepaga exija la realización de estudios médicos para evaluar si va a aprobar la

solicitud de afiliación de una persona.

–  Las prepagas pueden exigir un arancel diferencial en ciertos casos pero para ello se necesita la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud, lo cual también tiene un tope.

–  Ser anciano, estar embarazada o padecer una enfermedad grave no es óbice para obtener afiliación.

Es común que las  personas mayores de edad que intentan afiliarse a la prepaga de su elección, si bien no tienen negativas explícitas, deban afrontar que las mismas les pasen valores exorbitantes de cuotas, o dilaciones a través de estudios médicos (que muchas veces deben costar costear de su propio bolsillo), buscando de esta forma que quien intenta afiliarse abandone el intento, a los fines de evitar asumir costos mayores a lo que consideran que serán sus ingresos.

Una persona  mayor de 65 años, conforme la ley, con más de diez años de antigüedad como afiliada, no se le puede aplicar un incremento de la cuota por razones de edad, salvo aquellos aumentos generales estipulados y aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las nuevas afiliaciones podrán tener una cuota diferencial, pero esto requiere siempre y en cada caso específico una previa aprobación de la Superintendencia.

 También entra en consideración la Ley de Defensa del Consumidor, por la cual se pueden aplicar sanciones o multas a favor del consumidor, debiendo entenderse por consumidor a toda persona que solicita la afiliación, sin relevancia a que se le otorgue o no.

En las siguientes líneas nos referiremos a un fallo[1], que resolvió algunas de estas cuestiones.

Se trata de un amparo en salud (vía para obtener este tipo de reclamos, cuando la vía se encuentra expedita) interpuesto por la Sra. M.C.T. debido a que una empresa de medicina prepaga se negó a afiliarla. Desde ya que esto no lo hizo en forma directa, por el contrario, se valió de evasivas, dilaciones y pedidos fuera de la ley como lo son los estudios previos, ya que la preexistencia de enfermedades se acredita con una declaración jurada por parte del futuro cliente, siendo esta DDJJ requisito único para afiliar a cualquier persona. No existe causal que autorice a las empresas de medicina prepaga a negar una afiliación, ni tampoco pueden solicitar exámenes médicos de ninguna índole, tal como sostuvimos ut supra.

Ante el paso del tiempo, estas trabas a su afiliación ponían en riesgo nada menos que su salud, dado que necesitaba cobertura médica.

Más allá de que la Sra. T. gozaba de una excelente salud, se le pidió que realizara toda una batería de exámenes que fueron en muchos casos invasivos y, por lo tanto, representaron un sufrimiento innecesario. Lo cierto es que la declaración jurada previa es un requisito más que suficiente partiendo del principio de buena fe entre los contratantes, esto sin olvidar que por una enfermedad preexistente no puede negarse la cobertura, si bien podrá tener un período de carencia para el tratamiento de cuestiones que excedan el PMO (Plan Médico Obligatorio).

En el caso relatado quedó más que clara la discriminación sufrida por la Sra. T. por el solo hecho de pertenecer al grupo de la tercera edad. A partir de este hecho la empresa se negó, ya que su silencio así debe ser interpretado, a brindar su servicio bajo la creencia de que la misma poseía problemas de salud, obligando a realizar una serie de estudios que la actora, muy a su pesar, llevó a cabo pero que son discriminatorios.

En tal sentido se expidió el fallo que comentamos: “la   accionada   H.   A. arbitrará las medidas del caso para proceder a la afiliación de la accionante  SRA.  M.C.T. y brindarle la cobertura   médica   que   requiere,   correspondiente   al   plan   de afiliación que dicha empresa comercializa y que optara la actora, contra el pago de la cuota correspondiente sin diferencial alguno, hasta   el   momento   en   que   se   expida   la Superintendencia de Servicios de Salud sobre el reclamo de preexistencia efectuado por la  demandada y/o  se   dicte  sentencia  definitiva   en  el   presente amparo”.

Consideramos correcta la medida adoptada por el juzgado, ya que esta forma de discriminación atenta contra el principio de igualdad consagrado en nuestra carta magna y ataca el trato digno e igualitario que se le debe a una persona.

[1] Juzgado Federal Civil y Comercial nro. 4 Secretaría 8, “T.M.C. c/ H.A. s/ Amparo Salud”, 12/02/2019.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Ambiental Nro 250 – 18.07.2019

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El día mundial de la Biodiversidad, 22 de mayo sirvió para releer las conclusiones del Informe de Evaluación Global elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) presentado en París el 6 de mayo pasado. Trae a consideración, una imagen alarmante sobre extinciones de especies, disminución de vida silvestre, pérdida de hábitat y agotamiento de los servicios ecosistémicos, cruciales para nuestro sustento y desarrollo económico. En 1.800 págs. este histórico reporte, que estará disponible en su totalidad a fin del 2019, con rigurosidad esboza causas y consecuencias del perjuicio que experimentamos. Allí, más de 400 expertos de 50 países vinculan directamente la pérdida de especies con la actividad humana. 130 países aprobaron la evaluación más completa de la biodiversidad mundial jamás realizada exponiendo evidencias difíciles de rebatir: las emisiones de Gases Efectos Invernadero se han duplicado; la temperatura global promedio subió 0.7º y el nivel del mar, pasó de 16 a 21 cm. desde 1900. Dicho informe, más que nunca, quiere especialmente, influir en decisores y políticas futuras, en la gobernanza ambiental mundial.

Algunas Cifras.

El 75% del ambiente terrestre y 66% del ambiente marino se han alterado considerablemente. Más de 1/3 de la superficie terrestre y el 75% de los recursos de agua dulce van a la producción agropecuaria y alrededor de 1 Millón de especies están en peligro de extinción. La humanidad realiza un uso tan abusivo e insostenible de los recursos naturales y su riqueza biológica, que socava las bases de su propio desarrollo. ¿Se acuerdan de la película “RIO”? pues el guacamayo azul de la película lleva 20 años sin ser visto en su hábitat., solo se encuentran ejemplares en cautividad.

Alimentación. El número de variedades vegetales y de razas animales usadas se ha reducido drásticamente resultado de cambios en el uso del suelo, pérdida de conocimientos tradicionales, preferencias del mercado o comercio internacional a gran escala. Muy pocas variedades de plantas se cultivan, desarrollan, comercializan y conservan en el mundo. Un peligro latente acecha a nuestros cultivos: más monocultivos. Muchas variedades agrícolas importantes para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, carecen de protección legal. La homogeneización agraria ha dado lugar a que se hayan registrado cientos de especies invasoras globalmente, que distorsionan los ecosistemas. Ejemplos sobran: jabalí, ciervo, ardilla, la famosa alga “Didymo” o “Moco de Roca” que afecta a nuestros ríos patagónicos.

Ante la tremenda posibilidad de que la raza se enfrente a la destrucción masiva de cultivos por enfermedad o por cambio climático, Noruega creó un banco de germoplasma universal, la Bóveda de Semillas de Svalbard que pretende reunir una copia de seguridad de plantas comestibles del mundo, un arca de Noé vegetal. Prevención y estrategia a la vez.

Argentina ocupa el 9º lugar mundial con mayor biodiversidad (Informe Planeta Vivo 2010 WWF). Es un país “mega diverso”, 15 ecorregiones continentales, 3 oceánicas y la región antártica, 9.000 especies de plantas y 2.380 especies de vertebrados. Con 490 áreas protegidas, 57 parques nacionales y 1 área marítima protegida, dan 12,8 % de la superficie, es pionera mundial en iniciativas para proteger la biodiversidad a través del sistema de Parques Nacionales. Una futura ley debería fortalecer y ampliar el Sistema Federal de Áreas Protegidas, fijando estándares mínimos, políticas y financiación comunes entre jurisdicciones y actores interesados; conservar al menos un 17% de cada región natural terrestre y el 10% del Mar, metas planteadas en Ley 24375.

Nuestra CN alude a la protección del patrimonio natural y biodiversidad (art. 41), más el art 75 inc.18 que encarna estas ideas y cláusulas. La LGA 25675 define los presupuestos mínimos para la gestión sustentable, preservación y protección de la biodiversidad (Arts. 1-2). Completa dicha protección y estrategia el nuevo C.C.y.C. que incorpora la tutela de la biodiversidad dentro de los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes (Art. 240). En 2016 se revisó la Estrategia Nacional de la Biodiversidad. La Ley 24.375, entre otras normas, motivo fallos tanto en el Caso Laguna de Rocha (Pcia.BsAs), donde la SCJ, suspendió efectos de una Ley, que limitaba la protección de este espacio por otra Ley posterior y admitió medida cautelar pedida. Y en la causa conocida como “Veladero” se invoca entre otras, el convenio de biodiversidad para autorizaciones administrativas previas. Todo ello ha sido completado y confirmado con el reciente fallo de nuestra CSJN, que ha dado plena entidad y vigencia a la Ley 26.639. El máximo tribunal ratificó la constitucionalidad de la norma. Y afirmó que la protección del ambiente es una tarea conjunta de la Nación y las provincias. De Manera expresa el art. 1 la Ley de Glaciares identifica para establecer la protección de las zonas de glaciares y periglaciares–entre las cuales vale nuevamente resaltar su función de reserva de agua para el consumo humano y el respeto de la biodiversidad. Y todo ello en marco genérico que también aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016, sobre calentamiento climático. Allí, en sus considerandos, indica la utilidad que puede revestir el concepto de “justicia climática” entendida como la perspectiva que intenta integrar una multiplicidad de actores para abordar de manera más sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

Morello decía: «El derecho ambiental es un nuevo derecho, comprensivo, que instalado como una problemática acuciante, de urgente solución, produce disfuncionalidades en los institutos clásicos del derecho, Transformándolos, modificando su impronta genética, para satisfacer necesidades básicas de respuesta ineludible», y en sus palabras nada sobra si nos referimos al problema de la Biodiversidad: Acuciante, Urgente e Ineludible.

La científica Argentina, Dra. Sandra Díaz, autora principal del Informe, señala: “La vida en la Tierra es un tejido complejo, y no podemos actuar, como si lo estuviéramos viendo desde afuera”, ecóloga por U.N. de Córdoba completa: “Somos hilos en esa tela. Si la tela se está haciendo agujeros y se está desgastando, eso nos afecta a todos“.

[1] Pte. Comisión Derecho Ambiental. UMza. UPV

 

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