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COMENTARIO A FALLO Diario Laboral Nro 176- 20.09.2018

“Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo primero que se ha de hacer es

librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación,

como si fueran cosas para su medro personal. O sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la

exigencia de un rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el

cuerpo se rinda a la fatiga”

5 de mayo de 1891, “Rerum Novarum”, Leon XIII

 I-Introducción

La CSJN el 4 de septiembre de 2018, en la causa “Varela, José Gilberto c/ Disco SA s/ amparo sindical”, se expidió en el reclamo de un trabajador y activista sindical, quien fuere despedido por su actuar gremial en la empresa, al judicializar el hecho solicita la reinstalación a su puesto de labores.

En primera instancia obtuvo la razón, y apelada la sentencia por la demandada (quien no había contestado el traslado de demanda) la cámara interviniente no confirma el decisorio, y por ello el actor recurre a instancia extraordinaria provincial donde se confirma la denegación.

Por esto, se interpone recurso extraordinario federal ante el máximo organismo judicial de Catamarca, quien lo rechaza y vía recurso de hecho, la Corte Nacional se avoca al tratamiento y da respuesta al planteo.

El decisorio íntegro del máximo tribunal nacional, posee dos partes necesarias de analizar, una el voto de la mayoría de los ministros (Maqueda, Highton y Rosenkrantz) y la disidencia brindada por Rosatti. En presidente del cuerpo de ministros, Lorenzetti Ricardo, no voto.-

II-La mayoría y su escasa argumentación jurídica

Los magistrados que determinaron la procedencia del reclamo de Varela, centraron su argumentación, en la existencia de arbitrariedad para acceder al tratamiento de la causa.

En la cuestión de fondo principalmente tuvieron presentes los antecedentes de corte “Pellicori” y “Sisnero”, donde se sentó doctrina para supuestos de despidos discriminatorios, en donde el actor debe acreditar en modo verosímil, que se encuentra realizando una actividad de la cual se vislumbre potenciales actuares de discriminación, ello dentro del marco normativo que sanciona tales hechos, como ser las leyes 23551 y 23592.-

El desarrollo del decisorio, no detenta menciones ilustres y un desarrollo cualitativo que haga un fallo solvente desde lo lingüístico y jurídico. Particularmente llama mucho la atención, que la mayoría no hiciere hincapié, ahondando sus fundamentos en las garantías básicas de nuestra norma fundamental (consagradas en el preámbulo, primera y segunda parte de la CN), como también en las convenciones internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) y supralegales (art. 75 inc. 24 CN), y más específicamente los convenios de OIT (87, 98 y 135, entre otros), los que llamativamente son pasados por alto por parte de máximo cuerpo judicial nacional.-

No obstante esto, da tutela al trabajador discriminado, pero tal vez es lo menor para prestar atención sobre el fallo que nos incumbe, ya que más bien los argumentos evidencian una postura sobre el instituto “Despido” que enciende las alarmas de los laboralistas, al considerar que “…nuestro régimen constitucional y laboral no ha vedado el despido sin causa, y por lo tanto el empleador puede rescindir el vínculo sin justificación…”.

El máximo tribunal de justicia, en relación a estas consideraciones, se equivoca debido a que el acto jurídico despido injustificado, es una clara ilicitud de índole contractual, sancionada tanto por el art. 14 bis CN, al consagrar la protección contra el despido arbitrario, también por el art. 245 LCT, el legislador claramente ha sancionado la ilicitud del despido injustificado por medio de sanción económica, por ende es jurídicamente grave referir que no está vedado despedir sin causa.

III-La minoría y el regreso hacia el esplendor decimonónico

La posición de Rosatti, en relación al debate de la causa, realiza un desarrollo más profundo que la mayoría de los restantes ministros, menos del presidente de la Corte que no voto.  Nótese un tratamiento más detallado y agudo, sobre el tema discriminación en un despido, así destaca que el debate de autos se relaciona directamente con tres libertades “esenciales del estado constitucional vigente en la República”, como las de reunión, expresión y asociación cuya limitación afectaría a una cuarta, la de la libertad sindical, derechos todos estos que, junto con la libertad de opinión, resultan inseparables y determinantes para  que los trabajadores puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes.

El voto, es más calificado argumentativamente que el de la mayoría, al referir un análisis jurídico más atento sobre art. 1 ley 23592, art. 52 ley 23551, arts. 14, 16, 37, 43; 75 incs. 19, 22 y 23 CN, además de las convenciones internacionales constitucionalizadas (DADDH, DUDH, PIDCP, PIDESC, PSCR, CIEDR, CDN, CEDM), menciona otros antecedentes fundamentales como el fallo “Álvarez”, se detiene en el análisis de fuentes de la OIT, entre otras. Pero llamativamente, obvia el antecedente de la Corte IDH de “Lago del Campo vs. Perú”[1], y todo lo desarrollado, en modo agudo y extenso, es tirado por la borda al arribar a la conclusión en el considerando 15, que derivado de la libertad de contratar, consecuentemente se puede despedir.

IV- Opinión del autor

Con anterioridad a este trabajo, se han expuestos ideas de cómo debería actuar un magistrado ante litigios laborales y más aún en momentos de crisis económicas como las vivenciadas en estos días, poseyendo el trasfondo de los DD HH en modo laboral.

A pesar de la posición favorable de la Corte hacia Varela, no puede convalidarse doctrinalmente la postura sobre la posible existencia de un “Derecho a despedir”, siendo el sujeto legitimado para tal actuar el empleador en la relación jurídica laboral, olvidando los ministros del máximo cuerpo judicial, que tal derecho no tiene entidad jurídica, ya que el despido injustificado es un ilícito de índole contractual, por efecto convencional, constitucional y legal (arts. 19 CN, arts. 1716, 1717 CCC, art. 245 LCT, etc).

Pero además, no podemos obviar el retroceso que implica validar tal comportamiento, ya que es un volver hacia criterios del S XIX, donde el derecho protectorio laboral comenzaba a gestarse a causa de los excesos de la igualdad, la libertad, la propiedad privada y el capital.

En efecto es necesario por parte del Congreso, la ratificación del convenio 158 de OIT, que trata la terminación de la relación de trabajo y la sanción de una norma que proclame la emergencia ocupacional.-

[1] CIDH, 31 de agosto de 2017, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Ambiental Nro 213- 20.09.2018

“La Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”[***] Galeano, 1998

Por Adriana Norma Martínez[1] y Adriana Margarita Porcelli[2]

Actualmente, la humanidad se enfrenta a una serie de problemas globales que dañan la biosfera y la vida humana de modo alarmante y que podrían convertirse en irreversibles. La publicación del famoso informe “Los Límites del Crecimiento”[3], encargado en 1972 al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, siglas en inglés de Massachusetts Institute of Technology) por el Club de Roma, concluía afirmando que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin variación, alcanzaría los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años. Sin embargo, conforme el Informe Planeta Vivo 2014 de la Fundación Vida Silvestre (Word Wild Fund, WWF, por sus siglas en inglés), hay un déficit planetario del 40%, que se estima alcanzará el 100% para mediados de 2030. Los actuales patrones de consumo mundiales son insostenibles. Los niveles de consumo globales son impulsados por el rápido crecimiento de la población mundial que se triplicó en los últimos 100 años y se espera que aumente un 30% más en los próximos 35, llevando a la población a 9 mil millones para el año 2050.

En la búsqueda constante por revertir el daño ecológico producido por los seres humanos durante todos estos años, una nueva manera de percibir la relación hombre-naturaleza viene abriéndose camino, apartándose de la clásica visión antropocéntrica-basada en la centralidad del ser humano- para adoptar un ecocentrismo, que supone una afirmación del valor intrínseco tanto de cada ecosistema como totalidad, como de cada uno de sus constituyentes y un biocentrismo, que reivindica el valor primordial de la vida como valor en sí mismo. Estas líneas de pensamiento, a diferencia de las actualmente en boga, propician el reconocimiento de derechos a la naturaleza y a todos los seres vivientes y sintientes, no ya como cosas, objetos de apropiación humana, sino como poblaciones o “ciudades” con características propias, haciendo extensivo a los bosques, pantanos, montañas y ríos que albergan todo tipo de seres humanos y no humanos.

Las legislaciones de la mayoría de los países reconocieron el derecho al ambiente como un derecho humano fundamental, con la concepción que, protegiendo al ambiente, se protege al hombre mismo, en su vida, salud e integridad personal. Sin embargo, no fue suficiente para morigerar los daños causados, es más se acentuaron. En consecuencia, y desde una nueva perspectiva jurídica se plantea la idea de considerar a la naturaleza como sujeto de derechos y con ello, revertir el proceso de destrucción por parte de los seres humanos. Justamente desde esta nueva perspectiva jurídica, se evidencia la necesidad de establecer un diálogo con la Ecología, lo que conlleva a traducir el lenguaje científico de los ecologistas al normativo de los juristas. La Ecología habla en términos de ecosistemas y de biosfera mientras que el Derecho responde hablando de límites y fronteras con criterios fijos.

Dentro de las posturas científicas, éticas y filosóficas modernas y que constituyen la base para fundamentar la tesis jurídica de la naturaleza como sujeto de derechos, se han identificado, en líneas generales, las siguientes corrientes, sin que esta numeración implique prelación alguna en el tiempo:

  1. Desde el punto de vista científico
  2. a) Ecología profunda o Deep Ecology: desarrollándose con mayor vigor en la década de los años 70, con Aldo Leopold y luego por Arne Naess-filósofo noruego-, quien sienta las bases de la ecología profunda ya que distingue dos formas de pensamiento ecológico: el superficial y el profundo. La ecología superficial o de corto alcance, también denominada ambiental, descansa en la visión antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano, que entiende el mundo natural como fuente de recursos para el hombre.[4] En cambio, la ecología profunda promueve una perspectiva ecocéntrica, centrada en la tierra. Es una visión del mundo holística compartida por muchas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, que reconoce el valor inherente de la vida no humana y no separa a los humanos – ni a ninguna otra cosa- del entorno natural. Aldo Leopold amplía el concepto de comunidad incluyendo en ella el agua, los suelos, las plantas, los animales, en síntesis, a la tierra y todos con idéntico derecho a vivir. Sus partidarios rechazan la superioridad del hombre por sobre la naturaleza surgida del mandato bíblico[5] y parten del principio de igualdad, o nivelación- al que denomina igualitarismo biosférico– entre todos los seres vivos y su interdependencia. Existe una especie de “derecho” de toda forma de vida, sin excepción, a prosperar y desarrollar sus potencialidades desde la montaña al hombre, pasando por los bosques, los animales, los ríos, etc.[6] Esta postura fue objeto de numerosas críticas, entre ellas, los ecologistas sociales quienes acusaban a los de la ecología profunda de misántropos.[7]
  3. b) Hipótesis Gaia actualmente la “teoría Gaia” (una teoría occidental comprobada por el químico atmosférico inglés James Lovelock): parte de la base que dadas unas condiciones iniciales que hicieron posible el inicio de la vida en el planeta, ha sido la propia vida la que las ha ido modificando y las condiciones resultantes son consecuencia de la vida que lo habita. El planeta tierra es un ente viviente, no en el sentido de un organismo o un animal, sino en el de un sistema que se autorregula y se autorreproduce, compuesto de una serie de subsistemas jerárquicamente organizados. Gaia regula, mantiene y recrea las condiciones de la vida valiéndose también de los entes vivientes y los seres humanos no son algo externo de Gaia, son parte de ella, son un elemento más, sin ninguna importancia particular dentro del sistema. La Tierra, vista desde la Luna, tiene el aspecto organizado y autoestructurado de una criatura viva, llena de información, maravillosamente diestra en manejar la luz solar.[8] La meta del sistema es el mantenimiento de las condiciones óptimas para la vida en general, y no del hombre en particular, quien no podría sobrevivir sin entes vivientes que producen oxígeno y ellos tampoco sin los seres humanos que producen sus nutrientes. 

[***]Galeano, E. (1998) Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, p. 193

[*] Abogada, Escribana (UBA). Posgraduada en Derecho del Turismo (UBA). Magister en Ambiente Humano (UNLZ). Profesora Adjunta Regular, Facultad de Derecho, UBA. Jefa de la División Derecho y Profesora Asociada Ordinaria Universidad Nacional de Luján. info@anmart.com.ar

[**] Abogada (UBA) Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Maimónides) Diploma en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UNPSJB) y el Posgrado en Derecho Informático (UNPSJB) Profesora Adjunta Ordinaria Universidad Nacional de Luján. adporcelli@yahoo.com.ar

[1] Meadows, D., Meadows, D., Randers J, & Behrens, W. (1972) The Limits to Growth, A Report for the Club of Rome´s Project o the Predicament of Mankind. New York: Universe Books

[2] Naess, A. (1995) “The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movements: A Summary.” En Deep Ecology for the 21st Century. Editado por George Sessions, pp. 151-155 Boston & Londres: Shambhala

[3] Recordamos el Libro Primero de la Biblia, el Génesis Capítulo 1 versículos 26 y 28 “Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo.” (GÉNESIS 1:26). “Y los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra”. (GÉNESIS 1:28).

[4] Henríquez Ramírez, A. (2011) “Peter Singer y la ecología profunda” Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas N°32. EMUI Euro-Mediterranean University Institute. Universidad Complutense de Madrid, pp.681-690

[5] Berry, T. (1995)“The Viable Human” En Deep Ecology for the 21st Century. Editado por George Sessions, pp. 8-19 Boston & Londres: Shambhala

[6] Lewis, T. (1977) Las vidas de la célula. Madrid: Ultramar

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro 178- 19.09.2018

 

  1. Introducción.

El principio de universalidad en su versión objetiva es una clara manifestación en el proceso concursal de un principio más general del derecho privado que es aquél según el cual el patrimonio del deudor es la prenda o garantía común de los acreedores[1].

Se trata de un principio universalmente conocido que significa que la universalidad de bienes que integran el patrimonio del deudor, sean muebles o inmuebles, presentes o futuros, constituyen la prenda o garantía común de sus acreedores.

En el ámbito concursal el principio de universalidad es su matiz objetivo se consagra en el segundo párrafo del art. 1º de la L.C. que reza que “El concurso produce su efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados”.

La universalidad objetiva adquiere su principal consagración en el instituto del desapoderamiento dado que este como principal efecto patrimonial que trae consigo la quiebra alcanza a todos los bienes del deudor[2].

No obstante lo indicado, hay ciertos bienes que quedan excluidos del desapoderamiento. Analizamos en esta oportunidad la situación de la vivienda familiar ante la quiebra de un deudor unido en matrimonio o en unión convivencial.

  1. Cónyuge deudor casado

El matrimonio es una elección de vida que al celebrarse proyecta efectos personales y patrimoniales. En el plano económico el matrimonio va a acompañado de un régimen patrimonial. Se indica que “es una derivación necesaria de las relaciones entre los cónyuges y de estos con terceros”[3]; agregándose que “la comunidad de vida hace que ambos se ayuden a lograr ganancias económicas y que contribuyan en los gastos comunes”[4].

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial se establece la posibilidad de que los cónyuges puedan optar entre dos regímenes patrimoniales: el de comunidad de ganancias y el de separación de bienes. No obstante la posibilidad de opción se estatuye una serie de normas que constituyen disposiciones comunes a ambos regímenes, la que tienen carácter de inderogables[5].

Correctamente se indica que “una de las cuestiones de mayor trascendencia en todo matrimonio es la relativa a la vivienda habitual de la familia”[6].

El art. 456 del Código Civil y Comercial de la Nación, inserto en la Sección 3º “Disposiciones comunes a todos los regímenes”, Capítulo I “Disposiciones Generales” del Título II “Régimen patrimonial del matrimonio” tutela la vivienda familiar mediante la exigencia del asentimiento del otro esposo. El asentimiento puede “verse como una limitación al dominio del titular de un bien inmueble cuando éste es sede del hogar familiar y que se traduce en la conformidad que debe prestar el no titular para que pueda ser objeto de actos de disposición”[7].

Se trata de una norma que tiene incidencia en los procesos concursales.

El precepto en su primera parte bajo el acápite de “Actos que requieren asentimiento” dispone que “Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial”.

Por lo tanto, conforme a esta norma ninguno de los cónyuges puede disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables, ni transportarlos fuera de ella, sin el asentimiento del otro.  La ampliación a los bienes muebles guarda relación directa con el art. 744 del Código Civil y Comercial en cuanto se excluye de la garantía común de los acreedores las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos.

Si el acto de disposición se celebra sin el asentimiento del cónyuge, o en su defecto de la autorización judicial, puede ser demandado de nulidad por éste dentro de un plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de los seis meses desde la extinción del régimen matrimonial.

En el segundo párrafo se expresa que “La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro”.

Se indica que la disposición “significa una limitación al derecho del acreedor de percibir lo que su deudor le debe, si se encuentra comprometida la sede del hogar familiar”[8].

La norma que analizamos tiene importantes proyecciones en el ámbito concursal y en especial en el instituto del desapoderamiento. En consecuencia, si el fallido se encuentra casado la vivienda que constituye el asiento del hogar conyugal como los muebles indispensables para ella quedan excluidos del desapoderamiento, salvo que se trate de deudas contraídas por ambos cónyuges o por el cónyuge fallido con el asentimiento del otro. Es evidente que se trata de una solución donde se pondera la protección de la vivienda familiar por sobre la tutela del crédito.

  1. Deudor fallido con unión convivencial registrada.

El art. 522 del Código Civil y Comercial reproduce para el caso de la unión convivencial registrada la norma del art. 456 que estudiamos en el acápite anterior.

En tal sentido el citado art. 522 bajo la designación de “Protección de la vivienda familiar” dispone que “Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido.

Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia.

La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro”.

En la doctrina se indica que resulta acertada la limitación de la protección de la vivienda familiar a los casos de que la unión convivencial se encuentre registrada dado que a través de ella los terceros pueden tomar conocimiento de la existencia de la unión convivencial[9].

Comentando la última parte de la norma Eduardo Sambrizzi señala que “la razón de la norma consiste en tratar de evitar que el endeudamiento de uno de los esposos sin el consentimiento del otro, lleve a la pérdida de la vivienda en la que habita la familia”[10].

Por lo tanto, estando la unión convivencial inscripta, la vivienda familiar no quedará comprendida en el desapoderamiento, salvo que las deudas hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno solo de ellos con el asentimiento del otro.

 

[*] Abogado (UNR). Doctor en Derecho (UNR). Magister en Derecho Privado (UNR). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor adjunto de Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR). Presidente del Instituto de Derecho Concursal (Colegio de Abogados de Rosario). Secretario Académico de Posgrado (Facultad de Derecho, UNR).

[1] Estudiamos dicho principio en trabajos anteriores, véase: GERBAUDO, Germán E., Estado actual de los principios generales del derecho concursal, en J.A. 2015-III-1334; GERBAUDO, Germán E., Introducción al derecho concursal, Buenos Aires, Astrea, 2018, ps. 3 a 9.

[2] JUNYENT BAS, Francisco y PERETTI, María Victoria, Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el régimen concursal, en “Revista del Código Civil y Comercial”, 2018 (febrero), p. 22.

[3] JUNYENT DE DUTARI, Patricia M., Régimen patrimonial del matrimonio en el CCCN, en “Derecho de la Familia y las Personas”, Buenos Aires, 2018 (mayo), p. 14.

[4] Id., p. 14.

[5] Se indica correctamente que estas disposiciones comunes “tienen como principal característica, que son imperativas, inderogables, permanentes y de orden público” (PANDIELLA MOLINA, Juan Carlos, Ejecución de la vivienda posterior a la celebración del matrimonio (una nueva interpretación del art. 456 del C. C.y C, en “Derecho de la Familia y las Personas”, Buenos Aires, 2017 (abril), p. 7.).

[6] MEDINA, Graciela y ROVEDA, Eduardo G., Derecho Civil y Comercial. Derecho de Familia, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2017, p. 301.

[7] KOWALENKO, Andrea y SCOCOZZA, Romina D., Inejecutabilidad de la vivienda. Algunas reflexiones sobre la vivienda familiar y su protección en el Código Civil y Comercial de la Nación, en “Revista de Derecho de Familia”, Buenos Aires, Nº 80, p. 87.

[8] MÉNDEZ, Romina A., Inejecutabilidad de la vivienda familiar durante el matrimonio, en L.L. Patagonia 2016 (agosto), p. 5.

[9] KRASNOW, Adriana N. y RADCLIFFE, María Silvina, capítulo XIII “Uniones convivenciales”, en “Manual de Derecho de Familia”, Krasnow, Adriana –Directora-, Di Tullio Budassi, Rosana y Radyd, Elena –Coords.-, Buenos Aires, Astrea, 2016, p. 289.

[10] SAMBRIZZI, Eduardo A., Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia, en L.L. 2018-B-1113.

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DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Cambio Climático Nro 21- 19.09.2018

A pesar de los esfuerzos – o intentos – para combatirlo, el cambio climático es una realidad, entonces, para abordar la crisis ambiental que supone las consecuencias de este fenómeno es indispensable entenderlo no solo en términos técnicos y científicos, sino también desde un análisis de lo social,entre ellos la cuestión de género. A partir de los diversos conocimientos y habilidades de las mujeres concernientes a la protección de los recursos naturales y de su gestión, así como diversas estrategias para manejar situaciones de crisis es que se destaca la importancia de la incorporación de la cuestión de género en la mitigación y adaptación al cambio climático. El elemento clave es el empoderamiento y participación de las mujeres con el fin de que sean escuchadas, lo que conlleva el desarrollo de representaciones en la toma de decisiones, así como un mayor financiamiento económico.

Antecedentes. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estableció en 1984 el primer reconocimiento del nexo entre la cuestión ambiental y la perspectiva de género, cuando un grupo de mujeres asesoras sobre desarrollo sustentable comenzaron a reflexionar y advertir al Programa respecto a la conexión entre la problemática de exclusión que afecta a las mujeres, los roles que desempeñan y su aporte real y potencial a la conservación del medio ambiente en un contexto de desarrollo[1].  Seguidamente, el Principio 20 de la Declaración de Río es el primero que resalta que las desigualdades de género impiden el desarrollo sostenible al declarar: “Las mujeres tienen un rol fundamental en la gestión ambiental y en el desarrollo. Por lo tanto, su plena participación es esencial para lograr el desarrollo sostenible”[2].

 En la COP 7 en Marrakech (2001) se mencionó por primera vez la necesidad de integrar el enfoque de género en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. En 2010, en la COP 16 en Cancún se enfatizó la necesidad de diseñar acciones de adaptación al cambio climático que tomaran en cuenta las dimensiones de género. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) también dan mayor importancia al asunto y reconocen cada vez más las complejas interacciones de la desigualdad de género con la vulnerabilidad climática de las poblaciones (IPCC 2001, 2007, 2012)[3].También ha reconocido que “el cambio climático impactará de manera diferenciada las regiones del mundo, las generaciones, los grupos etarios, los grupos socioeconómicos y los géneros”. Durante la COP20 de Lima se logró una decisión para darles mayor representatividad en las soluciones que buscan los países ante el incremento de los GEIs. El “Trabajo de Lima sobre Género” invito a los países a promover el equilibrio y la sensibilidad de género en el desarrollo y la implementación de la política climática y en las actividades de la CMNUCC. Se decidió también que las partes deben de mejorar la participación de las mujeres en sus delegaciones y en todos los órganos establecidos de la Convención, y se instituyó un programa de trabajo de dos años para promover y equilibrar el tema de género para hacer frente al cambio climático[4]. En el Preámbulo del Acuerdo de Paris igualmente se reconoce la adopción de medidas con componentes de igualdad de género, empoderamiento de la mujer y equidad intergeneracional.

¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres? Según el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC[5] los impactos derivados del calentamiento global que provocan temperaturas extremas y desastres son: incremento de inundaciones, tempestades y olas de calor; disminución de la disponibilidad de agua (más sequía, niveles variables de precipitaciones); e impacto sobre la disponibilidad de los alimentos. Para las mujeres, en particular las que habitan en entornos rurales – más dependientes de los recursos naturales – estos efectos son aún más perjudiciales[6]. El grupo más afectado por el clima es el de las mujeres en condiciones de pobreza. La FAO revela que, “las mujeres hacen contribuciones fundamentales a la economía rural de todas las regiones de los países en vías de desarrollo como agricultoras, labradoras y empresarias”[7]. Como mujeres de entornos rurales, tienen un rol importante en la producción de alimentos. Ellas son quienes aseguran -con frecuencia- la alimentación de sus familias mediante la agricultura de subsistencia y la cría de ganado, a menudo en las cercanías de sus hogares. Los hombres tienden a trabajar entidades de producción más grandes ubicadas en lugares distantes de su hogar. En su papel como proveedoras de alimentos, las mujeres dependen altamente de los recursos naturales y de un ambiente sano y son -por lo tanto- las primeras en ser afectadas por los impactos del cambio climático. Asimismo, tienden a estar subrepresentadas en la toma de decisiones en los ámbitos local y nacional sobre el cambio climático, incluida la asignación de recursos. Esto significa que su capacidad de contribuir con su experiencia es muy limitada[8].

La capacidad adaptativa de las mujeres frente al cambio climático.  Las mujeres contribuyen de manera diferente al cambio climático y al desarrollo sostenible debido a diferencias en el comportamiento. Aquellas cuyo rol es a menudo proveer a sus familias e hijos, trabajan en lugares más cercanos a sus hogares y así usan menos transportes y energía para trasladarse[9], por lo tanto su nivel de consumo de energía y en consecuencia, sus emisiones de carbono son mucho más bajas[10]. Por otro lado, las mujeres que viven en las comunidades indígenas aportan en la adaptación al cambio climático a través de sus relaciones económicas, físicas y espirituales con la tierra, el agua y los ecosistemas, debido a que tienen un conocimiento ecológico tradicional y especializado que debe ser considerado como una de las soluciones más adecuadas al cambio climático[11]. En su función de cuidado se las arreglan para satisfacer las necesidades de sus familias y, particularmente en las áreas rurales, tienen un amplio conocimiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Este conocimiento sobre la forma de administrar y proteger sus hogares es extremamente valioso cuando se buscan soluciones para la adaptación al cambio climático y desastres relacionados con él. De igual forma conforman redes sociales dentro de sus comunidades y tienen mayor conocimiento sobre las estructuras y capacidades de sus territorios.[12]

Por estos conocimientos y por su gran capacidad de resiliencia se torna indispensable incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de las estrategias de adaptación y en los ámbitos de toma de decisiones. Las mujeres deben dejar de ser consideradas víctimas en los desastres y tomar un rol activo como líderes en los debates y definiciones de políticas públicas, los cuales también deben estar sustentado en nuevas y mayores investigaciones sobre las experiencias de género en las cuestiones de adaptación al cambio climático, para lo que es necesario un mayor financiamiento. 

[*]  Licenciada en Ciencia Política (USAL). Pte Asociación Civil Sociedad Ambiental. val.fanti@gmail.com

[1] COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (2008) “Género y Cambio Climático”. P. 1 Disponible en https://www.oas.org/cip/english/docs/cursos_anteriores/33_hemissem_challengeswomen_aug09/presentaciones/5_krasmussen_ago09.pdf

[2] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo).

[3] GONDA, Noemi. (2014) “Género y Adaptación al Cambio Climático Puesta en común y sistematización de experiencias sobre la integración de la perspectiva de género en la adaptación al cambio climático en el ámbito rural en Nicaragua”. P. 11. Managua, Nicaragua. Septiembre 2014 Disponible en http://www.undp.org/content/dam/nicaragua/docs/MedioAmbienteyGestiondeRiesgo/NIC_Genero%20cambio%20climatico%20Nicaragua_web.pdf  (15.07.2018)

[4] Conexión COP http://conexioncop22.com/mujeres-y-cambio-climatico-se-fortalece-el-respaldo-para-una-de-las-poblaciones-mas-vulnerables/ (15.07.2018)

[5] IPCC, Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Synthesis Report, 2007

[6] STOCK, Anke. (2012) “El cambio climático desde una perspectiva de género”. P. 11.  Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/09023.pdf

[7] FAO (1997). What is Gender? http://www.fao.org/gender/en/

[8] COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA (2015)  (2015) “Política de Equidad de Género y Programa de Mujer Indígena y Adaptación al Cambio Climático” http://cdn.inventarte.net.s3.amazonaws.com/cop20/wp-content/uploads/2015/02/publicacion_politica_de_equidad_coica.pdf    (14.07.2018).

[9] OCDE (2008) Household Behaviour and the Environment.p. 66

[10] GenderCC, en http://www.gendercc.net  (14.07.2018)

[11] COICA (2015)

[12] STOCK, Anke. (2012) p. 24

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