Derecho Para Innovar
El Congreso español dio este martes luz verde a la reforma de una polémica ley que criminaliza la protesta social, al aceptar debatir una serie de modificaciones propuestas por la oposición.
La ley de Seguridad Ciudadana, mayormente conocida como “ley mordaza”, fue aprobada en marzo del 2014 por la Legislatura pasada, con el apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y con el rechazo de prácticamente toda la oposición política.
Tres años después, el pleno del Congreso aprobó tomar en consideración y dar trámite a dos propuestas de reforma del Partido Socialista Obrero de España (PSOE), principal partido de la oposición, y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
A partir de ahora, empieza un largo proceso parlamentario, ya que las bancadas de la oposición discrepan sobre qué modificar y hasta qué punto alterar la ley, la cual ya fue apelada en la Justicia y está siendo actualmente analizada por la Corte Suprema.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) o Human Rights Watch han criticado la denominada ley mordaza por considerar que impone “restricciones injustificadas” a los derechos de libertad de información, expresión y de reunión.
La ley multa con hasta 30.000 euros a quienes insulten o injurien a policías o tomen imágenes sin su consentimiento, a quienes se nieguen a desconcentrar manifestaciones o a quienes perturben el orden de actos públicos –espectáculos, deportivos u oficios religiosos–, entre otras medidas.
En el debate de hoy el pleno del Congreso aprobó tomar en consideración los dos proyectos de ley que pedían reformar esta norma.
Mientras tanto, el débil oficialismo votó en contra de ambas propuestas, ya que cree que la actual norma “no ha generado problemas” y los ataques que ha recibido han sido más bien por “criterios de desgaste político”.