Derecho Para Innovar
En Malta, el único país de la Unión Europea que prohíbe el aborto en todos sus supuestos —incluidos los de violación y peligro para la vida de la mujer—, la interrupción del embarazo sigue siendo el gran tabú. Mientras, decenas de maltesas visitan cada año las clínicas de Londres o Sicilia para abortar. Los cambios en el país –el cual es el que tiene la mayor cantidad de católicos en Europa, siendo más del 90% de su población– son visibles pero lentos: el archipiélago fue el último Estado de la UE en aprobar el divorcio –hace seis años–, dio a las uniones civiles del mismo sexo los mismos derechos que los de un matrimonio en 2014 y legalizó la píldora del día después hace tres meses, en la última victoria de los partidarios de renovar un sistema legal apegado a la religión cristiana.
La llegada del anticonceptivo a las farmacias de Malta fue cuando, el pasado verano, 102 mujeres se unieron en torno a una asociación para hacer causa común por su legalización. Su combate llevó a las autoridades médicas a aprobarla, y se ha convertido en símbolo de cambio. Al frente de todas ellas está la abogada Lara Dimitrijevic, quien afirma “los agradecimientos que hemos recibido han sido apabullantes. Ha empezado un proceso imparable: las mujeres maltesas se han dado cuenta de la sociedad patriarcal en la que vivimos“.
La ley maltesa solo permite a las parejas pedir el divorcio si llevan separadas al menos cuatro años, pero supuso un auténtico terremoto para un país poco acostumbrado a los cambios realizados. La aprobación de las uniones civiles de parejas del mismo sexo, que las equiparó a las casadas —con la posibilidad de adoptar incluida— en 2014 supuso otro hito para los defensores de derechos, y el Gobierno ha anunciado que estudia cambiar el término para pasar a llamarlo matrimonio.
La Iglesia rechaza cualquier cambio en la restrictiva ley del aborto, y los laboristas malteses, que en el Parlamento Europeo forman parte del Grupo Socialista y llevan en el poder desde 2013, no han mostrado intención alguna de cambiar una norma que obliga a sus ciudadanas a emigrar si deciden no seguir adelante con la gestación. Todo esto, a pesar de que su primer ministro, Joseph Muscat, prometió liderar “el Gobierno más feminista” de la historia del país, que actualmente ostenta la presidencia de turno de la UE.
Los tabúes siguen siendo notorios en Malta, y los silencios, sonoros. Ni siquiera la asociación que ha impulsado la legalización de la píldora se atreve a apoyar públicamente la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, en el país con las leyes más restrictivas de la UE, por delante de Polonia e Irlanda. Solo la pequeña organización, Malta Pro-Choice, ha reclamado cambiar la ley para acabar con el impacto que la norma tiene en la salud física y mental de mujeres, que pueden sumar al trauma de la violación el viaje a un país extranjero para someterse a la intervención.
En una sociedad que no está de acuerdo con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el estigma persigue a las compradoras de dicha pastilla, que en ocasiones buscan farmacias alejadas de sus casas para que nadie las reconozca, con el riesgo de encontrar un no por respuesta en el mostrador. Aunque la píldora está disponible en la mayoría de establecimientos desde el 14 de diciembre, algunos farmacéuticos rechazan venderla acogiéndose a la cláusula de conciencia. La ley lo permite siempre y cuando informen a la interesada de dónde pueden adquirirla, algo que tampoco complace a los antiabortistas.
La posibilidad de objetar puede provocar que, en un mismo local, un farmacéutico venda el anticonceptivo y su compañero no. La caza de brujas ya tiene instigadores: otro grupo ultraconservador ha pedido a sus seguidores en Facebook que les envíen datos sobre las farmacias que la distribuyen y las que no, para crear una aplicación que facilite el boicot a las que venden la píldora.
La fuerte herencia católica que hunde sus raíces en la medieval orden de Caballeros de Malta o su condición insular son algunas de las explicaciones que buscan dar respuesta a la excepcionalidad maltesa en materia de derechos reproductivos, aunque las percepciones están cambiando. “La iglesia tenía hasta hace poco mucha influencia en la sociedad, tal vez hoy no tenga tanta“, opina la defensora de los derechos de las mujeres Lara Dimitrijevic. ¿Cree que algún día se legalizará el aborto en el archipiélago? “Todo es posible, pero trataremos de educar para que no suceda“, advierte la antiabortista Sciberras.