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El caso Nisman pasa a la Justicia federal

La Corte Suprema de Justicia nacional decidió ayer por unanimidad la “competencia federal” de la investigación que se sigue por la muerte del fiscal la causa Amia Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015.

La resolución del máximo tribunal fue firmada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La Corte se expresó de ese modo en respuesta a un recurso presentado en su momento por la querella encabezada por la madre de Nisman, Sara Garfunkel, para reclamar el paso de la causa al fuero federal, algo a lo que se opone el empleado informático Diego Lagomarsino.

Ahora, la investigación sobre las circunstancias en la que se produjo la muerte del ex titular de la UFI Amia quedará en manos de la Justicia federal y dejará de estar en poder de la magistrada de instrucción Fabiana Palmaghini.

“Se declara la competencia de la Justicia federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires para que entienda en la presente causa”, resaltó el alto tribunal en su resolución.

La Corte aceptó el pedido de la madre del fiscal, que coincidía con lo solicitado por la ex esposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

El expediente quedará en poder del juez federal Julián Ercolini, quien había sido sorteado el 12 de abril pasado, cuando la Cámara del Crimen decretó que el caso debía ser investigado por ese fuero, tras una decisión de Palmaghini, luego de escuchar el testimonio del ex espía de la Side Antonio Jaime Stiuso.

Sin embargo, la defensa de Lagomarsino apeló y la Cámara de Casación porteña ordenó que el expediente volviera a manos de la magistrada Palmaghini.

A principios de septiembre, el fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, había pedido —en coincidencia con los familiares de la víctima— a la Cámara Nacional de Casación Penal que la muerte del ex jefe de la UFI Amia fuera investigada por la Justicia federal al considerar que es un caso de “gravedad institucional”.

Por su parte, en la presentación del lunes pasado la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no se expidió sobre dónde debe ser investigado el caso, pero ratificó el recurso para que la Corte emitiera su pronunciamiento.